Quito, 25 de julio 2021

El pasado19 de julio, mediante una publicación en Twitter de la Fiscalía General del Estado[1], conocimos que el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito MDMQ no renovó el convenio de cooperación interinstitucional con la Fiscalía, lo cual pone en riesgo el funcionamiento de 28 unidades de  atención. Ante esta situación, la Fiscalía anunció las medidas tomadas para disminuir la afectación a las personas usuarias de estos servicios. Entre las medidas asumidas se encuentra la ocupación de algunos espacios cercanos, mientras que en otros servicios no fue posible realizar la reubicación en un espacio próximo.

Es preocupante que el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a través sus instancias competentes, no haya coordinado previamente -y menos aún dimensionado- la gravedad de estas decisiones en relación a la responsabilidad que tiene en la protección  de víctimas de violencia, más aún cuando  ambas entidades forman parte del Sistema de Protección Integral en la ciudad de Quito. Obstruir la labor de la Fiscalía y sus servicios de atención a personas víctimas de delitos, especialmente a mujeres y miembros del núcleo familiar, podría significar una amenaza al derecho de todas las personas a recibir servicios de atención oportunos, eficientes y de calidad, y en el caso de las mujeres y miembros del núcleo familiar, a recibir debida atención, defensa, protección y reparación ante hechos de violencia.

Es importante destacar que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos, lo cual implica que su fin primordial es la garantía de los derechos de todas las personas y la naturaleza. En ese sentido, todas las acciones que ejecuten las entidades estatales deben darse en un marco constitucional garantista de derechos, esto quiere decir que, por ningún motivo, las acciones (u omisiones) pueden transgredir los derechos establecidos en la Constitución. Al contrario, si la acción u omisión estatal menoscaba, restringe o vulnera derechos, el acto es inconstitucional y esto genera responsabilidades ulteriores.

Las decisiones administrativas de los órganos del Estado deben considerar de forma precautoria las posibles afectaciones que pueden tener sobre las personas, especialmente a los grupos de atención prioritaria. En el contexto del Sistema de Protección Integral del DMQ las entidades deben trabajar de forma articulada, coordinada y sistémica para promover, proteger y reparar los derechos de todas las personas, especialmente de aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y exclusión social. Además, las entidades deben velar porque los servicios que brindan aseguren una debida cobertura territorial, y no estar concentrados únicamente en el centro de las urbes, lo cual genera barreras de acceso para las personas que residen en zonas periféricas.

En virtud del marco jurídico que promueve y protege los derechos de las mujeres y miembros del núcleo familiar, y de todas las personas víctimas de violencia, así como de las obligaciones que tiene el Estado Ecuatoriano para prevenir, sancionar y erradicar la violencia, el Consejo de Protección de Derechos, en cumplimiento de sus competencias y atribuciones:

EXHORTA al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito a brindar todas las facilidades convenidas con la Fiscalía General del Estado y generar nuevos acuerdos interinstitucionales que favorezcan la defensa, protección y reparación de los derechos de las personas víctimas de violencia, especialmente a las mujeres y grupos de atención prioritaria.

RECONOCE la labor realizada por la Fiscalía General del Estado al asumir los compromisos estatales en materia de protección, defensa y reparación de derechos de personas víctimas de violencia y le compromete a mantener activos y eficientes los servicios destinados para el efecto.

INVITA a todas las entidades del Sistema de Protección Integral del Distrito Metropolitano de Quito a ejecutar acciones articuladas, coordinadas y sistémicas a fin de promover, proteger y reparar los derechos de todas las personas, especialmente de aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y exclusión social.

Este Consejo, mantiene su compromiso de promover el respeto de los derechos de todas las personas, animales y naturaleza en el Distrito Metropolitano de Quito.

 

Gissela Chalá Reinoso

PRESIDENTA DEL CONSEJO PROTECCIÓN DE DERECHOS DMQ

 

 Sybel Martínez Reinoso

VICEPRESIDENTA DEL CONSEJO PROTECCIÓN DE DERECHOS DMQ

[1] https://twitter.com/FiscaliaEcuador/status/1417136551918768137

Archivo PDF: pronunciamiento obstrucción Fiscalia enviado publicado