Frente a la crisis socioeconómica que vive el país debido a la inflación, falta de empleo, precarización de la salud, educación, protección especial, inseguridad y otras situaciones que afectan a grandes sectores de la sociedad, principalmente a aquellos que se encuentran en situación de pobreza y extrema pobreza, el pasado lunes 13 de junio se iniciaron una serie de movilizaciones sociales, con las consecuentes respuestas de las fuerzas públicas que ponen en riesgo la integridad de los ciudadanos y ciudadanas que participan de estos hechos, particularmente de estudiantes secundarios que han decidido sumarse a las expresiones de descontento social. Además, no se puede dejar de mencionar, la situación de peligro en que se puso a aquellos niños, niñas y adolescentes que tuvieron que seguir asistiendo a sus unidades educativas a pesar del peligro, contra su integridad física, en el que se les ponía, para acatar las medidas dictadas por el Ministerio de Educación

La Constitución de la República del Ecuador, art. 98, reconoce que “los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos”; por lo que la protesta social se convierte en el mecanismo socialmente legitimado para ejercer este derecho. Por su parte, el art. 11, numeral 9, de la norma suprema determina que “el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución”.

En cuanto a los niños, niñas y adolescentes, es importante recordar que de acuerdo al art. 35 de la norma suprema son un grupo de atención prioritaria y, por lo tanto, tienen derecho a una protección especial y reforzada. También no hay que olvidar que, desde el Principio de Prioridad Absoluta, amparado en el Artículo 12 del Código de Niñez y Adolescencia: “En caso de conflicto, los derechos de los niños, niñas y adolescentes prevalecen sobre los derechos de los demás.” Así como el art. 14 del mismo cuerpo legal que determina que: Ninguna autoridad judicial o administrativa podrá invocar falta o insuficiencia de norma o procedimiento expreso para justificar la violación o desconocimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes…” Obligando, este mismo cuerpo normativo en su artículo 50, al Estado a pensar en la integridad personal de la niñez y adolescencia “Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán ser sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes”, esto en concordancia con el Artículo 66, literal 3, acápite a) de nuestra Constitución.

Frente a este mandato constitucional, la respuesta del Estado -garante de derechos y justicia- debe ser de respeto al ejercicio de este derecho y de previsión de cualquier acto de violencia surgido desde las fuerzas públicas; poner en riesgo la seguridad de los estudiantes de un Colegio de la ciudad con la presencia de las fuerzas públicas trasladando desde sus instalaciones al principal líder de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas mientras se encontraban en clases es, por lo menos, un acto de irresponsabilidad; al igual que la falta de suspensión planificada de las clases presenciales, o las manifestaciones de violencia protagonizadas en contra de estudiantes y otros ciudadanos y ciudadanas.

Las Juntas Metropolitanas de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia del DMQ el pasado 13 de junio, emitieron una resolución a efectos de salvaguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes que habitan Quito y/o arriben a la misma durante el paro nacional.1

La Defensoría del Pueblo se pronunció en días pasados exhortando al Ministerio de Educación a tomar todas las medidas para proteger y prevenir cualquier situación que ponga en riesgo la integridad y seguridad de las niñas, niños y adolescentes en el contexto de las manifestaciones sociales. En igual forma, exhortó a la Policía Nacional a “actuar con mesura en el marco irrestricto del respeto de los Derechos Humanos (…)”, exhorto al que nos sumamos de manera absoluta.

Como representantes de los Consejos Consultivos de Discapacidad y de la Niñez y Adolescencia del Distrito Metropolitano de Quito:

RECHAZAMOS las mediadas tardías tomadas por el Gobierno Nacional y el Ministerio de Educación que han puesto en riesgo la integridad de niños, niñas y adolescentes a costa de generar una falsa sensación de seguridad en medio de una situación conflictiva de carácter nacional, sobre todo cuando no se han dado las garantías necesarias para precautelar su integridad y tomando las decisiones de suspensión a destiempo, cuando ya los alumnos/as se encontraban en medio de clases, y en riesgo inminente .

REQUERIMOS al Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Ministerio de Educación, Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Organizaciones Sociales, a las dirigencias de las Organizaciones Sociales Indígenas, a padres, madres, cuidadores y a la sociedad que habita el Distrito Metropolitano de Quito a tomar en cuenta y dar cumplimiento a la Resolución No.003- 2022- JMPDNA-ZQ-ZC-ZCA-ZD del 13 de junio del 2022, emitida por las Juntas Metropolitanas de Protección de Derechos de la Niñez y la Adolescencia tendiente a precautelar los derechos de las niñas, niños y adolescentes que habitan Quito durante las protestas.

CONMINAMOS a la Secretaría de Derechos Humanos, Consejos Nacionales para la Igualdad, Defensoría del Pueblo, a estar vigilantes de que las acciones de las fuerzas públicas se enmarquen en el enfoque de derechos y garantía de la seguridad ciudadana.

EXIGIMOS al Gobierno a tender puentes de diálogo y establecer acuerdos para sacar al país de la crisis social y económica en la que se encuentra, a fin de proteger la integridad, la vida y el bienestar de las familias ecuatorianas, principalmente de las que se encuentran en situación de pobreza, pobreza extrema, exclusión, así como de las personas pertenecientes a los grupos de atención prioritaria, en situación de riesgo y vulnerabilidad.

CONVOCAMOS a la ciudadanía a ejercer el derecho a la protesta social en el marco de expresiones pacíficas.

RECORDAMOS a la sociedad en su conjunto que protestar y resistir son derechos consagrados en nuestra Constitución y son importantes porque permiten reclamar y hacer realidad muchos otros derechos, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales. Al tiempo que rescata la voz de las personas y grupos sociales históricamente marginados y excluidos. Siendo obligación del Estado promover su ejercicio, velando siempre por salvaguardar los derechos de quienes se manifiestan, en especial de nuestros grupos de atención prioritaria, evitando a toda costa el uso de la fuerza o utilizando la fuerza mínima necesaria cuando es estrictamente necesario.

La ciudadanía organizada se mantendrá vigilante de todas las acciones que se desarrollen en el contexto de las movilizaciones sociales, en observancia del cumplimiento de derechos en el Distrito Metropolitano de Quito.

Sybel Martínez

Consejo Consultivo Niñez y Adolescencia

 Elsa del Carmen Goyes

Consejo Consultivo Personas con Discapacidad

 Ivonne Alvarado

Consejo Consultivo Personas con Discapacidad

1 https://twitter.com/DerechosQuito/status/1536741742430535680?s=20&t=zt5zuBLg9MJCXgbzOUqf2Q