En el marco del Día Internacional del Internet Seguro, que se celebra desde 2004 cada segundo martes de febrero para promover un uso más seguro y responsable de la tecnología, el Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito presenta una revisión sistemática sobre los riesgos a los que están expuestos niñas, niños y adolescentes del DMQ. Este estudio realizado entre enero 2020 y diciembre 2024 revela que el 86,6% de casos corresponden a grooming y el 74,3% de las víctimas son niñas y mujeres adolescentes, según datos de la Fiscalía General del Estado.

El estudio elaborado por la Unidad de Gestión de Conocimiento del CPD revela que el 43,3% de las víctimas son adolescentes entre 11 y 14 años, seguido por niños y niñas de 0 a 10 años con el 22% y adolescentes de 15 a 18 años con el 21,3%, lo que evidencia que la vulnerabilidad digital afecta a todas las etapas de la niñez y adolescencia. La investigación documenta que el 55,6% de los casos se encuentran en investigación previa, es decir en fase inicial, lo que refleja desafíos en la ruta de protección y justicia para estas víctimas.

El contexto es alarmante: el 69,9% de personas a nivel nacional tienen acceso a internet, el 63,1% de niños y niñas de 5 a 11 años y el 71,5% de adolescentes de 12 a 17 años están conectados, según el INEC 2024. Más preocupante aún, el 4,7% de niñas, niños y adolescentes inicia en plataformas digitales antes de los 7 años, el 4,1% ha compartido información personal con desconocidos y el 25,4% no ha adoptado mecanismos para protegerse en línea, de acuerdo con datos del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional y ChildFund International USA 2024.

El grooming, que representa el 86,6% de los casos registrados, ocurre cuando un adulto se hace pasar por alguien de la edad de una niña, niño o adolescente en internet para obtener material íntimo o sexual y manipular o chantajear. Le siguen la distribución de material pornográfico a niñas, niños y adolescentes con el 9,8% del total de noticias del delito, con picos más altos en los años 2021 y 2024, y la oferta de servicios sexuales con menores de dieciocho años por medios electrónicos con el 4,3%, según la Fiscalía General del Estado.

Los efectos en las víctimas son devastadores y se manifiestan en cuatro niveles según el Ministerio de Gobierno: a nivel físico incluyen somatización, pesadillas recurrentes, trastornos del sueño, alteraciones del apetito y conductas autolesivas que pueden incluir intentos de suicidio o consumo de sustancias; a nivel psicológico generan afectaciones a la autoestima, sentimientos de vergüenza, culpa y miedo, ansiedad constante, trastornos como la depresión y manifestaciones de trastorno de estrés postraumático; a nivel cognitivo causan problemas de atención y retención, alteraciones en la memoria y deficiencia en el desempeño escolar; y a nivel conductual o emocional provocan sentimientos de vulnerabilidad, sensación de inseguridad, aislamiento social, comunicación limitada, dificultad para crear vínculos afectivos y menor tiempo de juego con sus pares.

La ciudadanía puede actuar para proteger a niñas, niños y adolescentes: estar alerta ante cambios bruscos de comportamiento como aislamiento social, ansiedad constante, pesadillas recurrentes, bajo rendimiento escolar o conductas extremas que pueden indicar victimización digital; denunciar inmediatamente cualquier sospecha de ciberdelito sexual a través de los canales de la Fiscalía General del Estado disponibles 24/7 incluyendo denuncia en línea, flagrancia y SAI; y promover espacios de diálogo familiar donde niñas, niños y adolescentes se sientan seguros para compartir sus experiencias en línea sin temor a juicios o castigos que puedan inhibir la denuncia temprana.

Los docentes y el personal educativo tienen responsabilidades clave: implementar los recursos pedagógicos del Ministerio de Educación sobre uso seguro del entorno digital en el aula de manera sistemática y no esporádica; activar inmediatamente el Protocolo de Actuación frente a Situaciones de Violencia Digital detectadas en el Sistema Nacional de Educación establecido por Acuerdo Ministerial 2023-00054-A cuando identifiquen casos; y fortalecer su participación en campañas, webinars y capacitaciones sobre ciberdelitos para desarrollar capacidad de detección temprana y acompañamiento especializado a estudiantes víctimas.

Las familias deben adoptar medidas preventivas concretas: establecer configuraciones de seguridad y control parental en todos los dispositivos que utilizan niñas, niños y adolescentes, utilizando las guías prácticas disponibles de ChildFund y otras organizaciones especializadas; educar sobre los riesgos digitales específicos como grooming, sexting, sextorsión y publicación de información privada, explicando con claridad las consecuencias de compartir datos personales o material íntimo con desconocidos; supervisar de manera respetuosa pero constante la actividad en línea de sus hijos e hijas, equilibrando privacidad con protección según la edad y madurez; y participar en los espacios de formación que ofrecen el Ministerio de Telecomunicaciones a través de Puntos Digitales Gratuitos, el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional mediante RIAMUSI y ChildFund con su Estrategia de Uso Seguro de Internet.

El estudio completo «Revisión sistemática de los ciberdelitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes en el Distrito Metropolitano de Quito» elaborado por el Consejo de Protección de Derechos del DMQ está disponible en la web institucional e incluye análisis detallado de tipos de violencia digital, respuesta institucional, efectos en las víctimas y referencias completas. Encuéntrelo aquí: https://proteccionderechosquito.gob.ec/wp-content/uploads/2026/01/V14-CPD_Ciberdelitos_30122025.pdf