Quito, 15 de agosto 2021

Días atrás, se difundió en redes sociales el relato de una joven en Quito que denunciaba haber sido drogada y secuestrada por un conductor de la plataforma Uber. Cabe mencionar que no se trata de un caso aislado, pues con frecuencia se reportan robos, secuestros, acosos, abusos sexuales, entre otras agresiones, que se efectúan en varios medios de transporte, no únicamente en estas plataformas.  Estos hechos afectan en mayor medida a las mujeres, personas de las diversidades sexogenéricas, niñas, niños, y personas adultas mayores, pues la violencia patriarcal   opera también en estos espacios, colocando a estos grupos en  una constante situación de exposición y riesgo.

Al respecto, recordamos la obligación del Estado ecuatoriano de garantizar a todas las personas el derecho a una vida digna, libre de violencia en el ámbito público y privado (artículo 66 de la Constitución). Así como también las acciones afirmativas que debe tomar para prevenir y erradicar las diferentes formas de violencia en todos los espacios públicos y privados (artículo 341 ibídem); el sistema de transporte y el espacio público no son una excepción, pues es en estos lugares donde se vulneran y se perpetúan hechos que amenazan la vida de las personas.

Pese a que los estudios realizados por el Observatorio de Seguridad Ciudadana del Distrito Metropolitano de Quito establecen que el sistema de transporte resulta inseguro, especialmente para las mujeres, poco o nada se ha hecho desde la instancia competente, la Secretaría de Movilidad, más aún en las políticas de regularización de taxis, cooperativas, no se incorpora esta necesidad de protección a las y los usuarios, así como lo sucedido en las plataformas digitales que operan con el servicio de transporte, mismas que no cuentan con la debida regulación, dejando así en la indefensión a los usuarios y usuarias de este servicio.

Paradójicamente, el año 2016, en el marco de la Conferencia Hábitat de las Naciones Unidas se incluye en la agenda urbana mundial -y posteriormente en la agenda urbana nacional- el derecho a la ciudad en el DMQ (Declaración de Quito sobre Ciudades y Asentamientos Humanos Sostenibles para Todos; este derecho incluye, entre otros aspectos, que el territorio que habitamos nos garantice mínimas condiciones de seguridad y respeto a nuestra integridad y demás derechos.

Poder movilizarnos con libertad, seguridad y dignidad, mientras se corrigen las distorsiones generadas por una planificación urbana excluyente e inequitativa, es parte fundamental de este derecho a la ciudad, en un marco de pleno gozo y  disfrute de la ciudad y sus espacios públicos (artículo 31 de la Constitución). Sin embargo, a pesar de que nuestra ciudad fue la anfitriona de este consenso universal, habitar en la capital nos expone diariamente a una serie de riesgos y amenazas a nuestra integridad y a vivir una vida libre de violencias e inequidades.

Es importante destacar que el Estado, a través de sus gobiernos locales, tiene la obligación de regular el transporte terrestre (artículo 55 del COOTAD) en un marco de movilidad digna y segura para sus habitantes. Para esto, es necesario contar con planificación integral y políticas públicas de movilidad que aseguren la protección de todas las personas, especialmente de aquellas en situación de riesgo, vulnerabilidad y/o exclusión social, transversalizando el enfoque de derechos, haciendo efectivo con ello las directrices constitucionales de la política urbana y priorizando la función social de la ciudad.

Por otra parte, es responsabilidad de las empresas de transporte no sólo brindar un servicio de calidad a sus usuarias y usuarios, sino también garantizar la seguridad y respeto a sus derechos (artículo 47 de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial), para lo cual, deberían prever mecanismos -entre los que se deben contemplar capacitaciones a su personal en materia de derechos- que consideren las diversas situaciones de riesgo a las que están expuestos al requerir este servicio.

Por lo señalado, el Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito, en cumplimiento de sus competencias y atribuciones:

EXHORTA al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a las Secretarías de Movilidad y a la de Seguridad a tomar las medidas necesarias para garantizar que la movilidad urbana sea digna y segura para todas las personas que habitan o se movilizan en el DMQ. A regular estas plataformas y controlar su funcionamiento a fin de evitar que funcionen sin ningún tipo de control, responsabilidad y, lo que es peor, que se convierten en una amenaza para los usuarios y usuarias.

EXIGE a las empresas privadas de transporte a responsabilizarse íntegramente de su función de brindar seguridad, respeto y prevenir cualquier tipo de riesgo o amenaza para sus usuarios, especialmente para las usuarias. Por lo que exhortamos a la plataforma UBER que asuma su responsabilidad frente al caso objeto de este pronunciamiento, realizando las investigaciones pertinentes y los correctivos necesarios para evitar que se repita otro hecho similar.

REQUIERE a la Defensoría del Pueblo que tome las acciones correspondientes para prevenir y erradicar la violencia que afecta a las usuarias y usuarios de los servicios de transporte.

SOLICITA a Fiscalía inicie de oficio, o a petición de parte, las investigaciones pertinentes a efectos de descartar un posible violador serial y/o potenciales bandas criminales de trata de personas con fines de explotación sexual.

CONMINA a las entidades de la función judicial a cumplir con los principios del debido proceso para garantizar la reparación integral de las personas víctimas de algún tipo de violencia en los medios de transporte.

INVITA a la ciudadanía, en general, a organizarse para generar comunidades seguras y denunciar cualquier tipo de agresión en los medios de transporte, además de exigir servicios que les brinden respeto y seguridad.

Finalmente, el Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito ratifica su compromiso y responsabilidad de promover el respeto de los derechos humanos, de la naturaleza y los animales en el DMQ.

 

Gissela Chalá Reinoso                                                  Sybel Martínez Reinoso

PRESIDENTA DELEGADA CPD-DMQ                 VICEPRESIDENTA CPD-DMQ

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