La creciente problemática de las apuestas en videojuegos que afecta a niños y adolescentes es un fenómeno que se ha intensificado tras la pandemia.
Las «cajas de botín» o «loot boxes» se han convertido en una forma encubierta de apuestas dentro de juegos populares como Fornite, FIFA y League of Legends. Estas cajas funcionan como una ruleta virtual: los usuarios pagan dinero real para obtener recompensas aleatorias, imitando peligrosamente la mecánica de los casinos.
Según datos recientes citados por ESET, se proyecta que para 2025 estas cajas generarán más de 20.000 millones de dólares, evidenciando la magnitud del problema.
La situación se agrava por varios factores:
– Los juegos no verifican efectivamente la edad de los usuarios
– No requieren licencias de juego oficiales
– Los influencers promocionan plataformas de apuestas, recibiendo comisiones por las pérdidas de sus seguidores
– Alta accesibilidad desde dispositivos móviles
– Escaso control parental sobre las transacciones
Algunos países ya están tomando medidas. España prohibió el acceso de menores a las cajas de botín, mientras que Reino Unido implementó regulaciones estrictas sobre publicidad de juegos de azar.
Para proteger a los menores, se recomienda a padres y cuidadores:
– Mantener diálogo abierto sobre actividades en línea
– Educar sobre la ludopatía y sus consecuencias
– Analizar críticamente la publicidad de apuestas
– Promover actividades recreativas sin dispositivos
– Modelar un uso equilibrado de la tecnología
El Consejo de Protección de Derechos del DMQ recuerda a padres, madres y tutores su responsabilidad fundamental en garantizar la seguridad y bienestar integral de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales. Si detectan comportamientos adictivos relacionados con videojuegos o apuestas, o cualquier situación que ponga en riesgo el desarrollo saludable de los menores, existen servicios especializados de apoyo psicológico y orientación familiar. Ante casos de vulneración de derechos, estafas o extorsión, es importante presentar la denuncia inmediata ante las autoridades competentes. La protección de nuestras niñas, niños y adolescentes es una responsabilidad compartida.
Para denuncias o información sobre servicios de apoyo, pueden contactar a las Juntas Metropolitanas de Protección de Derechos o llamar al 911 en casos de emergencia.