El pasado viernes 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, el ciudadano J. Ocles denunció en redes sociales sobre las acciones de maltrato de parte de miembros de la Policía Nacional. Según su relato, ampliado el día lunes 13 de diciembre en un medio de comunicación digital[1], su relato establece que fue a retirar dinero de un cajero y, al tomar una foto, habría sido abordado por dos policías que no vestían uniforme policial, y sin mediar explicación, le habrían solicitado sus documentos y advertido que le van a requisar; posteriormente, según su denuncia, le habrían agredido, roto su camiseta, retirado el celular, lanzado al piso y colocado el pie en su cuello. Es esposado y trasladado a una UPC cercana, donde, habrían continuado con los maltratos. El relato continúa señalando que llegó el gerente del Banco Internacional quien habría expresado que “era sospechoso porque en la mañana hubo un intento de robo en el banco”. Al no encontrarle ninguna responsabilidad, le habrían pedido que se retire de la UPC, sin presentarle ninguna disculpa.

Cabe señalar que su en su relato también señaló varias agresiones recibidas que hacían referencia a expresiones xenófobas, las cuales incluso fueron realizadas por personas que transitaban y veían el acto de violento sumándose al  mismo con expresiones descalificadoras, racistas y denigrantes.

Al día siguiente, en un Comunicado Oficial de la Policía Nacional, emitido el 11 de diciembre, se señala: “La Policía Nacional del Ecuador informa a la opinión pública, que ante la difusión en redes sociales de los hechos ocurridos con un ciudadano el viernes 10 de diciembre en el norte de Quito se realizarán las investigaciones internas administrativas con la finalidad de esclarecer este procedimiento policial. La Institución reitera que sus actuaciones son transparentes y enmarcadas en la normativa legal vigente, con irrestricto respeto a los derechos humanos, en cumplimiento a nuestra misión constitucional de garantizar el orden y velar por la convivencia social y pacífica, en todo el país[2].

Los hechos relatados son inaceptables y evidencian la agresión sufrida por una persona afro ecuatoriana por su etnia y amplificados al creerlo extranjero; lo cual constituye una forma evidente de abuso de poder, fuera de la normativa legal vigente e irrespetando los derechos humanos; en contraposición a lo afirmado en el comunicado de la entidad policial. Los hechos dejan en evidencia una de las formas más naturalizadas de racismo estructural e institucional y discriminación a las personas afrodescendientes y migrantes. Hay que recordar que no es la primera vez que en Quito se da un hecho de violencia en contra de personas afroecuatoriana. A finales de marzo del presente año un grupo de jóvenes afroecuatorianos fue agredido sin razón alguna, hecho que motivó que este Consejo se pronuncie rechazando lo ocurrido (https://proteccionderechosquito.gob.ec/2021/04/01/11903575/).

Al respecto, la Constitución de la República del Ecuador consagra al país como un Estado de derechos y justicia (artículo 1), lo cual implica que su fin primordial es garantizar, sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales (artículo 3.1), incluyendo el derecho de todas las personas a una vida digna, libre de violencia (artículo 66.3). En ese sentido, toda acción que atente contra los derechos humanos es inconstitucional y el Estado tendrá la obligación de reparar integralmente a las personas que hayan sido vulnerados sus derechos (artículo 11.9). El pueblo afrodescendiente, en este sentido, según el artículo 21 de la Constitución, tiene derecho a construir y mantener su propia identidad cultural y a no ser objeto de violencia racial.

Esta disposición, tiene concordancia con el artículo 11 de la Constitución, mismo que señala que “todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades”; y que ninguna persona será discriminada entre otras razones, por su lugar de nacimiento, ni por cualquier otra distinción personal o colectiva que tenga por objeto menoscabar el ejercicio de derechos.

En este hilo conductor, el artículo 2 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial dispone a los Estados establecer políticas para la eliminación de toda forma de discriminación, entre las que se encuentran aquellas que puedan ser proferidas por servidores públicos, como los agentes de las fuerzas de seguridad. “En la misma línea, la Declaración de Durban establece la importancia de que los Estados impulsen acciones en contra del Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, y reafirma enérgicamente que es requisito ineludible de justicia que se dé acceso a la justicia a las víctimas de violaciones de los derechos humanos resultantes del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas de intolerancia”[3].

Por su parte, el artículo 158 de la Constitución establece que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, son instituciones de protección de derechos y respetarán la dignidad y los derechos de las personas, sin discriminación alguna, y con apego irrestricto al ordenamiento jurídico.

El Código Orgánico De Las Entidades De Seguridad Ciudadana y Orden Público (Julio de 2020) establece responsabilidades concretas de los/as funcionarios/as encargados/as de hacer cumplir la ley en relación con la protección de los derechos y la dignidad humana, el uso de la fuerza, la prohibición de la tortura, la obediencia debida. Así, el artículo 6, numeral 8, señala entre las características de las entidades de seguridad: “Privilegiarán las tareas y el proceder preventivo y disuasivo antes que el uso de la fuerza, procurando siempre preservar la vida, integridad y libertad de las personas” Y, entre las Prohibiciones: “Están prohibidos para los y las funcionarios/as policiales todos los actos violentos, de depredación y nocivos (artículo 1)”.

Finalmente, cabe señalar que el artículo 177 del Código Orgánico Integral Penal tipifica los actos de odio y señala que la persona que cometa actos de violencia física o psicológica de odio, contra una o más personas -entre otras razones- por su nacionalidad, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

Por todo lo señalado, el Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito, en cumplimiento de sus competencias y atribuciones:

RECHAZA este nuevo acto de racismo estructural e institucional, los actos de violencia, de intimidación, e ilegales ejercidos en días pasados sobre sobre un ciudadano afro ecuatoriano por parte de servidores públicos pertenecientes a la Policía Nacional.

EXIGE al Estado cumplir con su responsabilidad constitucional de proteger y garantizar los derechos humanos, implementando políticas que permitan educar con enfoque en derechos humanos con prioridad en el combate de todas las formas de violencia y discriminación, para el fomento de la inclusión, el respeto y la igualdad real a los servidores públicos a todas las instancias públicas principalmente a la fuerza pública, y en el irrestricto cumplimiento de sus funciones, que implican la garantía, protección, promoción y el respeto de los derechos humanos; así como sancionar a quienes vulneren derechos y no enmarquen su accionar en los preceptos constitucionales y demás normativa nacional e internacional vigente, particularmente en la lucha contra el racismo, la xenofobia y la discriminación.

INSTA a la Policía para que sus investigaciones e informes sean exhaustivos a fin de evidenciar prácticas naturalizadas dentro de las labores de los miembros de la fuerza policial a fin de que se puedan erradicar de sus cotidianidades dichos procedimientos racistas y xenófobos.

EXIGE a la Policía Nacional como al gerente del Banco Internacional realizar las disculpas públicas necesarias en el marco de reparación de derechos, como a fortalecer los procesos para erradicar prácticas racistas y xenófobas.

CONMINA a la Defensoría del Pueblo, al Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades, a la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades, y a la Secretaría de Derechos Humanos, a realizar las acciones correspondientes, en el marco de sus competencias para evitar prevenir que vuelvan a suceder hechos de discriminación, como a generar políticas públicas para la consolidar el Plan Pluri Nacional para eliminar la discriminación racial y la exclusión étnica y cultural , la lucha contra el racismo, la xenofobia, y el irrespeto de los derechos humanos.

CONVOCA a la ciudadanía, en general, a rechazar todo acto de violencia y, discriminación, a no naturalizarlos, alentarlos y a no erradicar expresiones racistas, xenófobas, discriminatorias y abusivas de volver a presenciar un hecho como el denunciado. A contribuir y participar en la construcción de una cultura sociedad multiétnica, intercultural y libre de violencias, de respeto, convivencia pacífica e inclusiva y de derechos para todos, y todas y todes quienes habitamos en el Distrito Metropolitano de Quito

Este Consejo seguirá vigilante de todas las medidas que se tomen para garantizar la protección, la integridad y el respeto de la población que habita en el Distrito Metropolitano de Quito.

 

Gissela Chalá Reinoso                                              Sybel Martínez Reinoso

PRESIDENTA DEL CPD                                         VICEPRESIDENTA DEL CPD

DELEGADA DEL ALCALDE

[1] https://www.facebook.com/radio.sonorama/videos/252796596786735/

[2] https://twitter.com/PoliciaEcuador/status/1469728417142775809?ref_src=twsrc%5Etfw

[3] CPD, Pronunciamiento Violencia Racial Por Parte de Representantes del Estado garante de Derechos, 2021

Documento PDF: DERECHOS HUMANOS Y VULNERACIONES ESTATALES