Consejo de Protección de Derechos del DMQ impulsa campaña para concientizar sobre los derechos de las Personas Adultas Mayores
De acuerdo con el estudio realizado por “Quito como Vamos” (2022), en la ciudad de Quito, la población de 65 años en adelante representa el 6.32% (181.532). Aunque puede parecer que es un grupo minoritario, a comparación de otros como los jóvenes o las niñas y niños, su aporte y legado en la sociedad es invaluable, pues con su experiencia y conocimientos, las personas adultas mayores han cimentado nuestra sociedad. A pesar de sus aportes, las personas adultas mayores viven un sinnúmero de problemáticas, entre las que se encuentran, por ejemplo: En la ciudad de Quito, según la ENEMDU (2019), el 87,07% de la población de 65 años o más sabe leer y escribir, y el 12,93% no sabe leer ni escribir. En la ciudad de Quito 20.272 personas de 65 años y más se encuentran en situación de pobreza por ingresos. La población adulta mayor es susceptible a sufrir maltrato. En todos los tipos de maltrato, la prevalencia es mayor hacia las mujeres (9%) que a los hombres (7,1%) y está presenta en mayor medida en el grupo de 65 a 74 años que en el grupo de 75 años o más. Pero una de las mayores problemáticas que aqueja a esta población en la “invisibilización” como sujetos de derechos y con capacidad de acción. Esto quiere decir que, las personas adultas mayores son excluidas por la sociedad y por sus familias. Muchas veces incluso son considerados como una carga. Ante esta situación, desde el Consejo de Protección de Derechos del DMQ, venimos trabajando en la difusión de la campaña ¡Las personas adultas mayores #DebemosSerValoradas!. Esta campaña comunicacional busca concientizar a las y los ciudadanos sobre los derechos de las Personas Adultas Mayores. Además de hacer un llamado para que se sumen en la defensa de los derechos de este grupo prioritario, y así contribuir a dignificar su experiencia, sabiduría y valor social, ahora oculto e invisibilizado. La campaña se centra en la sensibilización e información para invitan a la ciudadanía a conocer sobre los derechos y demás normativa que amparan a este grupo, así como reflexionar y valorar su aporte, trabajo y sabiduría. Si quieres conocer más sobre esta campaña te invitamos a visitar nuestra página web: www.derechosquito.gob.ec o nuestras redes en Facebook y twitter como @DerechosQuito
Foro virtual sobre la explotación minera en el chocó andino genera aportes significativos para el debate sobre la consulta popular
Este miércoles 9 de agosto de 2023 se desarrolló el foro virtual: “CHOCÓ ANDINO: UNA CONSULTA SOBRE LA VIDA”, organizado por el Consejo de Protección de Derechos del DMQ, con el objetivo de contribuir al debate en torno a la consulta popular para decidir sobre la minería en el Chocó Andino, que se realizará el próximo 20 de agosto, el mismo día de las elecciones. El Chocó Andino acoge a más de 140 especies de anfibios y más de 270 especies de mamíferos, incluyendo el oso de anteojos, el puma, el olinguito y otras. Cuenta con más de 320 sitios arqueológicos de la cultura precolombina Yumbo, además de 3 200 especies de plantas, es decir, el 15% de todas las especies de plantas del Ecuador. En el D. M. de Quito, la Mancomunidad del Chocó Andino está conformada por seis parroquias rurales: Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Pacto y, Gualea. Dentro de este territorio se registran 26 concesiones mineras que suman 18.456,45 hectáreas, la mayoría se encuentra en fase de explotación inicial y explotación: Cuatro concesiones mineras tienen licencia ambiental Cuatro concesiones mineras tienen registros ambientales Seis concesiones mineras se encuentran en proceso de regularización Doce concesiones mineras no han iniciado el proceso de regularización Con este antecedente, se organizó el foro virtual que dio a conocer varias perspectivas respecto a la conservación ambiental en el área del Chocó Andino y la consulta popular. Como ponentes participaron Inty Arcos, biólogo, coordinador técnico del Colectivo Quito Sin Minería, quien expuso “La Mancomunidad del Chocó Andino y la consulta popular” En su intervención Inty Arcos señaló que » desde la biología, arqueología, y temas culturales, se reconoce al Chocó Andino como una reserva de biosfera digna de proteger, nivel mundial, pues se produce el agua que abastece el sistema hídrico de agua potable noroccidental de la ciudad”. Resaltó además que, el Chocó Andino es patrimonio de la sociedad quiteña, pues de estos bosques salen el agua, comida, se regula el dióxido de carbono del aire, por este motivo es importante proteger esta reserva de las intenciones de explotación minera, concluyó. También participó Ivonne Ramos representante de Acción Ecológica con la exposición, ¨La minería y su impacto ambiental en el Chocó Andino¨. Ivonne Ramos comenzó su exposición reconociendo que la comunidad de la zona tiene propuestas importantes y alternativas sostenibles para la conservación del chocó andino, por esto esta población ha mantenido una posición de resistencia a favor de la conservación y en contra de la minería. Subrayó que la «La consulta popular tiene un efecto definitivo sobre las operaciones futuras, pero también sobre las actuales, ya que no tendrían posibilidades de renovar contratos ni permisos de operación» concluyó. Finalmente participó Andrés Mosquera, arqueólogo del Instituto Metropolitano de Patrimonio que expuso el “Patrimonio arqueológico de la biorregión del Chocó Andino. Estado actual, problemáticas y perspectivas a futuro.” En su intervención sostuvo que en la zona del Chocó Andino existe una importante concentración de sitios arqueológicos; algunas son de 12.000 años de antigüedad. Esta biorregión ha sido ocupada desde hace más de 11 mil años por diferentes poblaciones. Menciono que este “sector es uno de los que más se encuentran evidencias arqueológicas del DMQ, esto nos hablan de proceso históricos importantes que se dieron en esta zona.» Lastimosamente la principal problemática es que los sitios arqueológicos están dentro de concesiones mineras, esto lo muestra claramente el catastro minero actual, concluyó Andrés Mosquera. Julio Valdivieso, Coordinador Técnico del Consejo de Protección de Derechos del DMQ fue el encargado de dar la bienvenida al evento. Durante su intervención, sostuvo que el foro contribuirá a profundizar el conocimiento sobre la importancia de este territorio en la reserva de la biodiversidad de nuestro país y que permitirá además que la ciudadanía emita un voto razonado en la consulta popular. La consulta sobre la minería en la zona del Chocó Andino se desarrollará solamente en el Distrito Metropolitano de Quito y busca decidir si continúan o se prohíben las actividades mineras en el área del Chocó Andino del DMQ. Si te perdiste el foro virtual “CHOCÓ ANDINO: UNA CONSULTA SOBRE LA VIDA” te invitamos a verlo el siguiente link: https://fb.watch/mkSJvilJow/
Pleno del Consejo de Protección de Derechos adopta importantes resoluciones para fortalecimiento de este cuerpo colegiado
La tarde de este martes 15 de agosto del 2023, se desarrolló de manera presencial la segunda Sesión Extraordinaria del Pleno del Consejo de Protección de Derechos del DMQ, que fue presidida por el señor alcalde Pabel Muñoz y que abordó los siguientes puntos del orden del día: Conocimiento del oficio Nro. CNE-DNOP-2023-2547-M de 20 de julio de 2023 del Consejo Nacional Electoral y resolución al respecto. Conocimiento del informe sobre el estado de situación institucional del Consejo de Protección de Derechos, Consejos consultivos, y el concurso de miembros de Juntas Metropolitanas de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia. Conocimiento de la renuncia de la Magíster Alexandra Paola Ayala Velastegui al encargo de Secretaria Ejecutiva del Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito y resolución al respecto. Conocimiento del informe sobre el cumplimiento del perfil del puesto de Secretaria Ejecutiva del Consejo de Protección de Derechos, conforme lo dispuesto en el artículo 914 del Código Municipal y resolución al respecto. Respecto al primer punto del orden del día, se conoció el oficio Nro.CNE-DNOP-2023-2547-M de 20 de julio de 2023 del Consejo Nacional Electoral, en el que se detallaron los nombre de los y las Consejeros y Consejeras del Pleno que figuran como candidatos/as para las próximas elecciones, y que conforme reglamento, deben recibir una licencia temporal. Frente a ello, con 14 y 13 votos a favor respectivamente, se concedió licencia al Consejero Nelson Daniel Cañola y a la Consejera y Vicepresidenta Blanca Ortiz para su participación en los comicios electorales. Ya en el segundo punto del orden del día sobre el conocimiento del informe sobre el estado de situación institucional del Consejo de Protección de Derechos, Consejos Consultivos, y el concurso de miembros de Juntas Metropolitanas de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia, la Secretaria Ejecutiva (e) del CPD Alexandra Ayala Velastegui dio lectura al informe, mismo que fue dado por conocido por el Pleno. En este punto se trató la renuncia de la Magíster Alexandra Paola Ayala Velastegui al encargo de Secretaria Ejecutiva del Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito, misma que fue aceptada con 17 votos a favor. Resuelto este punto, la se dio paso al conocimiento del informe sobre el cumplimiento del perfil del puesto de Secretaria ejecutiva del Consejo de Protección de Derechos. La Unidad de Talento Humano de la institución brindó un análisis detallado de la normativa que regula la selección del encargo para esta dignidad y concluyó con un análisis del perfil profesional de quien sería la Secretaria Ejecutiva. En este documento se validó la amplia experiencia y formación de María Gloria Pérez Paredes, y la conformidad de la misma con lo que indica el Reglamento de Funcionamiento del CPD, para ser designada como Secretaria Ejecutiva (e). Esta propuesta tuvo 17 a favor, mayoría suficiente para esta delegación. María Gloria Pérez Paredes, tiene título de tercer nivel de Abogada de los Tribunales de Justicia de la República, además de formación especializada en derechos humanos y derecho parlamentario; es Magíster en Derecho con mención en Derecho Constitucional. Finalmente, Pabel Muñoz, Presidente del Consejo de Protección de Derechos y alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, tomó juramento a la nueva secretaria ejecutiva encargada y afirmó que su principal tarea será el fortalecimiento institucional del Consejo de Protección de Derechos del DMQ; además se centrará en la realización de los Concursos definitivos de Secretario/a del CPD, miembros de Juntas de Protección de Derechos y posesión de los Consejos Consultivos de Derechos y nuevos Consejeros/as de Sociedad Civil al pleno de este cuerpo colegiado. Finalmente, y antes de dar por clausurada la Sesión, el Presidente del Consejo dispuso que en una próxima Sesión la Magíster María Gloria Pérez deberá presentar su hoja de ruta para el cumplimiento de los objetivos planeados.
Consejo de Protección de Derechos lanza la campaña “Lo que no vez” para la prevención del suicidio y la salud emocional
Según Unicef en el mundo 1 de cada 7 adolescentes vive con alguna afectación mental diagnosticada, mientras que en América Latina y el Caribe, son más de 16 millones (15 %) los menores entre 10 y 19 años que viven con una alteración en su salud mental. En su informe Estado Mundial de la Infancia 2021, el Fondo de la ONU para la Infancia reveló que cada día 10 adolescentes en la región pierden la vida por causa del suicidio. Así mismo, según la Organización Panamericana de la Salud, en el Ecuador los adultos mayores sufren principalmente trastornos neurocognitivos debido a la enfermedad de Alzheimer, que supera el 50% de la carga hacia los 80 años y se sitúa por encima del 70% después de los 90 años. Además, en el mundo alrededor del 15% de los adultos de más de 60 años sufren algún trastorno mental; la depresión y demencia son los dos más comunes. Otro grupo vulnerable especialmente afectado por problemas emocionales es la población LGBTIQ+. Muchos de estos problemas y afectaciones emociones provienen por la discriminación y maltrato al que son expuestos. Según un estudio realizado por el Programa Prevenir la Violencia contra las Mujeres (PreViMujer) de la GIZ, sobre la comunidad LGBTIQ+, en el ámbito universitario, 4 de cada 10 estudiantes auto identificad@s como LGBTIQ+ vivieron algún tipo de violencia por parte de su par, profesor, personal administrativo o asociado a la universidad, al menos 15 veces al año. Estos datos son el ejemplo de las diversas afectaciones emocionales que tienen los grupos vulnerables, que muchas veces se ocultan tras una cara de alegría o una sonrisa. Los problemas emocionales se ven de muchas formas, y no siempre son evidente, los síntomas más comunes son: Problemas de concentración o memoria Cambios en el apetito Tristeza continua, vacío, desesperación o ansiedad Pérdida de interés en las cosas que solían disfrutar Irritabilidad o inquietud Cambios en el sueño Estallidos de ira Tendencia al aislamiento Variaciones drásticas de ánimo Lastimosamente muchas veces estos problemas emocionales pueden conllevar a situaciones más graves como el suicidio. Es así qué entre las principales causas de muerte en la población joven del Distrito Metropolitano de Quito se encuentra el suicidio, misma que para el año 2019 alcanzó un 39,3%, para el 2020 llegó al 29,8% y en el año 2021 llegó al 28,3%. (Secretaría de Inclusión Social del DMQ, 2023). Ante esta problemática desde el Consejo de Protección de Derechos creamos la campaña “Lo que no vez” que busca concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de estar atentos a lo que sucede con las personas en nuestro entorno, brindar soporte cuando estas lo requieran y sensibilizar sobre las diferentes caras que pueden tener los problemas emocionales; destacando que la ayuda oportuna puede prevenir suicidios. Por ello la campaña “Lo Que No Vez” tiene como enfoque central evidenciar que detrás de los rostros de alegría o risas, las personas pueden esconder problemas de salud emocional mental como depresión, ansiedad, etc. Te invitamos a sumarte a esta campaña y compartir los diferentes mensajes que estaremos compartiendo en nuestras redes sociales. Encuéntranos como @DerechosQuito o en nuestra página web: www.proteccionderechosquito.gob.ec
Organismos del Sistema de Protección Integral trabajan en la construcción de la Ruta de Protección de Derechos de Animales de Compañía
En respuesta a las atribuciones del Consejo de Protección de Derechos y gracias a un trabajo articulado entre instituciones publicas nacionales y locales, y organismos de sociedad civil, se construye la Ruta de Protección de Derechos de Animales de Compañía, que es una herramienta práctica que promueve la articulación del Sistema de Protección Integral del DMQ para dar respuestas inmediatas a diferentes vulneraciones de derechos de animales de compañía. Esta Ruta es una guía para que todas las personas que habitan o transitan por el Distrito Metropolitano de Quito, y que conozcan sobre casos de violencia contra animales de compañía, puedan denunciar y activar diferentes mecanismos de protección y exigibilidad. En el proceso de construcción de este documento técnico, se han realizado dos talleres. El primero abordó los protocolos y procedimiento que tienen las entidades para la protección y atención a animales de compañía. Mientras que en el segundo se enfocó en la elaboración conjunta de los flujogramas de protección. En cada uno de estos talleres participaron representantes de la Agencia Metropolitana de Control, de la Policía Nacional del Ecuador, del Consejo de la Judicatura, de la Defensoría del Pueblo, de la Unidad de Bienestar Animal, de la Coordinación de Salud 9 del Distrito Metropolitano de Quito, del Cuerpo de Agentes de Control, de la Empresa de Aseo de Quito, Protección Animal Ecuador, UDLA Ecuador, de las fundaciones Catman y dogin, Franz Weber y representantes del Consejo Consultivo de Animales y Naturaleza Datos a tomar en cuenta: La violencia contra un animal de compañía puede ser una alerta para destapar otros tipos de violencia que ponen en riesgo a niñas, niños adolescentes, mujeres o personas adultas mayores. El Estado tiene la obligación de garantizar los derechos de los animales.
» Quito se une contra la Violencia de Género: Hablemos y Actuemos»
En el marco del día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, celebrado el 25 de noviembre de cada año, desde el Consejo de Protección de Derechos hemos creado un espacio de análisis, conciencia y compromiso para plantear acciones, desde diferentes frentes, con el fin de combatir esta problemática, que ha cobrado la vida de 238 mujeres en solo 9 meses de 2023. A través del foro virtual abierto: «Quito se une contra la Violencia de Género: Hablemos y Actuemos», se plantea la oportunidad de hacer una llamado a todos y todas quienes forman parte de Sistema de Protección Integral, academia, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en general; a fin discutir caminos que nos permitan avanzar hacia un mundo donde todas las personas, independientemente de su género, vivan libres de temor y violencia. Las estadísticas nos dicen que, en el Ecuador el 65% de mujeres han experimentado por lo menos un hecho de algún tipo de violencia a lo largo de su vida. 43 de cada 100 mujeres, han sido víctimas de violencia por parte de su pareja. El 47% de las mujeres que fueron asesinadas por razones de género tenían una relación romántica con sus agresores, el 28% de estas mujeres ya habían denunciado previamente ante las autoridades haber sufrido violencia, lo que significa que su muerte podría haberse evitado. Frente a esta realidad vemos urgente analizar temas como: feminismos y desigualdades sociales, la trata de personas como una crisis mundial con rostro femenino, la violencia contra la mujer en la administración de justicia en el Ecuador, y las brechas de la política pública ante el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres en el país. Estas y otras temáticas serán profundizadas en el foro virtual «Quito se une contra la Violencia de Género: Hablemos y Actuemos» que se realizará el martes 21 de noviembre a las 15h00, vía Facebook Live del Consejo de Protección de Derechos @DerechosQuito. El objetivo de esta iniciativa del Consejo de Protección de Derechos es también honrar la memoria de numerosas mujeres que han experimentado algún tipo de violencia, así como a aquellas que fueron víctimas de discriminación y machismo hasta perder sus vidas de manera trágica.
Frente al incremento de la violencia en la ciudad de Quito y en el país, exigimos una intervención urgente y efectiva al estado garante de derechos
“Encontramos a mi hermano, un niño soñador amoroso, dulce, botado en una quebrada, lo asesinaron por robarle el celular y los zapatos” El pasado 12 de enero se conoció la noticia del asesinato de un joven de 18 años, por robarle el celular y los zapatos, según informó su hermana. El hecho ocurrió al sur de la ciudad de Quito mientras paseaba a su mascota. El asesinato de Juan Andrés no sólo es un hecho profundamente doloroso y abominable, sino una muestra más de cómo se incrementa y agrava la violencia en la ciudad de Quito y como hemos visto durante estas últimas semanas en muchos casos similares en el país. Los asaltos, el maltrato y abuso sexual a niñas, adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores, las muertes por femicidio, por sicariato, la quema y otras prácticas crueles de maltrato animal, entre otras formas violentas de convivencia, se han constituido en las noticias diarias, recurrentes que dan cuenta de los niveles de violencia e inseguridad en la que vivimos actualmente, frente a un Estado sin políticas públicas y sin respuestas efectivas para una convivencia pacífica y libre de violencias. Este hecho doloroso nos lleva nuevamente a recordar a las autoridades nacionales y locales que uno de los deberes primordiales del Estado Ecuatoriano, según la Constitución (Artículo 3), es garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz y a la seguridad integral. Por otra parte, entre los derechos de libertad establecidos en el artículo 66 de dicha norma se encuentra el derecho a la integridad personal, que incluye, entre otros aspectos: a) la integridad física, psíquica, moral y sexual; b) una vida libre de violencias en el ámbito público y privado. En este sentido, es responsabilidad del Estado garantizar la seguridad humana a través de políticas y acciones integrales, que permitan asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación, así como la comisión de infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas políticas se encargará a órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno (artículo 393 de la Constitución). En concordancia con el artículo 3 de la Ley de Seguridad Pública del Estado que establece: “Es deber del Estado promover y garantizar la seguridad de todos los habitantes, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos del Ecuador, y de la estructura del Estado, a través del Sistema de Seguridad Pública y del Estado, responsable de la seguridad pública y del Estado con el fin de coadyuvar al bienestar colectivo, al desarrollo integral, al ejercicio pleno de los derechos humanos y de los derechos y garantías constitucionales”. Es decir, existe un estrecho vínculo entre la seguridad ciudadana y el ejercicio de derechos humanos, pues precisamente la inseguridad que se vive en estos momentos en la ciudad de Quito y en el país y, conlleva un implícito menoscabo a los derechos humanos, entre ellos a una vida digna, libre de violencia, a la integridad personal, el derecho a la ciudad, entre otros. Y a un aumento de acciones de criminalización de la pobreza, y la escalada del racismo estructural e institucional y la xenobofia. En concordancia, el artículo 23 (ibidem), señala que: “La seguridad ciudadana es una política de Estado, destinada a fortalecer y modernizar los mecanismos necesarios para garantizar los derechos humanos, en especial el derecho a una vida libre de violencia y criminalidad, la disminución de los niveles de delincuencia, la protección de víctimas y el mejoramiento de la calidad de vida de todos los habitantes del Ecuador (…)”. La seguridad ciudadana, como política de Estado, tiene la finalidad de aportar a la reconstitución del tejido social, la creación de adecuadas condiciones de prevención y control del cometimiento de delitos, de la violencia social y de la violación a los derechos humanos. Así mismo, esta política debe garantizar la provisión y medición de la calidad en cada uno de los servicios, mecanismos de vigilancia, auxilio y respuesta, equipamiento tecnológico que permita a las instituciones vigilar, controlar, auxiliar e investigar los eventos que se producen y que amenazan a la ciudadanía (Artículo 23 ibidem). Para el cumplimiento de estos fines, se conforma el Sistema de Seguridad Pública y del Estado, integrado por la Presidencia de la República -quien lo dirige-, las entidades públicas, las políticas, los planes, las normas, los recursos y procedimientos definidos, y también las organizaciones de la sociedad que coadyuven a la seguridad ciudadana y del Estado (Artículo 5 ibidem). Sistema que evidentemente no está cumpliendo a cabalidad con su objetivo. Por todo lo dicho, el Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito, en el marco de sus competencias y atribuciones: RECHAZA el asesinato de Juan Andrés y se solidariza con sus familiares, a quienes extiende su pesar y el compromiso de exigir justicia. EXHORTA al Estado a cumplir con su rol de garante de derechos conforme establece la Constitución, instrumentos internacionales y demás normativa nacional que garantiza los derechos de las personas a vivir una vida libre de violencias, a dotar de todos los recursos para el óptimo funcionamiento del Sistema de Seguridad Pública y del Estado y su interoperación con los sistemas locales, incluyendo el Sistema de Protección Integral, para la protección de derechos, conforme manda la Constitución. REQUIERE a la Fiscalía realizar las investigaciones necesarias y expeditas para identificar a los responsables de este execrable hecho y se den sanciones de acuerdo con lo que determinan las leyes. CONVOCA a la ciudadanía en general a no naturalizar los hechos de violencia, a estar vigilantes de las acciones que se implementen desde el Estado y continuar exigiendo la defensa de los derechos humanos, la vida y la integridad de las personas y luchar contra la criminalización de la pobreza, el racismo estructural e institucional y la xenofobia. El Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito mantiene su compromiso de promover el respeto de los derechos humanos de todas las personas, animales y naturaleza. Gissela Chalá Reinoso Sybel Martínez Reinoso PRESIDENTA
Respetar integralmente la existencia de los animales, un derechos que se vulnera con recurrencia
En virtud de la noticia difundida en días pasados acerca de un perrito que fue quemado junto a un monigote en Alangasí , el Consejo de Protección de Derechos del DMQ, rechaza enérgicamente lo sucedido, y se ha pronunciado en este sentido en ocasiones anteriores . Este hecho inaceptable es una representación de la violencia profundamente arraigada y normalizada en nuestra sociedad, donde se cometen agresiones cada vez más brutales y despiadadas, especialmente en contra de los seres más vulnerables. Los perritos son seres que dependen del cuidado y protección de un ser humano, cualquier agresión en su contra se constituye en un acto de hostilidad. Nuestra legislación sanciona la violencia contra los animales incluidos los que constituyen la fauna urbana. La Constitución de la República del Ecuador es pionera en contemplar los derechos de la naturaleza y animales, desde una visión de armonía entre aquellos y los seres humanos. En su artículo 71, establece que la naturaleza y quienes la integra, tienen derecho a que se respete integralmente su existencia.El Código Municipal del Distrito Metropolitano de Quito, hace un reconocimiento expreso de la fauna urbana como parte de la naturaleza. El artículo 3237 señala que la fauna urbana es parte de la naturaleza y que, por lo tanto, tiene una protección especial por parte de la sociedad, la familia y el Gobierno Autónomo del Distrito Metropolitano de Quito; por lo cual, todos quienes habitan en Quito están obligados a respetar integralmente su existencia.El artículo 249 del Código Orgánico Integral Penal señala que quien cause lesiones a animales de la fauna urbana, causándole daño permanente será sancionado/a con pena privativa de libertad de dos a seis meses y si la conducta se realiza como consecuencia de la crueldad o tortura animal será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a un año. A este hecho que vulnera los derechos de los animales, y muestra la crueldad humana, se suma la falta de conciencia y criticidad de ciertos medios de comunicación, al promover la utilización animales silvestres dentro de programas televisivos, como fue lo sucedido en el programa del 3 de enero de “MasterChef – Ecuador” , donde se realizaron preparaciones con: venado, tiburón, un tipo de cocodrilo, y capibara; todos ellos especies en amenaza o peligro de extinción. Si bien, este es un programa cuya producción se realiza internacionalmente, se transmite nacionalmente. Al respecto, es importante recordar que el Código Orgánico Integral Penal (COIP), artículo 247, establece sanciones, con pena privativa de libertad de uno a tres años, en delitos contra la flora y fauna silvestre. Los dos ejemplos antes citados, muestran la continua falta de reconocimiento de la sociedad a los derechos de la naturaleza, las acciones inaceptables e inconscientes frente a los animales, y la impunidad en este tipo de casos, que alientan o naturalizan que estas prácticas se sigan suscitando. Hemos sido enfáticas/os en exigir que el Estado asuma sus compromisos y deberes en prevenir y erradicar todas las formas de violencia. Sin embargo, aún no hay respuestas claras ni para la sociedad, ni de la justicia sobre las violencias como problema de salud pública que atenta contra la integridad y vida de las personas y también de los animales. La dificultad para alcanzar justicia en estos casos también se encuentra mediada también por la falta de una cultura de denuncia a favor de los animales, y la inacción del Estado para actuar de oficio. En este contexto, el Consejo de Protección de Derechos, en el marco de sus atribuciones y competencias: CONMINA al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a través de la Secretaría de Salud, y la Agencia de Control y Unidad de Bienestar Animal a efectivizar las disposiciones del Código Municipal en lo que respecta al bienestar animal y la gestión integral de la fauna urbana en el Distrito. Es necesario garantizar que estos lamentables hechos no vuelvan a ocurrir. HACE UN LLAMADO a la ciudadanía a cumplir con las disposiciones del Código Municipal en sus artículos 3235 y 3236, esto es, el debido cuidado y protección de las mascotas, y denunciar ante los organismos correspondientes cualquier agresión cometida en su contra. EXHORTA a los medios de comunicación a realizar las disculpas públicas y acciones de reparaciones por el uso de especies silvestres protegidas. RECUERDA a la sociedad en general, que la Agencia Metropolitana de Control tiene un portal de denuncias sobre la tenencia, protección, maltrato a animales de compañía con dueño y control de la Fauna Urbana en el DMQ a través del siguiente link: https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Tramites/Operativas/FrmFichaTramite?codtt=408 Este Consejo mantiene su compromiso de promover el respeto de los derechos humanos, de la naturaleza y animales Gissela Chalá Reinoso Sybel Martínez Reinoso PRESIDENTA DELEGADA AL CPD VICEPRESIDENTA DEL CPD
Ante el dolor de las familias afectadas por el aluvión en La Gasca, el Consejo De Protección De Derechos, se pronuncia
La tarde de este lunes, un aluvión de terribles proporciones ha causado la muerte de al menos 24 personas, decenas heridos y la desaparición de varias personas, según información oficial del COE Metropolitano, hasta la mañana de hoy. Podría decirse que este es un evento de la naturaleza, del tiempo, de las condiciones climáticas; sin embargo, a estos hechos naturales se suman las decisiones históricas (en realidad omisiones) de autoridades que no habrían intervenido de forma oportuna, eficiente y decidida; al contrario, se habría autorizado de manera continua e irresponsable el abuso del suelo en las laderas del Pichincha para dar paso al proyectos que sin duda afectan a las condiciones naturales del terreno en este sensible sector, territorio en el que las Comunas, moradores ancestrales de nuestro suelo, han luchado permanentemente para que tierras públicas no sean vendidas al mejor postor, sino que tengan una finalidad social en beneficio de sus integrantes. Uno de los derechos fundamentales de los seres humanos es el acceso al suelo y a una vivienda digna, sin embargo en la construcción histórica de esta ciudad se puede evidenciar que “… el mercado de tierras y suelos es de los más especulativos, y los mecanismos implacables de ese mercado mandan al pobre a construir donde puede comprar, y eso va a ser siempre lejos, vulnerable, apartado de la sociedad, escondido en barrancos peligrosos, sobre suelos inestables, en ambientes insalubres, sin acceso, sin servicios”[1]. Las consecuencias de la negación del derecho al hábitat, a la vivienda y a la ciudad son dramáticas en las fisonomías de las ciudades y de las sociedades. Valga la oportunidad para recordar el artículo 31 de nuestra constitución, que establece “(…) las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía.”[2] Los hechos suscitados evidencian, una vez más, la ausencia de políticas públicas integrales de prevención de este tipo de desastres, a pesar de las advertencias ciudadanas y de los estudios técnicos correspondientes[3]; la falta de protección a las poblaciones más vulnerables, aquellas que siempre resultan víctimas de este tipo de catástrofes, se suma la inexistencia de una propuesta consistente de desarrollo planificado de la ciudad, la falta de prioridades en la inversión de los recursos municipales, el crecimiento de la mancha urbana en las laderas o el mal manejo de los territorios ancestrales, muchas veces generado por el poco entendimiento de la institución sobre la lógica de la propiedad comunal de la tierra y su significado para sus propietarios originarios y sus derechos colectivos, se han constituido en el sentido por el que Quito se ha expandido en las últimas décadas. Es prioritario recordar a las autoridades nacionales y locales la responsabilidad que tienen en la protección ciudadana, así como en la planificación del desarrollo y ordenamiento territorial. El artículo 264 de la Constitución de la República del Ecuador en lo referente a las competencias de los gobiernos municipales señala: “1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural. (…) 2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. (..)». En coherencia con este mandato, el literal c) del artículo 54 del COOTAD, señala como una función del gobierno Autónomo Descentralizado Municipal «establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para la cual se debe determinar las condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra forma de fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, asegurando porcentajes para zonas verdes y áreas comunales;». Queda en letra las advertencias y resoluciones del propio gobierno local; el Municipio de Quito emitió la Resolución C350, de 15 de junio de 2012, declarando Patrimonio Natural, Histórico, Cultural y Paisajístico al Sistema de Quebradas[4], lo cual suponía una intervención planificada, técnica, permanente y sostenida, para proteger y mantener vivos dichos espacios que son los que permiten controlar o mitigar el impacto de desastres naturales como los aluviones, en lugar de autorizar proyectos en dichas zonas protegidas; lo cual es, además, una muestra de la visión antropocéntrica con la que se manejan los temas ambientales, visión que prioriza a la naturaleza como el espacio que provee de recursos vitales a los seres humanos; más no por el bienestar de la naturaleza en sí misma, ni de los animales que la integran y sus derechos. Varios son los instrumentos que han contribuido al análisis de esta realidad y han planteado soluciones, como el Plan de Acción Climático de Quito o las agendas urbanas en el marco del derecho a la ciudad; de tal manera, en la Agenda de Protección de Naturaleza y Animales, elaborada por el Consejo de Protección de Derechos, en el 2019, se plantea la necesidad de adoptar el Enfoque de Ecología Profunda, que “implica un cambio radical en varios conceptos como: ambiente, desarrollo y justicia”, (…) esta nueva perspectiva mueve fuertemente la base sobre la cual se ha asentado la modernidad, por esta razón es tan complejo dimensionar realmente lo que implican los derechos de la naturaleza (…) Ciertamente, en el ejercicio de la política pública nacional y local tampoco es clara la concepción de la naturaleza como sujeto de derechos. A pesar de que existen acciones gubernamentales y normativas referidas a la protección ambiental, en muchos casos continúa primando una visión antropocéntrica (…)[5]. Esto implica el largo camino que aún debemos recorrer para darle a la naturaleza la importancia que se merece, vista ésta como parte fundamental también de la existencia y bienestar del ser humano.
La Movilidad Humana, un derecho del que todos sabemos, pero poco aplicamos
Al hablar de Movilidad Humana, se nos viene a la mente casi instantáneamente la idea de la migración y de la crisis financiera que obligó a miles de personas en los finales de los años 2000, a migrar en busca de un mejor futuro. Pero no siempre relacionamos a la Movilidad Humana con conceptos como personas solicitantes de asilo, personas refugiadas, persona nacional retornada, persona nacional con movilidad interna, entre otras. Esto, a pesar de que en el Ecuador existen más de 72.000 personas refugiadas o que hasta el año 2019, de manera transitoria o permanente, habían migrado desde Venezuela al Ecuador alrededor 376.999, personas. Esta realidad motivó a que el Consejo de Protección de Derechos del DMQ en conjunto a ACNUR (Agencia de la ONU para los Refugiados), trabajen en una “Ruta de Protección de Derechos de Personas en Movilidad Humana”, así como en un proceso comunicacional que promocione los derechos de las personas en esta condición. Estos acciones buscan dar a conocer a la ciudadanía en general los conceptos básicos sobre el tema, y con ello garantizar y proteger los derechos de este grupo poblacional. #SiConozcoNoDiscrimino, es el nombre de la campaña de difusión digital, que vienen impulsado este Consejo y Acnur, y que utiliza productos comunicacionales como videos, audios e imágenes para llegar a la mayor cantidad de personas del Distrito Metropolitano de Quito, a través de las redes sociales. Esta campaña se suma, además, a la campaña #TodosSomosMigrantes nuestra historia lo confirma, misma que se realizó en el año 2019 en conjunto con el Consejo Consultivo de Personas en Situación de Movilidad Humana del DMQ y que se reactiva este año. Con el impulso de las campañas #SiConozcoNoDiscrimino y #TodosSomosMigrantes nuestra historia lo confirma, que se difundirán en el mes de febrero de 2022, se proyecta socializar los conceptos, normas, leyes y la Ruta de Protección de Derechos de las Personas en situación de Movilidad Humana, además de divulgar información que sensibilice a la ciudadanía sobre la protección y garantía de derechos de las personas en situación de Movilidad Humana. Puedes encontrar el contenido de las campañas de movilidad humana en nuestra página web: www.derechosquito.gob.ec, en nuestras redes sociales @DerechosQuito o las redes sociales de ACNUR: @ACNUREcuador.