En el Día de la No Violencia Contra la Mujer, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos[1] denunció que desde hace 11 meses el Ministerio de Inclusión Social (MIES) no  ha trasferido recursos y tampoco se ha regularizado su situación; alertando del riesgo inminente de suspender sus servicios en la Casa de Protección. Advirtieron, adicionalmente, que “la garantía y cumplimiento de los derechos humanos se transforma en un proceso desgastante, indignante e inhumano”. En situación similar estarían otras organizaciones, como la Fundación Jóvenes contra el Cáncer[2], cuyos servicios se encuentran en riesgo.

La falta de recursos que esta cartera de Estado provee, afecta directamente a servicios que benefician a personas consideradas como grupos de atención prioritaria, lo cual es contrario a lo dispuesto en la Constitución de la República e instrumentos internacionales ratificados por el Estado ecuatoriano.

El mandato constitucional no es opcional, obliga al Estado a adoptar las medidas necesarias para atender a las víctimas de violencia, más aún cuando son, niñas, niños, y adolescentes, quienes deben ser atendidos bajo el principio del interés superior.

En los últimos años el Ecuador suscribió diferentes instrumentos internacionales, como el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular (2018) que determina que se establezcan medidas adecuadas para la reducción de vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes, lo que incluye su inclusión en sistemas de protección donde se garantice su atención adecuada para casos de trata de personas. Posteriormente se sumó al Pacto Mundial sobre Refugiados (2018), que hace referencia a la necesidad de atender la vulnerabilidad específica de niñas y niños víctimas de trata. Con estos antecedentes se establece el Plan de Acción contra la Trata de Personas 2019 – 2030.

Resulta contradictorio que la denuncia de la Fundación se produce en el contexto de la campaña De La Indignación A la Acción[3] anunciada por el Gobierno Nacional, que ofrece concientizar que mujeres, niñas y adolescentes crezcan con seguridad, bienestar y paz, libres de cualquier tipo de violencia. 

 Precisamente, la falta de solución a los problemas de los convenios con el Ministerio de Inclusión, y la asignación de recursos necesarios para su funcionamiento está reconocido como un ámbito de violencia según la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que en su Art 12, numeral 5, señala:

  1. Estatal e institucional.- Comprende el contexto en el que la violencia es ejecutada en el ejercicio de la potestad estatal, de manera expresa o tácita y que se traduce en acciones u omisiones, provenientes del Estado. Comprende toda acción u omisión de instituciones, personas jurídicas, servidoras y servidores públicos o de personal de instituciones privadas; y, de todo tipo de colectivo u organización, que incumpliendo sus responsabilidades en el ejercicio de sus funciones, retarden, obstaculicen o impidan que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y a sus servicios derivados; y, a que ejerzan los derechos previstos en esta Ley;

Este Consejo ya se pronunció el 25 de abril de 2020[4] porque el Gobierno de ese entonces,  no cumplía con sus obligaciones y dejaba a las Casas de Acogida en absoluta indefensión; reiterando este mismo exhorto el 24 de septiembre de 2020[5] por la falta de asignación de recursos a los servicios de atención a niñas, niños, adolescentes, adulto/as mayores que pone en riesgo su vida e integridad, y vulnera los derechos laborales de los/as trabajadores vinculados a los servicios del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Los retrasos y falta de pago siguen poniendo en jaque a los prestadores de servicios.

Por todo lo señalado, el Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito, en cumplimiento de sus competencias y atribuciones:

 DEMANDA del Estado ecuatoriano implemente todo mecanismo de coordinación y articulación interinstitucional en sus niveles para la atención integral y especializada a víctimas de violencia,  y ejecute con eficacia sus atribuciones para garantizar el cumplimiento de derechos, principalmente de los grupos de atención prioritaria, a través de las políticas y acciones con los recursos necesarios para este fin;

EXIGE al Ministerio de Inclusión Económica y Social y a la Secretaría de Derechos Humanos,  cumplir con su responsabilidad constitucional de proteger y garantizar los derechos humanos, implementando políticas integrales que faciliten el ejercicio de derechos; además de dar cumplimiento, a sus obligaciones con los prestadores de servicios que acogen a los grupos de atención prioritaria.

EXHORTA a las Instituciones parte del Comité Interinstitucional del Plan de Acción contra la Trata de Personas en Ecuador: Ministerio de Gobierno; Ministerio de Educación; Ministerio de Inclusión Social; Secretaría de Derechos Humanos; Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana; Ministerio del Trabajo; Ministerio de Salud Pública; Ministerio de Turismo; Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación; Secretaria General de Comunicación; Consejo de la Judicatura; Fiscalía General del Estado; Defensoría del Pueblo, realicen un seguimiento y evaluación de este Plan para que cumpla su finalidad y se promueva los servicios necesarios para la garantía de derechos de las víctimas de trata.

RECUERDA al Gobierno Nacional que el Estado tiene las obligaciones ineludibles de promover, proteger, garantizar y respetar los derechos humanos de los grupos de atención prioritaria, en especial de quienes viven una situación de doble vulnerabilidad, como son las mujeres, niñas y adolescentes víctimas de trata.

CONVOCA a todas las instituciones públicas, privadas y comunitarias, que forman parte del Sistema de Protección Integral, a realizar la vigilancia y exigibilidad para proteger los derechos de los grupos de atención prioritaria, única manera de promover una sociedad inclusiva y digna.

 

Este Consejo seguirá vigilante de todas las medidas que se tomen para garantizar la protección, la integridad y el respeto de la población que habita en el Distrito Metropolitano de Quito.

 

Gissela Chalá Reinoso                                              Sybel Martínez Reinoso

PRESIDENTA DEL CPD                                          VICEPRESIDENTA DEL CPD

DELEGADA DEL ALCALDE

 

 

[1] https://twitter.com/DDHH_Alianza/status/1466526954601996290?t=I485AZHSFM-Q9DCXElrh8g&s=08

[2][2] https://www.elcomercio.com/actualidad/planton-jovenes-contra-cancer-falta-pagos-quito.html

[3] https://www.delaindignacionalaaccion.gob.ec/

[4] https://proteccionderechosquito.gob.ec/2020/04/25/8780706/

[5] https://proteccionderechosquito.gob.ec/2020/09/24/10140892/

 

PRONUNCIAMIENTO GARANTIZAR LA PROTECCION VICTIMAS DE TRATA.docx