El Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito (CPD) ha concluido con éxito la fase de grupos focales para el seguimiento a la Ruta de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. De esta manera, se completa un ciclo clave en la evaluación integral de esta herramienta de protección de derechos.

Durante los meses de febrero y marzo, se llevaron a cabo cuatro grupos focales. En ellos, participaron diversos actores del Sistema de Protección Integral: delegados de instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, profesionales del ámbito educativo y de salud, representantes de la sociedad civil y miembros de los Consejos Consultivos de Derechos.

Importancia del seguimiento a las rutas de protección

El proceso de seguimiento a las rutas de protección de derechos permite:

• Identificar fortalezas y desafíos en la implementación práctica de los mecanismos de protección.
• Reconocer obstáculos institucionales que enfrentan los diferentes actores del Sistema de Protección Integral (SPI).
• Detectar necesidades de articulación entre los organismos involucrados.
• Recopilar experiencias directas de quienes operan y utilizan las rutas de protección.
• Formular recomendaciones técnicas basadas en evidencia para la optimización de procesos.

Según lo establecido en la planificación institucional, durante el mes de abril se procesarán los hallazgos obtenidos en los grupos focales. Para ello, se aplicarán metodologías de análisis cualitativo, que permitirán sistematizar las experiencias compartidas. Posteriormente, en mayo de 2025, se presentará oficialmente el informe de resultados del seguimiento, que incluirá recomendaciones específicas dirigidas a fortalecer esta herramienta y el SPI.

Beneficios para el Sistema de Protección Integral y la ciudadanía

Los resultados de este proceso de seguimiento buscan mejorar los procedimientos internos en las diferentes instituciones, mejorar la coordinación interinstitucional y optimizar recursos para la atención de casos, con ello las niñas, niños, adolescentes y sus familias podrán acceder de manera más efectiva a mecanismos de protección y restitución de derechos.