el Estado tiene la obligación de detenerla.
En una rueda de prensa del Gabinete Social realizada el 25 de abril de 2023 se revelaron datos tremendamente preocupantes sobre la violencia ejercida hacia las niñas, niños y adolescentes en el sistema educativo y fuera de él.
Según el Ministerio de Educación, en 2022 hubo 4.115 víctimas de violencia sexual. La ministra María Brown explicó que se considera violencia sexual desde las agresiones verbales hasta violaciones.
Por otro lado, 57 estudiantes se suicidaron en 2022, 22 de estas muertes se produjeron en alumnos de entre 15 a 18 años.
En este contexto, el Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito, en cumplimiento de sus atribuciones y competencias:
EXPRESA su profunda preocupación por la escalada de violencia hacia la población más vulnerable.
CONMINA al Ministerio de Educación, a través de su máxima autoridad, a cumplir la RESOLUCIÓN No 001 – 2023 – JMPDNA – ZC – ZQ – ZCAL – ZLD emanada por las Juntas Metropolitanas de Protección a la Niñez y Adolescencia, el pasado 17 de abril del año en curso, mediante la cual disponen a dicho Ministerio a “coordinar la instalación de una mesa técnica interinstitucional e interdisciplinaria de educación, para el diseño e implementación de un Plan Distrital para la Erradicación de la Violencia en el Sistema Educativo en el DMQ”.
EXHORTA al Ministerio de Educación a realizar intervenciones urgentes, expeditas y eficientes en las instituciones educativas en las que se han denunciado supuestos hechos de violencia sexual hacia niños y niñas; así como en aquellas instituciones en las que se han evidenciado hechos de acoso, violencia entre pares, entre otros. Todo esto en el marco de elaboración de un Plan Integral para prevenir, atender y proteger a las niñas, niños y adolescentes de toda forma de violencia, aplicar los protocolos correspondientes y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la responsabilidad de asegurar la protección y bienestar de este grupo poblacional.
RECUERDA a las autoridades educativas que las Resoluciones de las Juntas de Protección de Derechos son de cumplimiento obligatorio, de acuerdo a lo establecido en la Constitución, el Código de la Niñez y Adolescencia y demás normativa conexa; y que la Constitución de la República del Ecuador, Art. 347, num.6, establece que será responsabilidad del Estado: “erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los estudiantes.
EXHORTA al Estado a destinar los recursos económicos que requiere el Ministerio de Educación para implementar las políticas públicas que permitan prevenir y erradicar las violencias instaladas en las instituciones educativas, así como garantizar los derechos de sus estudiantes, principalmente aquellos relacionados con su integridad, dignidad y salud mental.
CONMINA a la Fiscalía General del Estado a atender con celeridad y eficiencia todos los casos de violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes denunciados, a fin de cumplir con lo establecido en la Constitución y leyes vigentes.
El Consejo de Protección de Derechos continuará vigilante del cumplimiento de las políticas públicas que garanticen la prevención de todo tipo de violencia hacia las niñas, niños y adolescentes, su protección y reparación integral.
AMPARITO NARVÁEZ BLANCA ORTIZ
PRESIDENTA DEL CPD VICEPRESIDENTA DEL CPD