En el marco de la cuarta sesión extraordinaria del Pleno del Consejo de Protección de Derechos (CPD), se posesionó a 12 nuevos miembros de esta instancia, quienes estarán en funciones por tres años.

La sesión fue presidida por Pabel Muñoz, alcalde de Quito y entre los temas que se abordaron se encuentran:

• Informe final del proceso de selección de representantes de sociedad civil ante el Pleno del CPD del Distrito
• Posesión consejeros representantes de la sociedad civil y entrega de certificados
• Elección de nuevo miembro de la comisión de régimen administrativo

El alcalde señaló que la actual administración incrementó el presupuesto para esta instancia y que el enfoque de derechos se ha incorporado en las herramientas de planificación de la ciudad y expresó: “a quienes participaron en el Consejo de Protección de Derechos, mi admiración y agradecimiento, no suele ser fácil trabajar en participación ciudadana, y más en garantizar derechos”.

El Pleno del CPD está conformado por 12 delegados de organismos del Estado y 12 representantes de los consejos consultivos de derechos del Distrito conformados por la sociedad civil.

El CPD trabaja en favor de los diez grupos de atención prioritaria, que son: Niñas, niños y adolescentes; jóvenes; adultos mayores; diversidades sexo genéricas; mujeres; personas con discapacidad; pueblos y nacionalidades indígenas; afroecuatorianos; movilidad humana; naturaleza y animales.

Diego Sánchez, consejero saliente, dijo «gracias señor Alcalde por estar frente a este Consejo, dice mucho de usted y de su trabajo en favor de los derechos. Estos cinco años hemos puesto las bases del trabajo del Consejo”.

Nicole Villafuerte fue nombrada como vicepresidenta del CDP, y en representación del nuevo miembro de la comisión de régimen administrativo, la designación fue para Germán Castillo.

El CPD tiene como atribuciones la creación, observancia y evaluación de la política pública para la garantía de derechos en el DMQ. Se encarga también de la transversalización de enfoques de derecho, inclusión y no discriminación en los servicios y normativas locales; capacitación en temas de derechos, y sensibilización ciudadana alrededor de estas temáticas.

Está integrado por representantes del Gobierno Nacional; delegados del Municipio de Quito y delegados de los gobiernos parroquiales rurales, y; por representantes de los grupos de atención prioritaria, titulares de derechos. Cuenta con personería jurídica y autonomía administrativa, orgánica, funcional y presupuestaria.