El COVID-19 ha profundizado las desigualdades y colocado en una situación crítica a los grupos vulnerables. Las personas con discapacidad son algunas de las más afectadas. La crisis sanitaria pone en evidencia la obligación de incluirlos/as en las medidas de política pública que se tomen al respecto.

Se estima que alrededor de 1000 millones de personas viven con algún tipo de discapacidad en el mundo. A lo largo del tiempo ellos/as y sus familias han sido víctimas de discriminación. Antes de la pandemia ya vivían realidades de pobreza, exclusión y violencia.

Según la OMS las personas con discapacidad pueden tener un mayor riesgo de contraer COVID-19 debido a diferentes factores, como limitaciones al momento de aplicar algunas medidas necesarias de higiene, la imposibilidad de mantener el distanciamiento físico ya que dependen de sus cuidadores, la necesidad de tocar objetos debido a limitaciones de visión, entre otras realidades. Sin embargo, algunos de los principales obstáculos para las personas con discapacidad en la pandemia actual es el acceso a la información y a la salud pública, así como su vulnerabilidad frente a condiciones preexistentes que los/las exponen a un más riesgo más alto de enfermedad y muerte.

Frente a esta situación varias organizaciones alrededor del mundo han exigido a los gobiernos tomar medidas apropiadas para garantizar el acceso y atención de las personas con discapacidad, considerando sus realidades y necesidades, incluyendo los servicios de salud mental. Esta demanda se vuelve irrealizable al no existir estadísticas claras y actuales que demuestren las condiciones en la que viven.

Según la CEPAL el aplicar medidas y políticas contra el COVID19, sin considerar las particularidades de este grupo, provoca varias vulneraciones en sus derechos, que muchas veces pone en peligro la vida de las personas con discapacidad. Quienes viven solos/as en ciudades que se encuentran bajo disposición de cuarentena o aislamiento, pueden verse imposibilitados de tener una vida digna y enfrentar problemas salud mental; los tratamientos se ven interrumpidos agravando su salud y poniendo en riesgo su independencia. Las  redes de apoyo se debilitan y el escaso acceso a las tecnologías los/as mantienen aislados/as y vulnerables.

Respetar y reflexionar sobre los principios de no discriminación, igualdad de oportunidades y accesibilidad establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad resulta un pilar fundamental en la gestión que se le dé a la emergencia sanitaria a todo nivel, y podría significar un punto de partida para construir un sistema más inclusivo.