El Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito (CPD-DMQ) se suma hoy a la conmemoración del Día Mundial de la Naturaleza y Vida Silvestre, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 3 de marzo en referencia a la firma de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) en 1973. Este año, el lema «Plantas medicinales y aromáticas: conservar la salud, el patrimonio natural y los medios de subsistencia» resuena con especial fuerza en una ciudad que enfrenta una pérdida acelerada de su patrimonio natural.

De acuerdo con la Agenda de Protección de Naturaleza y Animales del CPD-DMQ (2019), en el Distrito Metropolitano de Quito se pierden 138 hectáreas de bosque al mes, lo que equivale a 2,2 veces la superficie del parque La Carolina. Esta cifra, inscrita en un país reconocido como uno de los más megadiversos del planeta, evidencia la gravedad de amenazas como la deforestación, la ganadería y agricultura extensivas, la minería y la explotación petrolera, que constituyen las principales presiones sobre los ecosistemas locales.

La crisis climática tiene un rostro urbano y medible. En el DMQ, el transporte y la generación eléctrica representan el 57 % de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), ambas asociadas a la quema de combustibles fósiles; la deforestación y los desechos sólidos aportan, cada uno, un 18 % adicional. Cada día, la ciudad genera 1.870 toneladas de residuos, de los cuales el 57 % son orgánicos y el 24 % son materiales reciclables que podrían reintegrarse al ciclo productivo. Estos números no son estadísticas abstractas: son síntomas de un modelo de vida urbana que aún no ha aprendido a relacionarse con la naturaleza como lo que es, un sujeto de derechos.

Ecuador es pionero en el mundo en reconocer a la naturaleza —o Pacha Mama— como titular de derechos en su Constitución. El artículo 71 establece que «la naturaleza, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos». El artículo 73 obliga al Estado a aplicar medidas de precaución y restricción frente a actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. Este mandato constitucional es la base desde la que el CPD-DMQ ejerce su rol de protección.

«Proteger las plantas medicinales y aromáticas no es solo una causa ambiental: es una causa de salud pública, de justicia cultural y de soberanía de los pueblos. En el DMQ, la naturaleza tiene derechos. Es hora de que también tenga garantías reales.»

El vínculo entre las plantas medicinales, los pueblos indígenas y las comunidades locales es también un asunto de derechos humanos. La Organización Mundial de la Salud reconoce que entre el 70 % y el 95 % de la atención de salud primaria en países en desarrollo depende de la medicina tradicional. A nivel mundial, se cosechan entre 50.000 y 70.000 especies de plantas medicinales y aromáticas, más del 20 % de las cuales ya se encuentran en peligro de extinción según la Lista Roja de la UICN, principalmente por sobreexplotación, pérdida de hábitat y comercio ilícito. En el contexto del DMQ, donde conviven pueblos y nacionalidades indígenas, comunidades afrodescendientes y montubias con saberes ancestrales sobre la flora medicinal, esta pérdida biológica es también una pérdida cultural y humana.

A esta realidad se suma la grave contaminación del sistema hidrográfico del Distrito. Los ríos Machángara, Monjas, San Pedro y Guayllabamba reciben las aguas residuales de la ciudad sin ningún tratamiento previo, siendo el Machángara el afluente más visible y afectado en el entorno urbano. La degradación de las fuentes de agua impacta directamente sobre los ecosistemas que sostienen la vida silvestre y sobre las comunidades que dependen de ellos para su subsistencia.

En este Día Mundial de la Vida Silvestre, el CPD-DMQ hace un llamado a la ciudadanía, a las instituciones y a los tomadores de decisión a reconocer que conservar la naturaleza no es una opción: es una obligación constitucional y un acto de justicia intergeneracional. La protección de las plantas medicinales y aromáticas, de la biodiversidad urbana y rural, y de los saberes tradicionales asociados a ellas, es parte integral de la garantía de los derechos de los diez grupos de atención prioritaria que este Consejo tiene el mandato de proteger.