Cada 1 de junio, Ecuador celebra el ¨Día de la Niñez¨, declarado así en el 2016 por la Asamblea Nacional como un reconocimiento a la ¨diversidad de niñas, niños y adolescentes¨ en nuestro país.
Esta fecha tiene una larga lucha por los derechos de niñas y niños, que inicia en 1956 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante resolución 836 (IX) recomienda que se instituya en todos los países un Día Universal del Niño que ¨se consagre a la fraternidad y a la comprensión entre los niños del mundo entero y se destine a actividades propias para promover los ideales y objetivos de la Carta, así como el bienestar de los niños del mundo, y también a intensificar y extender los esfuerzos de las Naciones Unidas a favor y en nombre de todos los niños del mundo¨.
Desde esa fecha, muchos países adoptaron el 1 de junio, fecha en que se realizó la Conferencia Mundial sobre Bienestar Infantil en 1925, como Día del Niño.
En 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclama la Convención de los Derechos del Niño (CDN) que establece los derechos básicos de todas y todos los niños y las niñas, y las obligaciones de los Estados, la familia y la sociedad, para garantizar el respeto de esos derechos y su disfrute por todos los niños y niñas sin distinción de ningún tipo.
Los derechos para la niñez y adolescencia se establecen sobre cuatro principios básicos y universales: la no discriminación, el interés superior del niño y la niña, la garantía de la supervivencia y desarrollo pleno, y la participación de niñas, niños y adolescentes. Esta Convención es el tratado internacional de derechos humanos más ampliamente ratificado, solamente Estados Unidos y Somalia no lo han ratificado.
En 1990, el Ecuador fue el primer país de la región, y tercero en el mundo en ratificar la CDN, acorde a este compromiso, el país implementa el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia – CONA-, que entra en vigor en 2003; donde se implementa el “Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia”, que organiza la institucionalidad pública y privada; ordena que desde lo local se creen nuevas instituciones para la exigibilidad de derechos, como los consejos cantonales de la niñez y adolescencia- y las juntas cantonales de protección de derechos de niñez y adolescencia -JCPD; e implementa los Juzgados de Niñez y Familia.
Desde entonces, se han dado varios avances: se reconoció la ciudadanía de niños, niñas y adolescentes en la Constitución de 1998; se dictó el Código de la Niñez y Adolescencia en el año 2003 que establece el Sistema de Protección Integral de Niñez y Adolescencia; y en la Constitución actual, se los declaró grupo de atención prioritaria.
Estos avances legales no son suficientes, niñas, niños y adolescentes siempre son las principales víctimas en la sociedad, en nuestro país el Ministerio de Educación[1] reconoció que en el sistema educativo, durante el año 2022, se registraron: 57 suicidios por bullying; 424 estudiantes agredidos por sus propios compañeros; 4.115 víctimas de violencia sexual en el espacio educativo. Esto datos reclaman atención a la negligencia social y educativa en la que se encuentran nuestros niños y niñas.
La ley reconoce que las familias, la sociedad y el estado somos corresponsables de garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, pero le corresponde al estado ecuatorianos cumplir sus deberes constitucionales y compromisos internacionales para proteger a lo más valioso que tiene un país: su recurso humano, que se define con todas sus capacidades mientras somos niños y niñas.
[1] https://www.primicias.ec/noticias/sociedad/estudiantes-suicidios-colegios-violencia/