La tarde le viernes 10 de marzo de 2023, se realizó la presentación del «Informe de observancia de vulneración de Derechos No.  IA/001/2022», a los diferentes organismos que conforman el Sistema de Protección Integral del DMQ.

Alexandra Ayala Secretaria Ejecutiva (e) del Consejo de Protección de Derechos del DMQ, dio la bienvenida a las y los asistentes. Durante su intervención señalo que, “el informe que se identifica ausencias, fallas y omisiones por parte de los organismos públicos, privados y comunitarios que conforman el Sistema de Protección Integral, esto supone un riesgo para las personas que requieren atención y protección por parte del Estado”.

Cabe destacar que el Código Municipal señala en su artículo 849 que el Sistema de Protección Integral (SPI) está considerado como “un conjunto articulado y coordinado de organismos, entidades, servicios públicos, privados y comunitarios, que definen, ejecutan, controlan y evalúan las políticas, planes, programas y acciones, con el propósito de garantizar la protección integral de las personas en situación de riesgo o vulneración de derechos (…)”.

Por ello, se plantea la necesidad de identificar a los organismos y entidades que conforman el Sistema, y que están en la obligación de protección de derechos frente a las diferentes formas de violencias que se ejercen.

De esta manera se pretende llegar a identificar las dificultades o nudos críticos que limitan la respuesta del Sistema en la protección, atención y restitución de; con el objetivo de plantear planes y proyectos de mejora que beneficien a quienes forman parte de los grupos de atención prioritaria, personas en situación de vulnerabilidad y riesgo, animales y naturaleza, y todos/as quienes por cualquier razón requieran del servicio, apoyo o protección de cualquier organismo del SPI.

El informe señala como principales hallazgos los siguientes:

• Existe desconocimiento sobre las violencias interrelacionadas.
• Dificultades identificadas en los procesos de denuncia (Temor, activación rutas y protocolos ámbito educativo, no se asume la obligación de denunciar casos NNA, solicitud de número de identificación de la presunta persona infractora, falta de mecanismos de denuncia de NNA).
• Confusión de atribuciones entre Consejo de Protección de Derechos y las Juntas Metropolitanas de Protección de Derechos.
• Dificultades en la respuesta de mecanismos de protección frente a casos de violencia contra las mujeres.
• No se da cumplimiento a las sentencias de la Corte Constitucional, sobre todo aquellas relacionadas a la seguridad a mujeres en periodo de embarazo o lactancia
• Desarticulación de los sistemas especializados.
• Debilitamiento del funcionamiento de las casas de salud ante casos de violencia contra las mujeres.
• Aplicación inadecuada de las excepciones del “Pico y Placa” para personas con discapacidad por parte de agentes de tránsito.
• Se desconocen los protocolos institucionales (regularización migratoria, acoso laboral y violencia de género).
• Se desconocen los mecanismos electrónicos para denunciar casos de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar y para solicitar asesoría jurídica
• Desconocimiento de obligaciones y mecanismos de denuncia por parte de personas cuidadoras de animales de compañía.

Para el proceso de elaboración del informe del «Informe de observancia de vulneración de Derechos No.  IA/001/2022», se realizaron las siguientes acciones:

• Recopila información de asesorías técnico-jurídicas, coordinaciones interinstitucionales, elaboración o actualización de Rutas de Protección de Derechos
• Procesamiento de información anual de asesorías técnico-jurídicas, coordinaciones interinstitucionales, elaboración o actualización de Rutas de Protección de Derechos
• Elaboración del informe anual, en el cual se identifica:
  • Grupos en mayor vulnerabilidad y derechos vulnerados
  • Nudos críticos en la respuesta y articulación del Sistema de Protección integral frente amenazas o vulneraciones de derechos
  • Conclusiones
  • Recomendaciones
• Presentación del informe a actores del SPI y seguimiento a los acuerdos que se lleguen.

Con esto se pretende que para el año 2023 se superen los nudos críticos identificados y se garantice los derechos de los grupos de atención prioritaria, personas en situación de vulnerabilidad, animales y naturaleza.