Quito DM, 24 de julio 2021

En febrero de 2021, este Consejo emitió un pronunciamiento rechazando las masacres perpetradas en los Centros de Rehabilitación Social del País, mismas que terminaron con la vida de 81 personas. En dicho pronunciamiento exhortamos a las entidades gubernamentales responsables de garantizar los derechos de las personas privadas de libertad a cumplir con sus atribuciones para que estos hechos lamentables no vuelvan a producirse.  Han pasado 5 meses de aquel lamentable suceso y hechos similares ocurren nuevamente. Durante estos días, se contabilizan 21 vidas perdidas, al menos 57 heridos, una mujer policía torturada sexualmente en el ejercicio de su labor  al igual que reclusas mujeres tomadas como rehenes, una de las cuales -al parecer- también habría sido abusada sexualmente.

Es repudiable que ante la inacción estatal sigamos sumando muertos en las cárceles y que en esta escalada violenta sean las mujeres tomadas como botín de guerra. La violencia en nuestro país ha crecido a niveles inaceptables, convirtiéndose en noticia de todos los días, sumando más y más víctimas frente a la indiferencia de las distintas autoridades de turno. La violencia machista, por ejemplo, es tan grave que continúa deshumanizando a las mujeres, sean niñas, adolescentes, jóvenes o adultas, como en el execrable caso de la agente y de las mujeres reclusas, ocurrida en el contexto de esta crónica crisis carcelaria. Al parecer, las mujeres no pueden vivir su vida con libertad y dignidad, en ningún ámbito en el que se desenvuelven, e incluso sufren la revictimización permanente provocada muchas veces por los propios medios de comunicación.

La situación carcelaria cada día se agrava más, sin que exista una respuesta contundente por parte de las autoridades estatales; se requiere la implementación de acciones urgentes que garanticen un trato humano y digno a las personas privadas de  libertad;  no se trata de implementar medidas securitistas y fascistas, pues Ecuador es un Estado Constitucional de derechos; desde esta perspectiva se requieren políticas integrales y con enfoque de derechos humanos. El sistema penitenciario está muy lejos aún de ser un espacio de reinserción e inclusión social, puesto que en las condiciones actuales se contribuye a fortalecer ese imaginario social de que las personas privadas de la libertad son una amenaza y por tanto sus vidas no importan. En este contexto es importante reconocer que muchas de las personas que se encuentran en estos centros son el resultado de la pobreza extrema de nuestro país, la falta de oportunidades, la indiferencia  y el abandono de un Estado indolente.

Es altamente preocupante que el enfoque de género no esté incorporado en la política pública, más aún cuando existen instituciones públicas cuyo objetivo es garantizar la vivencia plena de derechos de las mujeres y de las diversidades. Resulta incomprensible, también, que no existan mecanismos de protección para las mujeres que se encuentran como reclusas o laborando en estos espacios. Sin duda alguna se ha dado muestra una vez más que sus vidas no importan.

El fenómeno de la violencia afecta a toda la sociedad, pero el impacto para unos grupos humanos es mucho más fuerte que para otros. En febrero fueron 81 víctimas y ahora 21. En las noticias y en las cifras oficiales son sólo números, algunos más a la enorme lista de la indignidad. En las familias de estos seres humanos, cuya readaptación social debió imponerse, la cifra toma rostro y causa un profundo dolor, una pérdida irreparable. Sin siquiera poder aspirar a garantías de justicia y de reparación integral, mucho menos garantías de no repetición, dada su poca valía para la sociedad.

Frente a todos estos hechos de violencia sistemática, y a la falta de respuesta por parte del Estado, es imperante recordarle al gobierno nacional que existe la Constitución como instrumento normativo y jurídico que obliga al Estado y a sus instituciones a cumplir con su rol de garante de derechos. El artículo 35 de la norma suprema reconoce a las personas privadas de la libertad como grupo de atención prioritaria. Así también recordarles que existe la Ley Orgánica de Prevención y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres, que en todo discurso y campaña política es enunciada, pero que hasta hoy no cuenta con el presupuesto necesario para trabajar en prevención de la violencia en todos los espacios.

En este sentido, el Consejo de Protección de Derechos, en el marco de sus competencias y atribuciones:

RECHAZA los hechos de violencia perpetrados en el Centro de privación de libertad de Latacunga y el Litoral que han dejado saldos dolorosos como las pérdidas de vida, así como un hecho de abuso sexual en contra de una servidora pública del orden y al menos, de lo que se conoce hasta ahora, una mujer reclusa.

SE SOLIDARIZA con las víctimas de estos hechos de violencia, así como con sus familiares y amigos.

EXHORTA al Estado a cumplir con su rol de garante de derechos conforme establece la Constitución, instrumentos internacionales y demás norma que garantiza los derechos de las personas privadas de la libertad, así como los derechos de las personas que prestan sus servicios en estos centros penitenciarios.

EXIGE al Gobierno Nacional que destine los recursos suficientes y necesarios a fin de garantizar una adecuada gestión en los Centros de Privación de Libertad, así como en los Centros de Adolescentes Infractores, para que estos espacios se constituyan en verdaderos referentes de inclusión, rehabilitación social e inserción.

CONMINA al Sistema de Justicia, garantizar la protección y reparación integral a las víctimas de violencia, que se implementen los mecanismos expeditos de investigación hasta conseguir justicia.

INSTA a la SNRI (Sistema Nacional de Rehabilitación Social) y a la Secretaría de Derechos Humanos establezcan de manera conjunta mecanismos de prevención de violencia y erradicación de las violencias en estos Centros, así como la elaboración e implementación de un Plan de Intervención Integral, con enfoque de derechos.

EXHORTA al Consejo Nacional de la Igualdad de Género a observar las políticas públicas que se implementan en los centros de privación de la libertad a fin de que se transversalice el enfoque de género en cada una de ellas.

EXIGE a los medios de comunicación y periodistas a respetar la confidencialidad de las mujeres víctimas de violencia sexual, y no te victimizar a través del uso de imágenes en televisión y redes sociales, afectando a las víctimas y sus grupos familiares.

CONVOCA a la ciudadanía en general a no normalizar estos hechos lamentables de violencia, a humanizar estos actos que menoscaban la integridad de las víctimas, sus familiares y la sociedad en general. A estar vigilantes de las posibles acciones que se implementen desde el Estado y que contravengan todo principio de defensa de los derechos humanos, la vida y la integridad de las personas.

El Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito mantiene su compromiso de promover el respeto de los derechos humanos de todas las personas, incluso cuando el camino parecería estar plagado de indiferencia.

Gissela Chalá Reinoso                                                           Sybel Martínez Reinoso

PRESIDENTA DELEGADA AL CPD-DMQ                           VICEPRESIDENTA CPD-DMQ

 

ARCHIVO PDF: LA VIOLENCIA NO DA TREGUA EN LAS CÁRCELES DEL PAÍS Y EL ESTADO ES INCAPAZ DE RESPONDER