El CPD fortalece las capacidades del personal del Parque Cumandá en protección de derechos
El Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito (CPD-DMQ) fortalece las capacidades del personal del Parque Cumandá Con el objetivo de promover la garantía de derechos y consolidar los espacios públicos de la capital como entornos seguros y libres de vulneraciones, el Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito (CPD-DMQ) lleva a cabo un ciclo de capacitaciones intensivas dirigidas al personal del Parque Urbano Cumandá. Esta intervención responde a una necesidad estratégica identificada en articulación con la Secretaría de Inclusión Social (SIS), orientada a que el equipo operativo y administrativo del parque cuente con las herramientas necesarias para atender de manera oportuna a los grupos de atención prioritaria y aquellos que se encuentran en situación de riesgo y vulnerabilidad. Los talleres, en los que participan 60 servidores municipales, se centran en el conocimiento y la aplicación práctica de las Rutas de Protección de Derechos. Las y los participantes aprenden a identificar alertas tempranas de vulneración, conocen los protocolos de derivación y fortalecen su capacidad de respuesta empática y técnica ante situaciones de riesgo que puedan presentarse dentro de las instalaciones del parque. Esta actividad se enmarca en las atribuciones establecidas en el Código Municipal que en el artículo 857 dispone a todos los organismos del Sistema de Protección Integral el deber de trabajar en la promoción y difusión de derechos, bajo los lineamientos del CPD-DMQ. “Estamos transformando la teoría en práctica ciudadana. Al capacitar al personal que gestiona el Parque Cumandá, aseguramos que la política pública de protección no se quede en el papel, sino que se traduzca en una atención digna y técnica para quienes más lo necesitan”, señaló Giovanny Pazmiño, facilitador del CPD-DMQ. Estas jornadas fomentan una cultura de corresponsabilidad, en la que el servidor público se convierte en el primer garante de derechos en el territorio, promoviendo un Quito más solidario, inclusivo y consciente de sus obligaciones hacia la ciudadanía.
Nanegalito fortalece la protección de los derechos de las mujeres en el Chocó Andino
Nanegalito fortalece la protección de los derechos de las mujeres en el Chocó Andino En Nanegalito se desarrolló un taller con la Red de Protección de Derechos del Chocó Andino, orientado a fortalecer conocimientos sobre los derechos de las mujeres y la activación de la ruta de protección frente a situaciones de violencia basada en género. La jornada fue facilitada por Giovanny Pazmiño, técnico de Participación Ciudadana, quien promovió un espacio participativo de intercambio entre actores comunitarios e institucionales, enfocado en fortalecer las capacidades para la prevención, detección y atención de vulneraciones de derechos. Durante el encuentro se abordaron mecanismos de atención, canales de denuncia y acciones clave para garantizar respuestas oportunas, integrales y con enfoque de derechos, destacando la importancia del trabajo articulado en el territorio. “El acceso a información clara y oportuna es fundamental para que las mujeres y las personas de la comunidad puedan ejercer sus derechos y activar rutas de protección de manera segura”, señaló Giovanny Pazmiño. Este proceso aporta a la construcción de territorios más seguros, informados y comprometidos con la erradicación de la violencia de género y la garantía plena de derechos para las mujeres.
80 representantes de los diez Consejos Consultivos de Derechos del DMQ inauguraron el proceso de Rendición de Cuentas 2025
80 representantes de los diez Consejos Consultivos de Derechos del DMQ inauguraron el proceso de Rendición de Cuentas 2025 El Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito realizó su primera consulta ciudadana para la Rendición de Cuentas 2025, en un encuentro que combinó el reconocimiento de los saberes ancestrales andinos con el ejercicio concreto del control social. Ochenta personas, representantes de los diez Consejos Consultivos de Derechos (CCD) del Distrito, se reunieron en las instalaciones del CPD-DMQ para acordar los temas sobre los cuales la institución debe rendir cuentas a la ciudadanía. La jornada arrancó a las 8h30 con la ceremonia del Muschuc Nina (el fuego nuevo) en un gesto de apertura intercultural que reconoce el Año Nuevo Andino como parte del tejido cultural vivo del Distrito. A partir de las 9h00, los y las participantes realizaron un recorrido participativo por los planes de incidencia de cada uno de los Consejos Consultivos, ejercicio que permitió visibilizar el trabajo que la sociedad civil organizada tiene como objetivo para este 2026. A las 10h30, representantes de los CCD al Pleno del CPD-DMQ presentaron su rendición de cuentas ante la ciudadanía; y a las 11h00 se abrió la consulta ciudadana, con base en los enfoques de igualdad, para acordar el listado de temas y requerimientos sobre los cuales el CPD-DMQ debe rendir cuentas a la ciudadanía de Quito. El encuentro reunió a representantes de los diez grupos de atención prioritaria reconocidos en el Código Municipal del DMQ: niñas, niños y adolescentes; jóvenes; personas adultas mayores; mujeres; diversidades sexo-genéricas; personas con discapacidad; personas en situación de movilidad humana; pueblos afrodescendientes y montubios; pueblos y nacionalidades indígenas; y defensores y defensoras de la naturaleza y los animales. A las 11h30, los y las participantes eligieron a las personas delegadas a las comisiones mixtas que se encargarán de planificar y facilitar el proceso completo de Rendición de Cuentas 2025 del CPD-DMQ. La jornada cerró con una Pambamesa, el compartir colectivo que en la tradición andina simboliza la comunidad y el acuerdo. Para el proceso de consulta ciudadana, el CPD-DMQ puso a disposición de los participantes el Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PMDOT 2024-2033), el Plan de Trabajo del Alcalde Pabel Muñoz, el Plan Operativo Anual 2025 y el presupuesto institucional 2025 de la entidad. Los Consejos Consultivos de Derechos son mecanismos de participación ciudadana integrados por titulares de derechos y organizaciones de la sociedad civil. Su rol no es consultivo en sentido pasivo: están facultados para ejercer control social, incidir en política pública y exigir cuentas a las instituciones responsables de la protección de derechos en el Distrito. El encuentro de hoy activó ese mecanismo desde su raíz: con voz propia, con diversidad real y con el fuego nuevo como símbolo de que el ciclo del compromiso institucional se renueva.
Derechos, justicia y acción: el DMQ se suma al llamado global del 8M 2026
Derechos, justicia y acción: el DMQ se suma al llamado global del 8M 2026 El Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito (CPD) conmemora hoy el Día Internacional de la Mujer en sintonía con el llamado global de ONU Mujeres: «Derechos. Justicia. Acción. En Ecuador, el 64,9 % de las mujeres ha experimentado algún hecho de violencia a lo largo de su vida, las mujeres todavía perciben un 16,6 % menos que los hombres por el mismo trabajo y las mujeres en todo el mundo disfrutan apenas el 64 % de los derechos legales que tienen los hombres, y al ritmo actual de avance, se necesitarían 286 años para cerrar esas brechas de protección legal y dignidad. En el DMQ viven 1.387.948 mujeres, el 34 % de ellas en el área rural. Esta población representa el 51,3 % de la población, son la mayoría, y sin embargo, los datos del propio Estado revelan una realidad de desigualdad estructural que ha sido normalizada. Según la Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres (INEC, 2019), más de la mitad de mujeres ecuatorianas han experimentado algún hecho de violencia a lo largo de su vida: el 56,9 % violencia psicológica, el 35,4 % violencia física, el 32,7 % violencia sexual y el 16,4 % violencia patrimonial. Estas no son cifras abstractas: son personas, son cuerpos, son vidas rotas. La violencia no es el único frente. Las brechas económicas persisten. Menos de una de cada tres mujeres (el 30,4 %) accede a un empleo adecuado o pleno. Paralelamente, el 15,4 % de las mujeres se encuentra en situación de subempleo. Mientras tanto, de las 11.823 millones de horas que Ecuador destina anualmente al trabajo doméstico y de cuidado, el 76 % lo realizan las mujeres. Por cada 100 horas de trabajo doméstico no remunerado, 88 las ponen ellas. La mortalidad materna, fijada en 34,2 muertes por cada 100.000 nacidos vivos a nivel nacional (INEC, 2024), refleja las fallas en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Al mismo tiempo, en el DMQ, 2 de cada 1.000 niñas de entre 10 y 14 años tuvieron un hijo nacido vivo en 2024, y 40 de cada 1.000 adolescentes de entre 15 y 19 años. El embarazo en niñas y adolescentes no es un dato demográfico es la materialización de la ausencia de justicia. El lema de este año, «Derechos. Justicia. Acción.», coincide con la 70.ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW70) de las Naciones Unidas, que se celebra del 9 al 19 de marzo en Nueva York con foco en garantizar el acceso igualitario a la justicia para todas las mujeres y niñas. ONU Mujeres advierte este año que los sistemas destinados a proteger a las mujeres y niñas están fallando en todo el mundo, dejando a millones expuestas a la discriminación, la violencia y la impunidad. En casi el 70 % de los países analizados, las mujeres enfrentan más obstáculos para acceder a la justicia que los hombres. El acceso a asesoría legal, el costo del transporte, el cuidado de hijos e hijas, la pérdida de salario, todo conspira para que el sistema judicial sea, en la práctica, un privilegio. Este año la conmemoración del 8M pone en el centro del debata la necesidad de garantizar y fortalecer el acceso igualitario a la justicia, eliminar leyes discriminatorias y derribar las barreras estructurales que impiden que los derechos pasen del papel a la vida. “Sin justicia, los derechos son solo palabras. Con justicia, los derechos se convierten en poder”, dice ONU Mujeres. El CPD-DMQ, como organismo de protección de derechos en el territorio, reafirma hoy su compromiso de hacer que ese mandato global se traduzca en acciones concretas en cada lugar de nuestro territorio.
Quito celebra el Día Mundial de la Vida Silvestre con un llamado urgente a proteger la naturaleza como sujeto de derechos
Quito celebra el Día Mundial de la Naturaleza y Vida Silvestre con un llamado urgente a proteger la naturaleza como sujeto de derechos El Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito (CPD-DMQ) se suma hoy a la conmemoración del Día Mundial de la Naturaleza y Vida Silvestre, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 3 de marzo en referencia a la firma de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) en 1973. Este año, el lema «Plantas medicinales y aromáticas: conservar la salud, el patrimonio natural y los medios de subsistencia» resuena con especial fuerza en una ciudad que enfrenta una pérdida acelerada de su patrimonio natural. De acuerdo con la Agenda de Protección de Naturaleza y Animales del CPD-DMQ (2019), en el Distrito Metropolitano de Quito se pierden 138 hectáreas de bosque al mes, lo que equivale a 2,2 veces la superficie del parque La Carolina. Esta cifra, inscrita en un país reconocido como uno de los más megadiversos del planeta, evidencia la gravedad de amenazas como la deforestación, la ganadería y agricultura extensivas, la minería y la explotación petrolera, que constituyen las principales presiones sobre los ecosistemas locales. La crisis climática tiene un rostro urbano y medible. En el DMQ, el transporte y la generación eléctrica representan el 57 % de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), ambas asociadas a la quema de combustibles fósiles; la deforestación y los desechos sólidos aportan, cada uno, un 18 % adicional. Cada día, la ciudad genera 1.870 toneladas de residuos, de los cuales el 57 % son orgánicos y el 24 % son materiales reciclables que podrían reintegrarse al ciclo productivo. Estos números no son estadísticas abstractas: son síntomas de un modelo de vida urbana que aún no ha aprendido a relacionarse con la naturaleza como lo que es, un sujeto de derechos. Ecuador es pionero en el mundo en reconocer a la naturaleza —o Pacha Mama— como titular de derechos en su Constitución. El artículo 71 establece que «la naturaleza, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos». El artículo 73 obliga al Estado a aplicar medidas de precaución y restricción frente a actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. Este mandato constitucional es la base desde la que el CPD-DMQ ejerce su rol de protección. «Proteger las plantas medicinales y aromáticas no es solo una causa ambiental: es una causa de salud pública, de justicia cultural y de soberanía de los pueblos. En el DMQ, la naturaleza tiene derechos. Es hora de que también tenga garantías reales.» El vínculo entre las plantas medicinales, los pueblos indígenas y las comunidades locales es también un asunto de derechos humanos. La Organización Mundial de la Salud reconoce que entre el 70 % y el 95 % de la atención de salud primaria en países en desarrollo depende de la medicina tradicional. A nivel mundial, se cosechan entre 50.000 y 70.000 especies de plantas medicinales y aromáticas, más del 20 % de las cuales ya se encuentran en peligro de extinción según la Lista Roja de la UICN, principalmente por sobreexplotación, pérdida de hábitat y comercio ilícito. En el contexto del DMQ, donde conviven pueblos y nacionalidades indígenas, comunidades afrodescendientes y montubias con saberes ancestrales sobre la flora medicinal, esta pérdida biológica es también una pérdida cultural y humana. A esta realidad se suma la grave contaminación del sistema hidrográfico del Distrito. Los ríos Machángara, Monjas, San Pedro y Guayllabamba reciben las aguas residuales de la ciudad sin ningún tratamiento previo, siendo el Machángara el afluente más visible y afectado en el entorno urbano. La degradación de las fuentes de agua impacta directamente sobre los ecosistemas que sostienen la vida silvestre y sobre las comunidades que dependen de ellos para su subsistencia. En este Día Mundial de la Vida Silvestre, el CPD-DMQ hace un llamado a la ciudadanía, a las instituciones y a los tomadores de decisión a reconocer que conservar la naturaleza no es una opción: es una obligación constitucional y un acto de justicia intergeneracional. La protección de las plantas medicinales y aromáticas, de la biodiversidad urbana y rural, y de los saberes tradicionales asociados a ellas, es parte integral de la garantía de los derechos de los diez grupos de atención prioritaria que este Consejo tiene el mandato de proteger.
El Consejo de Protección de Derechos lleva servicios del Estado y ONGs al Chocó Andino
El Consejo de Protección de Derechos lleva servicios del Estado y ONGs al Chocó Andino El CPD inició su Estrategia Territorial 2026 con la primera de diez Ferias de Promoción de Derechos programadas para parroquias urbanas y rurales del Distrito. La feria se realizó el lunes 9 de febrero en el Parque Central de Gualea. La parroquia rural Gualea, parte del Chocó Andino, fue seleccionada estratégicamente como punto de inicio del ciclo 2026 por sus características territoriales y problemáticas identificadas que incluyen violencias, minería, movilidad humana y abandono animal, además de contar con una Red de Protección de Derechos activa que fortaleció la articulación comunitaria del evento. La feria busca acercar la institucionalidad pública a los territorios, fortalecer el Sistema de Protección Integral y promover la corresponsabilidad en materia de derechos en zonas donde el acceso a servicios es limitado. Participaron activamente el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano, Policía Nacional con el Programa Paquito el Policía, Centro de Equidad y Justicia de Nanegalito, Administración Zonal Chocó Andino, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Desarrollo Humano, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Educación, Ministerio de Gobierno con el Viceministerio de la Mujer y Derechos Humanos, HIAS Ecuador y emprendimientos locales. Cada institución instaló un stand informativo, brindó orientación especializada y participó con actividades pedagógicas adaptadas a la comunidad, generando atenciones directas y orientaciones sobre acceso a servicios y rutas de protección. Durante la feria intervinieron con una bienvenida comunitaria los representantes del GAD Parroquial y Tenencia Política, así como el Consejo de Protección de Derechos y la Administración Zonal Chocó Andino. A la feria asistieron más de cincuenta estudiantes de unidades educativas locales, líderes y lideresas comunitarias, miembros de la Red de Protección de Derechos del Chocó Andino y la ciudadanía general. La ciudadanía participó también en un acto simbólico en donde se evocaron costumbres y creencias locales para invitar a la protección de la naturaleza como un espacio sagrado que garantiza la vida de todas y todos. Como parte complementaria de la Estrategia Territorial en Gualea, el domingo 8 de febrero se realizó un cine foro con la comunidad para abordar temas de derechos humanos, de los animales y de la naturaleza a través de una proyección cinematográfica seguida de un foro participativo donde intervino activamente la comunidad junto con personal de la Unidad de Participación del Consejo de Protección de Derechos, generando espacios de reflexión y diálogo sobre corresponsabilidad en la protección de derechos en contextos rurales del Chocó Andino. Esta actividad preparó el terreno para la feria del día siguiente y fortaleció el vínculo comunitario con la institucionalidad. El Consejo de Protección de Derechos del DMQ continuará implementando su Estrategia Territorial 2026 con las siguientes nueve ferias programadas para parroquias urbanas y rurales del Distrito Metropolitano de Quito, replicando los aprendizajes operativos de Gualea y fortaleciendo la articulación del Sistema de Protección Integral en todo el territorio.
En el mes del internet seguro, el Consejo de Protección de Derechos revela las principales amenazas para niños, niños y adolescentes.
En el mes del internet seguro, el Consejo de Protección de Derechos revela las principales amenazas para niños, niños y adolescentes. En el marco del Día Internacional del Internet Seguro, que se celebra desde 2004 cada segundo martes de febrero para promover un uso más seguro y responsable de la tecnología, el Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito presenta una revisión sistemática sobre los riesgos a los que están expuestos niñas, niños y adolescentes del DMQ. Este estudio realizado entre enero 2020 y diciembre 2024 revela que el 86,6% de casos corresponden a grooming y el 74,3% de las víctimas son niñas y mujeres adolescentes, según datos de la Fiscalía General del Estado. El estudio elaborado por la Unidad de Gestión de Conocimiento del CPD revela que el 43,3% de las víctimas son adolescentes entre 11 y 14 años, seguido por niños y niñas de 0 a 10 años con el 22% y adolescentes de 15 a 18 años con el 21,3%, lo que evidencia que la vulnerabilidad digital afecta a todas las etapas de la niñez y adolescencia. La investigación documenta que el 55,6% de los casos se encuentran en investigación previa, es decir en fase inicial, lo que refleja desafíos en la ruta de protección y justicia para estas víctimas. El contexto es alarmante: el 69,9% de personas a nivel nacional tienen acceso a internet, el 63,1% de niños y niñas de 5 a 11 años y el 71,5% de adolescentes de 12 a 17 años están conectados, según el INEC 2024. Más preocupante aún, el 4,7% de niñas, niños y adolescentes inicia en plataformas digitales antes de los 7 años, el 4,1% ha compartido información personal con desconocidos y el 25,4% no ha adoptado mecanismos para protegerse en línea, de acuerdo con datos del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional y ChildFund International USA 2024. El grooming, que representa el 86,6% de los casos registrados, ocurre cuando un adulto se hace pasar por alguien de la edad de una niña, niño o adolescente en internet para obtener material íntimo o sexual y manipular o chantajear. Le siguen la distribución de material pornográfico a niñas, niños y adolescentes con el 9,8% del total de noticias del delito, con picos más altos en los años 2021 y 2024, y la oferta de servicios sexuales con menores de dieciocho años por medios electrónicos con el 4,3%, según la Fiscalía General del Estado. Los efectos en las víctimas son devastadores y se manifiestan en cuatro niveles según el Ministerio de Gobierno: a nivel físico incluyen somatización, pesadillas recurrentes, trastornos del sueño, alteraciones del apetito y conductas autolesivas que pueden incluir intentos de suicidio o consumo de sustancias; a nivel psicológico generan afectaciones a la autoestima, sentimientos de vergüenza, culpa y miedo, ansiedad constante, trastornos como la depresión y manifestaciones de trastorno de estrés postraumático; a nivel cognitivo causan problemas de atención y retención, alteraciones en la memoria y deficiencia en el desempeño escolar; y a nivel conductual o emocional provocan sentimientos de vulnerabilidad, sensación de inseguridad, aislamiento social, comunicación limitada, dificultad para crear vínculos afectivos y menor tiempo de juego con sus pares. La ciudadanía puede actuar para proteger a niñas, niños y adolescentes: estar alerta ante cambios bruscos de comportamiento como aislamiento social, ansiedad constante, pesadillas recurrentes, bajo rendimiento escolar o conductas extremas que pueden indicar victimización digital; denunciar inmediatamente cualquier sospecha de ciberdelito sexual a través de los canales de la Fiscalía General del Estado disponibles 24/7 incluyendo denuncia en línea, flagrancia y SAI; y promover espacios de diálogo familiar donde niñas, niños y adolescentes se sientan seguros para compartir sus experiencias en línea sin temor a juicios o castigos que puedan inhibir la denuncia temprana. Los docentes y el personal educativo tienen responsabilidades clave: implementar los recursos pedagógicos del Ministerio de Educación sobre uso seguro del entorno digital en el aula de manera sistemática y no esporádica; activar inmediatamente el Protocolo de Actuación frente a Situaciones de Violencia Digital detectadas en el Sistema Nacional de Educación establecido por Acuerdo Ministerial 2023-00054-A cuando identifiquen casos; y fortalecer su participación en campañas, webinars y capacitaciones sobre ciberdelitos para desarrollar capacidad de detección temprana y acompañamiento especializado a estudiantes víctimas. Las familias deben adoptar medidas preventivas concretas: establecer configuraciones de seguridad y control parental en todos los dispositivos que utilizan niñas, niños y adolescentes, utilizando las guías prácticas disponibles de ChildFund y otras organizaciones especializadas; educar sobre los riesgos digitales específicos como grooming, sexting, sextorsión y publicación de información privada, explicando con claridad las consecuencias de compartir datos personales o material íntimo con desconocidos; supervisar de manera respetuosa pero constante la actividad en línea de sus hijos e hijas, equilibrando privacidad con protección según la edad y madurez; y participar en los espacios de formación que ofrecen el Ministerio de Telecomunicaciones a través de Puntos Digitales Gratuitos, el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional mediante RIAMUSI y ChildFund con su Estrategia de Uso Seguro de Internet. El estudio completo «Revisión sistemática de los ciberdelitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes en el Distrito Metropolitano de Quito» elaborado por el Consejo de Protección de Derechos del DMQ está disponible en la web institucional e incluye análisis detallado de tipos de violencia digital, respuesta institucional, efectos en las víctimas y referencias completas. Encuéntrelo aquí: https://proteccionderechosquito.gob.ec/wp-content/uploads/2026/01/V14-CPD_Ciberdelitos_30122025.pdf
Protección de datos de niñez y adolescencia: clave para prevenir ciberdelitos sexuales que ya suman 265 casos en Quito
Protección de datos de niñez y adolescencia: clave para prevenir ciberdelitos sexuales que ya suman 265 casos en Quito En el Día Internacional de la Protección de Datos, el Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito presentó la actualización del estudio «Revisión Sistemática de los Ciberdelitos Sexuales contra Niñas, Niños y Adolescentes en el DMQ» que revela 265 casos registrados entre 2020 y 2024, donde el 86,6% corresponden a grooming, delito que inicia con la obtención ilegal de datos personales de víctimas que en su mayoría son adolescentes entre 11 y 14 años. El estudio elaborado por la Unidad de Gestión de Conocimiento evidencia que la falta de protección de datos personales se ha convertido en la puerta de entrada para violencia sexual digital. Datos del INEC 2024 muestran que 63,1% de niños y niñas de 5 a 11 años y 71,5% de adolescentes de 12 a 17 años tienen acceso a internet, mientras que el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional reporta que 4,1% de niñez y adolescencia ha compartido información personal con desconocidos y 25,4% no ha adoptado mecanismos para protegerse en línea. El grooming, donde un adulto se hace pasar por alguien de la edad de niñas, niños o adolescentes para obtener material íntimo y manipular o chantajear, representa 86,6% del total de ciberdelitos sexuales en el DMQ con incremento paulatino durante el período analizado. Los agresores utilizan información compartida en redes sociales, perfiles públicos y mensajes para identificar víctimas, establecer contacto y posteriormente extorsionar. El 74,3% de las víctimas son mujeres, 43,3% son adolescentes entre 11 y 14 años, y 55,6% de los casos se encuentran en investigación previa. La investigación clasifica la violencia sexual digital en tres niveles vinculados con gestión inadecuada de datos personales: riesgo leve o de contenido cuando algoritmos usan datos de navegación para dirigir contenido inapropiado, riesgo medio o de contacto mediante difusión no consentida de datos e imágenes incluyendo ciberbullying y publicación de información privada, y riesgo alto o de conducta donde la obtención fraudulenta de datos personales es el primer paso para grooming, sexting, sextorsión, pornografía infantil y explotación sexual en línea. Los efectos en las víctimas incluyen afectaciones físicas como trastornos del sueño y conductas autolesivas, efectos psicológicos como vergüenza, culpa, ansiedad y depresión intensificados por la sensación de invasión y pérdida de privacidad, consecuencias cognitivas como problemas de atención y deficiencia en desempeño escolar, y efectos conductuales como aislamiento social y dificultad para crear vínculos afectivos. El Ecuador cuenta con normativa específica para proteger datos personales de niñez y adolescencia incluyendo la Observación General No. 25 del Comité de Derechos del Niño sobre derechos en el entorno digital, la Constitución que garantiza protección de datos de carácter personal, el Código de la Niñez y Adolescencia que establece derecho a la intimidad y privacidad, el Código Orgánico Integral Penal reformado en julio 2024 que tipifica delitos relacionados con violación de datos personales, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales 2021 con especial protección para niñez y adolescencia, la Estrategia Nacional de Protección Infantil en Línea 2024, y el Protocolo de Actuación frente a Situaciones de Violencia Digital en el Sistema Nacional de Educación 2024. El estudio documenta respuestas institucionales de prevención del Ministerio de Educación mediante campañas sobre configuración de privacidad y protección de datos en redes sociales, el Ministerio de Inclusión Económica y Social que capacitó a 642 personas en prevención de violencia digital, el Ministerio de Telecomunicaciones con 45 Puntos Digitales Gratuitos en el DMQ que ofrecen formación en competencias digitales, la Fiscalía General del Estado con unidades especializadas en ciberdelitos, el Consejo de la Judicatura con 6 unidades especializadas y 21 juezas y jueces en el DMQ, y ChildFund con recursos prácticos sobre configuraciones de seguridad y gestión de privacidad. El Consejo de Protección de Derechos señala que en este Día Internacional de la Protección de Datos la incorporación precoz de niñez y adolescencia a plataformas sin educación digital sobre protección de datos personales incrementa exponencialmente la exposición a grooming, sextorsión y explotación sexual en línea. Cada fotografía compartida públicamente, cada ubicación geolocalizada, cada dato personal revelado a desconocidos, es información que puede ser utilizada por agresores para identificar, contactar, manipular y vulnerar a niñas, niños y adolescentes. El Consejo de Protección de Derechos hace un llamado urgente a familias, instituciones educativas, empresas tecnológicas y sociedad en general para que asuman el compromiso de proteger la privacidad y datos personales de niñez y adolescencia como estrategia fundamental de prevención de violencia sexual digital. El documento completo está disponible en: https://proteccionderechosquito.gob.ec/wp-content/uploads/2026/01/V14-CPD_Ciberdelitos_30122025.pdf
QUITO LANZA PRIMERA RUTA DE PROTECCIÓN PARA PERSONAS HABITANTES DE CALLE EN ECUADOR CON PROTOCOLO INÉDITO PARA ACCESO A DERECHOS SIN DOCUMENTOS
Quito lanza primera ruta de protección para personas habitantes de calle en Ecuador El Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito presentó la primera Ruta de Protección de Derechos de Personas Habitantes de Calle en Ecuador, un instrumento técnico-operativo pionero que incluye cuatro flujogramas, un protocolo innovador de validación biométrica para personas sin documentos de identidad, y mecanismos de exigibilidad ante negación de servicios institucionales. La Ruta, construida participativamente entre julio y octubre de 2025 con más de 25 instituciones y la Mesa Técnica Distrital de Personas Habitantes de Calle, marca un cambio de paradigma al pasar de la criminalización al reconocimiento de esta población como sujetos plenos de derechos. El instrumento surge en cumplimiento del Título VIII del Código Municipal que establece la protección integral de personas habitantes de calle en el DMQ. «Esta ruta representa un giro histórico para Ecuador: ninguna persona quedará excluida de protección por falta de documentos. Rompemos la barrera histórica que impedía acceso a servicios básicos y establecemos responsabilidades institucionales concretas», señaló Valeria Urgilés Valle, Secretaria Ejecutiva encargada del Consejo de Protección de Derechos. El instrumento se distingue por cuatro fortalezas clave: operatividad técnica con protocolos paso a paso y directorio institucional actualizado, enfoque de derechos humanos interseccional que reconoce vulnerabilidades múltiples, protocolo de identidad con validación biométrica sustentado en jurisprudencia de la Corte Constitucional, y construcción participativa. Las personas habitantes de calle en el DMQ enfrentan violaciones sistemáticas que incluyen violencia física y sexual, criminalización, negación de servicios de salud y educación, e invisibilización institucional. La población incluye personas con vulnerabilidades múltiples: discapacidad, adultos mayores, niñez y adolescencia, diversidades sexogenéricas, y movilidad humana. A nivel latinoamericano, Colombia cuenta con Política Pública Social 2021-2031 y Chile implementa Programa Protege Calle, mientras que la Ruta de Quito se posiciona como referente nacional por su nivel de detalle técnico-operativo y mecanismos de exigibilidad jurídica. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha llamado urgentemente a Estados de las Américas a adoptar políticas estructurales con enfoque de derechos humanos para esta población. La Ruta está disponible en versión digital en la web institucional proteccionderechosquito.gob.ec y será distribuida en físico más adelante, a todas las instituciones del Sistema de Protección Integral del DMQ.
Consejo de Protección de Derechos entrega reconocimientos 2025 a defensoras de derechos humanos
Consejo de Protección de Derechos entrega reconocimientos 2025 a defensoras de derechos humanos El Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito entregó el Reconocimiento Consejo de Protección de Derechos – Quito 2025 a tres personas destacadas por su labor en la promoción y defensa de derechos humanos, animales y naturaleza, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos. Las personas reconocidas fueron Bernarda Robles, Tamara Estupiñán y Matilde Lagos. La concejala Joselyn Mayorga, delegada del alcalde de la ciudad a la presidencia del Consejo, realizó la contextualización del evento y el anuncio de los reconocimientos. Participaron en la entrega de reconocimientos la presidenta Joselyn Mayorga, la vicepresidenta del Pleno en representación de la sociedad civil Verónica Cevallos, y la secretaria ejecutiva encargada del Consejo Valeria Urgilés Valle. Los nombres de las personas reconocidas se unen a los defensores de los derechos humanos y de la naturaleza y animales que han sido reconocidos por el Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito en años anteriores. Bernarda Robles recibió el primer reconocimiento por su valentía en levantar la voz y denunciar el abuso sexual del que fue víctima, multiplicando su testimonio de vida para la defensa de derechos. Durante el evento se proyectó un video que evidencia su trabajo y compromiso con la protección de derechos humanos. La presidenta Joselyn Mayorga entregó el reconocimiento a Bernarda Robles quien posteriormente dirigió unas palabras al público presente. Tamara Estupiñán recibió el segundo reconocimiento por su trabajo y pasión por la historia que contribuyen a la reconstrucción de la memoria del país y su enorme aporte para la comprensión de la interculturalidad en Ecuador. Se proyectó un video con su testimonio de vida destacando su contribución académica y social. La vicepresidenta del Pleno en representación de la sociedad civil, Verónica Cevallos, entregó el reconocimiento a Tamara Estupiñán quien posteriormente compartió sus palabras. Matilde Lagos recibió el tercer reconocimiento por su innovación en redes sociales que ha permitido aportar a la promoción del respeto a la dignidad de las personas adultas mayores como influencer digital. Los asistentes pudieron conocer más sobre su vida y su trabajo en plataformas digitales, donde promueve el respeto y la valoración de las personas adultas mayores. La secretaria ejecutiva encargada Valeria Urgilés Valle le entregó el reconocimiento. Se realizó una fotografía colectiva con las tres personas reconocidas junto con las autoridades del Consejo de Protección de Derechos como memoria gráfica del evento. La secretaria ejecutiva encargada Valeria Urgilés expresó gratitud a quienes recibieron el Reconocimiento Consejo de Protección de Derechos – Quito correspondiente al año 2025 e invitó a que el compromiso con los derechos fructifique en una ciudad libre de violencia. Se entregaron certificados de participación a quienes culminaron la capacitación virtual en derechos humanos realizada con la colaboración de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas. La Declaración de los Derechos Humanos tiene como pilares el reconocimiento de la dignidad y el valor inherentes y de los derechos iguales e inalienables de todos y todas, sin distinción de ninguna índole. También se certificó a quienes completaron el proceso formativo en Procedimiento Parlamentario impartido por la Dra. Libia Rivas, secretaria general del Concejo Municipal. Las capacitaciones fortalecen las competencias técnicas de integrantes de Consejos Consultivos de Derechos, miembros del Pleno del Consejo de Protección de Derechos y actores del Sistema de Protección Integral del Distrito Metropolitano de Quito. El conocimiento en derechos humanos y procedimiento parlamentario contribuye a mejorar la calidad de la participación ciudadana en los espacios de decisión institucional y en la construcción de políticas públicas de protección de derechos. El evento forma parte de las actividades institucionales del Consejo de Protección de Derechos para sensibilizar a la ciudadanía sobre los derechos de los grupos de atención prioritaria, personas en situación de riesgo y vulnerabilidad, naturaleza y animales, mediante la difusión, promoción y posicionamiento de la gestión institucional, reafirmando su compromiso con la visibilización y reconocimiento del trabajo de personas y organizaciones que dedican su vida a la defensa y promoción de derechos en el Distrito Metropolitano de Quito.