El Consejo de Protección de Derechos, CPD, del Distrito Metropolitano de Quito, envió una solicitud a la ministra de Salud, Ximena Garzón, para que se lo tome en cuenta en la construcción de las políticas públicas de la Ley que Regula la Interrupción Voluntaria de Embarazo en Caso de Violación. Esto luego de que el viernes 29 de abril entrara en vigencia.
El objetivo es ser parte activa del diseño, elaboración e implementación de la normativa secundaria que permitan una asistencia integral a las víctimas y de esta manera proteger los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres que decidan interrumpir el embarazo de forma voluntaria en caso de violación.
De esta manera, el Consejo de Protección de Derechos busca que el Estado ecuatoriano no re victimice a las niñas, adolescentes y mujeres que sufren por este delito.
Es fundamental la participación de todos para proteger a las víctimas.
