“la mujer es la proletaria del proletariado […] hasta el

más oprimido de los hombres quiere

oprimir a otro ser: su mujer”.

 Flora Tristán, 1842.

A lo largo de la historia, la democracia como régimen político se ha caracterizado por ser elitista, jerárquico y con un sentido de ciudadanía restrictivo, que se modificó en el siglo XIX por las luchas de la clase trabajadora y movimiento feminista de EE. UU y Europa, sobresalen los aportes de Mary Wollstonecraft y John Stuart Mill, quienes planteaban que, si el objetivo es liberar a la humanidad, esta liberación no será completa, sin la liberación de la mujer.  Así, solo hasta el siglo XX, se extendió el sufragio para la mayoría de mujeres en Europa.  Y en 1924, la ecuatoriana Matilde Hidalgo se convertiría en la primera mujer de América Latina en votar en una elección nacional y también la primera ecuatoriana en obtener un doctorado en medicina.

Las luchas del movimiento feminista, en sus diferentes corrientes, contextos y épocas, han planteado la reinvindación de la autonomía femenina, un cambio en las relaciones sociales basadas en las asimetrías de poder que producen opresión y menoscabo de los derechos especialmente de las mujeres, diversidades sexo genéricas y también de los varones. El movimiento feminista ha luchado por el derecho al voto, la participación política, el ingreso y la mejora de la educación, mejores condiciones laborales, equidad salarial, no explotación laboral, redistribución de las tareas de cuidado, entre otros.

A partir de 1975, Naciones Unidas empezó a conmemorar el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer (2 años más tarde proclamado por Asamblea) en memoria de las mujeres trabajadoras de la Fábrica Triangle ubicada en Nueva York.  El 25 de marzo de  1911, 146 mujeres trabajadoras de dicha fábrica murieron demandando mejoras de sus condiciones laborales. La mayoría eran migrantes provenientes de Europa del Este e Italia, entre 14 y 48 años.  Este lamentable y repudiable hecho configuró la historia del trabajo en el mundo, y nuestra existencia como actoras políticas.

En el Ecuador las luchas de las mujeres diversas se han traducido en el reconocimiento de nuestros derechos a nivel constitucional y reformas en la arquitectura institucional. Sin embargo, las condiciones de vida de las mujeres y diversidades sexo genéricas continúan presentado los indicadores más dramáticos a nivel nacional y local. De acuerdo, con datos del INEC:

  • Las mujeres poseemos mayor desempleo a nivel nacional (5,1%) respecto de los hombres (3,8%). (ENEMDU 2022)
  • 65 de cada 100 mujeres en el Ecuador, hemos experimentado por lo menos un hecho de algún tipo de violencia en alguno de los distintos ámbitos a lo largo de su vida, donde las mujeres afroecuatorianas y pertenecientes a pueblos indígenas poseen los porcentajes más altos, 8% y 64 % respectivamente (ENVIGMU 2019)
  • Las provincias en donde se registran los porcentajes más altos de violencia, en los últimos 12 meses, son: Azuay 46,2 %; Morona Santiago 46,1 % y Pichincha 37,8 %. (ENVIGMU 2019)

De acuerdo con datos de Fundación ALDEA, en el Ecuador del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, sociedad civil registra 332 casos de muertes violentas de mujeres por razones de género. Cada 26 horas ocurrió un feminicidio.

Otra problemática que, se enmarca en la desigualdad estructural, que vivimos las mujeres, y podría profundizarse en el futuro es la brecha digital que experimentamos respecto de los hombres. Se estima que para el 2050 a nivel mundial, el 75% del empleo estará automatizado. En la actualidad, las mujeres registramos un menor acceso al internet respecto de los hombres (48% y 55% respectivamente); además, estamos sub representadas en ocupaciones vinculadas a la ciencia y tecnología, lo cual impacta en menores posibilidades de intercambiar conocimiento e información; y, con ello, experimentar mayores limitaciones para el ejercicio de los derechos. (ONU-Cepal, 2022).

En este contexto, el Consejo de Protección de Derechos del DMQ, el Consejo de las Diversidades, en el Día Internacional de la Mujer, reconoce y conmemora la lucha histórica de las mujeres y diversidades sexo genéricas a nivel nacional y local, su participación política y protesta social han contribuido al fortalecimiento de los derechos humanos y de la naturaleza en la región. Y, a su vez, interpela al Estado, en sus diferentes niveles de gobierno, a formular e implementar políticas públicas, programas y servicios con enfoque de derechos, considerando la exclusión y discriminación a la que se enfrentan de manera sistemática las mujeres y diversidades sexo genéricas y que se profundizan en función de la clase social, etnia, edad, entre otras variables. A su vez, motiva al Estado a desarrollar alianzas estratégicas con el sector privado encaminadas al cierre de la brecha digital en función del género con énfasis en el sector rural.  Finalmente, hace un llamado a la sociedad en general a construir sociedades no violentas, que promuevan nuevas masculinidades que aporten a la equidad social.