A partir de hoy, 15 de octubre, se iniciará los operativos de intervención en el Centro Histórico, el Dr. Santiago Guarderas, Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) lo anunció, mencionando que esta intervención  iniciará con un  proceso de socialización y sensibilización con los comerciantes, trabajadoras sexuales y habitantes de calle, “porque hay un patrimonio que rescatar”[1].

Si bien la actuación en el Centro Histórico es relevante como política pública para incentivar el turismo como principal eje de la reactivación económica,  la recuperación y mantenimiento de su arquitectura protegida  y otros patrimonios intangibles; es necesario comprender que a partir de la crisis económica y sanitaria ha incrementado el desempleo, la pobreza, y la exclusión, sin una respuesta efectiva del Estado para enfrentarlo. Las ciudades ponen en evidencia esta situación lacerante que se visibiliza en los espacios públicos del DMQ, que han sido ocupados e incluso están habitados por personas que se encuentran en situación de riesgo y/o de doble o triple vulnerabilidad, debido a su situación de exclusión familiar y social, y muchos de ellos son: niñas, niños, adolescentes, adultos/as mayores, personas con discapacidad, personas en situación de movilidad humana, entre otros, por lo que toda intervención que se efectúe en el marco del anuncio realizado deberá priorizar el enfoque de derechos y garantías constitucionales.

De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador (2008, art.1) el Estado ecuatoriano es un Estado de derechos, su fin primordial es la garantía del ejercicio de derechos de todas y todos sus habitantes (art. 3) y debe prestar especial atención y protección a los grupos de atención prioritaria señalados en el artículo 35 de la Constitución, entre los que se encuentran las personas en situación de vulnerabilidad señalados anteriormente.

Adicionalmente, el art. 31 de la Constitución consagra el derecho a la ciudad -uno de los menos observados y ejercidos- a través del cual “Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de esta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía.”. Es fundamental observar este postulado constitucional que orienta a una concepción de ciudad y espacio territorial democrático, que proteja e incluya a todos sus habitantes, que anteponga la consideración de justicia social y respeto a la diversidad, lo que implica que en el espacio territorial que habitamos se garanticen todas las condiciones para el ejercicio de los derechos humanos, principalmente de aquellos relacionados con la vida digna de todos sus habitantes.

En este sentido, “toda intervención que se realice para la recuperación del Centro Histórico” deberá orientarse priorizando por el respeto de los derechos humanos de las comunidades y personas habitantes de calle, considerando que a partir de la pandemia y la crisis económica y social sufren de esta forma de exclusión, y que es responsabilidad fundamental del Estado, en corresponsabilidad con  la sociedad, la protección e inclusión y reparaciones para  esta población.

Por lo expuesto, en cumplimiento de nuestras atribuciones y competencias, el Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito:

  • INSTA al Ministerio de Inclusión Económica y Social, al Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Relaciones Exteriores, y otros involucrados, a que en el marco de sus competencias definan políticas públicas, reactiven los servicios y atiendan prioritariamente las necesidades de las personas y grupos de atención prioritaria durante las intervenciones municipales.

 

  • EXHORTA al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a través de todas sus instancias, a garantizar que en la ejecución de las intervenciones en el Centro Histórico se observe estrictamente el respeto de los derechos humanos consagrados en la Constitución, instrumentos internacionales, normativa nacional y local.

 

  • CONVOCA a las distintas entidades que conforman el Sistema de Protección Integral del DMQ, especialmente al Ministerio de Inclusión Económica y Social, Secretaría de Inclusión Social, Secretaría de Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo, Juntas Metropolitanas de Protección de Derechos a actuar de forma preventiva ante cualquier situación que amenace con vulnerar derechos de las comunidades y personas habitantes de calle.

 

  • CONVOCA a las organizaciones sociales a activar mecanismos de control social para la protección de derechos de las personas en situación de riesgo, y/o vulnerabilidad que habitan el Centro Histórico.

 

  • INVITA a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general a evitar la estigmatización promoviendo el respeto de los derechos humanos, y el trato digno a las comunidades y personas habitantes de calle.

Finalmente, este Consejo de Protección de Derechos acompañará durante este proceso y continuará promoviendo los derechos humanos y de la naturaleza y animales.

 

Gissela Chalá  Reinoso                                        Sybel Martínez Reinoso

                                                                                                        PRESIDENTA DELEGADA                     VICEPRESIDENTA CPD

                                                                                                        DEL ALCALDE AL CDP

[1] https://www.elcomercio.com/actualidad/quito/guarderas-intervencion-centro-historico-obras.html