23 de agosto de 2021
La pobreza y desigualdad que caracterizan a las sociedades actuales deben ser superadas para lograr la construcción de un mundo consecuente con los derechos de las personas, con la redistribución de la riqueza, la lucha contra todas las formas de discriminación como el racismo, machismo, xenofobia, homofobia, etc. Pero no es posible superar la pobreza y la desigualdad sin el acceso a la educación superior de las personas que se ubican en los estratos de pobreza y extrema pobreza en nuestras sociedades.
Organización de las Naciones Unidas lo expresa claramente cuando plantea los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que entre sus metas establece: “4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria”, esto en el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible Número 4: “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”, todo ello bajo el supuesto que la educación es un mecanismo adecuado para la movilidad socioeconómica ascendente y es fundamental para salir de la pobreza, democratizando el acceso al conocimiento; declaración de la que Ecuador es protagonista, signatario y partícipe activo.
Como sociedad, Ecuador ha dado preeminencia a la Educación como proceso fundamental de la vida de todas y todos, y por ello recoge en la Constitución de la República la importancia estratégica que ésta tiene para el desarrollo de la sociedad, expresando además en el artículo 355 que “(…) La Función Ejecutiva no podrá privar de sus rentas o asignaciones presupuestarias, o retardar las transferencias a ninguna institución del sistema, ni clausurarlas o reorganizarlas de forma total o parcial”, dejando expreso y claro -adicionalmente- que el Sistema de Educación Superior está integrado por: “(…) universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música y artes, debidamente acreditados y evaluados. Estas instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán fines de lucro” (Artículo 352).
Reducir o eliminar los recursos que se asignan a las Universidades para que éstas otorguen becas a sus estudiantes de escasos recursos es violar los acuerdos internacionales suscritos por el país en cuanto a educación superior; también es atentar contra los postulados constitucionales del Ecuador y, peor aún, es condenar a millones de ecuatorianas y ecuatorianos a perpetuar el ciclo de la pobreza y exclusión, profundizando patrones de desigualdad que, en definitiva, hacen inviable la vida social, contribuyendo a acentuar patrones distópicos que violan los derechos de todas y todos.
La denuncia pública sobre la reducción del presupuesto -realizada el pasado 23 de agosto de 2021 por varias universidades del país- es un nuevo golpe a la educación superior que ya se vio afectada durante el 2020 por un recorte de más de 98 millones. Ahora se ha anunciado la reducción de más de 12 millones de dólares destinados a becas para estudiantes, principalmente de escasos recursos económicos, lo cual no sólo es regresivo en derechos, sino que compromete el desarrollo del país.
Sumado a lo anterior, durante el mismo día 23 de agosto, cientos de potenciales estudiantes universitarios han denunciado, a través de las redes sociales, inconvenientes para ingresar a la “Plataforma del Test Transformar”, dispositivo ideado por la actual gestión del Ejecutivo nacional para que bachilleres de todo el país hagan ensayos de competencias y habilidades, de cara a la realización oficial del Test el 26 del presente mes, que se constituye en un pre-requisito para el acceso a la educación superior, situación que cuestiona la capacidad de la actual administración para llevar adelante los postulados constitucionales sobre la educación.
Frente a estos hechos, en cumplimiento de sus competencias y atribuciones, el Consejo de Protección de Derechos:
RECHAZA el recorte presupuestario dispuesto por el Gobierno Nacional a las universidades para la asignación de becas a estudiantes, decisión que violenta la norma constitucional y compromete el derecho a la educación superior de miles de estudiantes, principalmente de los sectores más empobrecidos.
EXHORTA al Estado a cumplir con su rol como garante de derechos, a respetar y asumir lo estipulado en los acuerdos internacionales suscritos por el Ecuador; así como lo contemplado en la Constitución y demás normas nacionales que protegen y precautelan el derecho a la educación.
EXIGE al Gobierno Nacional encausar sus propuestas programáticas en consonancia con la Constitución de la República del Ecuador y con la realidad socio económica que afecta a miles de familias ecuatorianas, particularmente del Distrito Metropolitano de Quito. El diseño, la modificación o reforma de una política pública debe acompañarse siempre de recursos financieros.
INSTA a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación a tomar las medidas correctivas pertinentes para garantizar el buen funcionamiento de los sistemas, plataformas y todos los instrumentos tecnológicos diseñados para que las y los jóvenes del país puedan prepararse adecuadamente de cara al ingreso a la educación superior, sin menoscabar sus derechos constitucionales.
INSTA a la Asamblea Nacional a fiscalizar las decisiones que pongan en riesgo el desarrollo estratégico del país y la garantía de derechos. Además, a pronunciarse sobre la situación general por la que atraviesa la Educación Superior y los riesgos subyacentes a las propuestas y acciones emitidas por el Ejecutivo Nacional.
SOLICITA a la Defensoría del Pueblo que, en el marco de sus competencias, active los mecanismos correspondientes a fin de asegurar que no se vulneren los derechos de los ciudadanos y ciudadanas del país y que se respeten los principios, preceptos y garantías constitucionales.
INVITA a la ciudadanía -en general- a estar informada y mantenerse alerta sobre las decisiones de política pública que sobre la educación superior está definiendo el actual Gobierno, a estar vigilantes del cumplimiento del rol estratégico que la educación tiene en el desarrollo nacional.
El Consejo de Protección de Derechos de Quito se encuentra vigilante de este tipo de hechos que ponen en riesgo los derechos humanos fundamentales, como es el derecho a la educación, mismo que constituye como un pilar básico para el desarrollo de la sociedad en general.
Gissela Chalá Reinoso Sybel Martínez Reinoso
PRESIDENTA DELEGADA AL CPD VICEPRESIDENTA DEL CPD
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