La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 47/196 de 22 de diciembre de 1992, decide declarar al 17 de octubre como el Día Internacional para la erradicación de la pobreza, la resolución reconoce que la erradiciación de la pobreza y la indigencia en todos los países, en particular en los países en desarrollo es una prioridad.

En el Ecuador, el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) publicó en julio del presente año los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) Pobreza y Desigualdad, en la que se evidencia que la pobreza por ingresos, a nivel nacional, en junio de 2021, se ubica en 32,2%; que la pobreza urbana es del 24,2%, y la pobreza en el área rural asciende al 49,2%. En relación a la pobreza extrema el estudio señala que ésta se ubica, a nivel nacional, en el 14,7%; siendo en el área urbana de 8,4% y de 28,0% en el área rural, lo que da cuenta no sólo de la situación crítica de pobreza que enfrenta nuestro país sino de las profundas brechas de desigualdad existentes entre lo urbano y lo rural. Estas cifras porcentuales, según el estudio en mención, significan que en Ecuador cerca de 5,7 millones de personas están en condición de pobreza y, de éstas, alrededor de 2,6 millones viven en la pobreza extrema[1].

De acuerdo a los indicadores socio económicos, se considera a una persona pobre si percibe un ingreso familiar per cápita inferior a 84,71 dólares mensuales, o lo que equivale a 2,8 dólares al día. Y una persona está en condición de pobreza extrema cuando percibe menos de 47,37 dólares al mes, o lo que es igual a 1,6 dólares al día. Los ingresos per cápita se calculan sumando todos los ingresos de un hogar y dividiendo el total para el número de personas que lo integran[2].

En este contexto de referencia es fácil inferir que la pobreza y pobreza extrema, producto de causas multidimensionales, no sólo impactan en la alimentación de las familias que se encuentran en esta situación, sino en el ejercicio de otros derechos básicos y de desarrollo, como son la salud, la educación, la vivienda segura, el acceso a servicios básicos y otros bienes considerados primordiales para tener una vida digna, siendo los principales afectados los niños, niñas, adolescentes, los adultos/as mayores, las mujeres, principalmente de las zonas rurales. El desempleo, subempleo o empleo inadecuado contribuyen a la reproducción del círculo de la pobreza, con las consecuentes violencias que ésta conlleva: hambre, desnutrición, enfermedades, explotación laboral, explotación sexual, mendicidad, trabajo infantil, entre otras.

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD, “los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), “son un llamado universal a la acción para acabar con la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas disfruten de la paz y la prosperidad”; así, los ODS, principalmente el 1, establece las metas y estrategias que deberán implementarse hasta el 2030 para lograr:

  • Erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo;
  • Reducir la proporción de hombres, mujeres y niños y niñas de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones;
  • Instaurar y/o fortalecer los sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos, con amplia cobertura de los pobres y los más vulnerables;
  • Garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los más vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías y los servicios económicos, incluida la microfinanciación;
  • Fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones vulnerables y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y a otros desastres económicos, sociales y ambientales;
  • Garantizar una movilización importante de recursos procedentes de diversas fuentes, incluso mediante la mejora de la cooperación para el desarrollo, a fin de proporcionar medios suficientes y previsibles para los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, para poner en práctica programas y políticas encaminados a poner fin a la pobreza en todas sus dimensiones;
  • Crear marcos normativos sólidos en el ámbito nacional, regional e internacional, sobre la base de estrategias de desarrollo en favor de los pobres que tengan en cuenta las cuestiones de género, a fin de apoyar la inversión acelerada en medidas para erradicar la pobreza.

En el ámbito local, el Plan de Gobierno 2021-2023, de la actual administración, expresa su compromiso con los ODS 2030 y, sobre la base del artículo 22 del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito que establece los ejes estratégicos de la Administración Metropolitana,  particularmente en el Eje Económico: que impulse una economía productiva, competitiva, diversificada y solidaria que proporcione bienestar a toda la población y genere empleo y trabajo ; y en el Eje Social, que promueva una sociedad equitativa, solidaria e incluyente que respete la diversidad social y cultural, que construya una cultura de paz entre sus habitantes, con acceso a una mejor calidad de vida en educación, salud, seguridad, cultura, recreación y demás, propone líneas de acción a corto plazo con mirada de mediano y largo alcance[3].

Sería de esperarse, entonces, que este 17 de octubre, el Gobierno Nacional y Local reafirmen su compromiso de gobernar teniendo este objetivo como horizonte de sentido, y asumiendo desde el Estado nacional y Local la responsabilidad fundamental de garantes de derechos a través de todas sus acciones; y que éstas tiendan al cierre de brechas económicas y sociales.

[1] INEC, ENEMDU, 2021

[2] Primicias.ec: https://www.primicias.ec/noticias/economia/ecuatorianos-poblacion-condicion-vida-pobreza-estadistica/

[3] Plan de Gobierno 2021-2023, Por un Quito Digno, Santiago Guarderas Izquierdo, Alcalde del DMQ.