“Encontramos a mi hermano, un niño soñador amoroso, dulce, botado en una quebrada,
lo asesinaron por robarle el celular y los zapatos”
El pasado 12 de enero se conoció la noticia del asesinato de un joven de 18 años, por robarle el celular y los zapatos, según informó su hermana. El hecho ocurrió al sur de la ciudad de Quito mientras paseaba a su mascota.
El asesinato de Juan Andrés no sólo es un hecho profundamente doloroso y abominable, sino una muestra más de cómo se incrementa y agrava la violencia en la ciudad de Quito y como hemos visto durante estas últimas semanas en muchos casos similares en el país. Los asaltos, el maltrato y abuso sexual a niñas, adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores, las muertes por femicidio, por sicariato, la quema y otras prácticas crueles de maltrato animal, entre otras formas violentas de convivencia, se han constituido en las noticias diarias, recurrentes que dan cuenta de los niveles de violencia e inseguridad en la que vivimos actualmente, frente a un Estado sin políticas públicas y sin respuestas efectivas para una convivencia pacífica y libre de violencias.
Este hecho doloroso nos lleva nuevamente a recordar a las autoridades nacionales y locales que uno de los deberes primordiales del Estado Ecuatoriano, según la Constitución (Artículo 3), es garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz y a la seguridad integral.
Por otra parte, entre los derechos de libertad establecidos en el artículo 66 de dicha norma se encuentra el derecho a la integridad personal, que incluye, entre otros aspectos: a) la integridad física, psíquica, moral y sexual; b) una vida libre de violencias en el ámbito público y privado.
En este sentido, es responsabilidad del Estado garantizar la seguridad humana a través de políticas y acciones integrales, que permitan asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación, así como la comisión de infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas políticas se encargará a órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno (artículo 393 de la Constitución). En concordancia con el artículo 3 de la Ley de Seguridad Pública del Estado que establece:
“Es deber del Estado promover y garantizar la seguridad de todos los habitantes, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos del Ecuador, y de la estructura del Estado, a través del Sistema de Seguridad Pública y del Estado, responsable de la seguridad pública y del Estado con el fin de coadyuvar al bienestar colectivo, al desarrollo integral, al ejercicio pleno de los derechos humanos y de los derechos y garantías constitucionales”.
Es decir, existe un estrecho vínculo entre la seguridad ciudadana y el ejercicio de derechos humanos, pues precisamente la inseguridad que se vive en estos momentos en la ciudad de Quito y en el país y, conlleva un implícito menoscabo a los derechos humanos, entre ellos a una vida digna, libre de violencia, a la integridad personal, el derecho a la ciudad, entre otros. Y a un aumento de acciones de criminalización de la pobreza, y la escalada del racismo estructural e institucional y la xenobofia.
En concordancia, el artículo 23 (ibidem), señala que:
“La seguridad ciudadana es una política de Estado, destinada a fortalecer y modernizar los mecanismos necesarios para garantizar los derechos humanos, en especial el derecho a una vida libre de violencia y criminalidad, la disminución de los niveles de delincuencia, la protección de víctimas y el mejoramiento de la calidad de vida de todos los habitantes del Ecuador (…)”.
La seguridad ciudadana, como política de Estado, tiene la finalidad de aportar a la reconstitución del tejido social, la creación de adecuadas condiciones de prevención y control del cometimiento de delitos, de la violencia social y de la violación a los derechos humanos. Así mismo, esta política debe garantizar la provisión y medición de la calidad en cada uno de los servicios, mecanismos de vigilancia, auxilio y respuesta, equipamiento tecnológico que permita a las instituciones vigilar, controlar, auxiliar e investigar los eventos que se producen y que amenazan a la ciudadanía (Artículo 23 ibidem).
Para el cumplimiento de estos fines, se conforma el Sistema de Seguridad Pública y del Estado, integrado por la Presidencia de la República -quien lo dirige-, las entidades públicas, las políticas, los planes, las normas, los recursos y procedimientos definidos, y también las organizaciones de la sociedad que coadyuven a la seguridad ciudadana y del Estado (Artículo 5 ibidem). Sistema que evidentemente no está cumpliendo a cabalidad con su objetivo.
Por todo lo dicho, el Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito, en el marco de sus competencias y atribuciones:
RECHAZA el asesinato de Juan Andrés y se solidariza con sus familiares, a quienes extiende su pesar y el compromiso de exigir justicia.
EXHORTA al Estado a cumplir con su rol de garante de derechos conforme establece la Constitución, instrumentos internacionales y demás normativa nacional que garantiza los derechos de las personas a vivir una vida libre de violencias, a dotar de todos los recursos para el óptimo funcionamiento del Sistema de Seguridad Pública y del Estado y su interoperación con los sistemas locales, incluyendo el Sistema de Protección Integral, para la protección de derechos, conforme manda la Constitución.
REQUIERE a la Fiscalía realizar las investigaciones necesarias y expeditas para identificar a los responsables de este execrable hecho y se den sanciones de acuerdo con lo que determinan las leyes.
CONVOCA a la ciudadanía en general a no naturalizar los hechos de violencia, a estar vigilantes de las acciones que se implementen desde el Estado y continuar exigiendo la defensa de los derechos humanos, la vida y la integridad de las personas y luchar contra la criminalización de la pobreza, el racismo estructural e institucional y la xenofobia.
El Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito mantiene su compromiso de promover el respeto de los derechos humanos de todas las personas, animales y naturaleza.
Gissela Chalá Reinoso Sybel Martínez Reinoso
PRESIDENTA DELEGADA AL CPD VICEPRESIDENTA DEL CPD
