El Pleno del Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito (CPD-DMQ) aprobó por unanimidad, en su sesión del 21 de octubre, la Agenda de Protección de Derechos de Mujeres del DMQ 2026-2030. El instrumento de política pública fija 48 lineamientos con indicadores, metas anuales e instituciones responsables, organizados en cinco ejes: protección y prevención de violencias contra las mujeres, salud integral, educación y formación, autonomía económica, y participación.

La Agenda actualiza la primera, elaborada por el Consejo en 2018. Tras concluir ese período, el CPD-DMQ realizó una evaluación participativa para identificar avances y brechas pendientes. Sus resultados, junto con los aportes de las titulares de derechos y de las instituciones competentes, sirvieron de base para el nuevo documento. Las mujeres integrantes del Consejo Consultivo de Derechos y las instituciones responsables revisaron y validaron la propuesta final.

El diagnóstico de la Agenda parte de datos del Censo 2022. En el DMQ viven 1.387.948 mujeres, el 51,8 % de la población. Su análisis muestra que las brechas persisten. En 2025, el 56,2 % de las mujeres participaba en el mercado laboral, frente al 72,0 % de los hombres. El desempleo alcanzó al 8,5 % de ellas y al 6,1 % de ellos, y el ingreso laboral promedio fue de USD 580,1 para las mujeres y de USD 723,5 para los hombres. Una de cada cinco mujeres jóvenes de 15 a 24 años no estudia ni trabaja, frente a uno de cada ocho hombres jóvenes. La violencia psicológica, con 85,88 % de prevalencia distrital a lo largo de la vida, es la forma de violencia más extendida. Según el documento, las muertes violentas de mujeres muestran una tendencia creciente en el período analizado.

Para responder a esa realidad, el primer eje plantea generar un diagnóstico de las violencias, implementar el Subsistema de Protección Integral de Derechos de Mujeres del DMQ y actualizar la Ruta de Protección de Derechos de Mujeres víctimas de violencias. También prevé fortalecer los servicios de prevención, atención y protección con énfasis en parroquias rurales, y capacitar al 60 % de las servidoras y servidores que atienden a mujeres víctimas de violencia. Incluye asimismo procesos con hombres para cuestionar patrones machistas y promover nuevas masculinidades.

El eje de salud propone ampliar los servicios de salud mental y los servicios en parroquias rurales, y fortalecer el sistema de cuidados con el enfoque de las cinco R: reconocer, reducir, remunerar o recompensar, redistribuir y representar. El de educación incluye campañas educomunicacionales sobre derechos y la reducción de las brechas de género en ciencia y tecnología. El de autonomía económica contempla capacitación, asistencia técnica y financiamiento a emprendimientos liderados por mujeres, además de la valoración del trabajo no remunerado. El de participación busca fortalecer la organización de las mujeres y promover la conformación del Consejo Consultivo de Derechos de Mujeres.

La Agenda aplica los enfoques de derechos humanos, género e interseccionalidad, y reconoce la situación de las mujeres indígenas, afrodescendientes, rurales, con discapacidad, adultas mayores, jóvenes, migrantes y de la diversidad sexo-genérica. Su ejecución involucra a instituciones municipales y nacionales, como la Secretaría de Inclusión Social, la Unidad Patronato Municipal San José, el Viceministerio de las Mujeres y Derechos Humanos y las administraciones zonales. El CPD-DMQ tiene a su cargo, entre otras acciones, la actualización de la Ruta, la capacitación de servidoras y servidores, la difusión de las rutas de protección y los espacios de intercambio entre organizaciones de mujeres.

Con su aprobación, el Consejo cumple su atribución de formular y transversalizar políticas públicas de protección de derechos, y su seguimiento y evaluación quedarán a cargo del CPD-DMQ durante el período de vigencia de la Agenda.