Quito, 5 de julio 2021

El Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito manifiesta su absoluto rechazo a los hechos ocurridos el domingo 4 de julio en el programa televisivo La Posta XXX, transmitido través del canal público TC Televisión. En este programa, los periodistas Luis Eduardo Vivanco y Anderson Boscán insultan y denigran a Leonidas Iza, Presidente de la CONAIE[1], evidenciando y naturalizando -una vez más- el racismo estructural e institucional en la sociedad ecuatoriana.

Llama la atención e indigna la forma tan grotesca y burlesca con la que los dos periodistas ofenden, humillan e insultan a este líder indígena y, lo que es peor, lo hacen en un canal de propiedad del Estado. Este acto, además de constituir una agresión personal, toma las formas de discriminación, odio y racismo que afectan a toda la teleaudiencia de este medio de comunicación, como a la sociedad en general, pues envía un mensaje violento y explícitamente racista que recorre los umbrales del respeto y pretende posicionar en el imaginario social la construcción de lugares y personas “potencialmente peligrosas”; una muestra más de que vidas y cuerpos con distintas marcas de clase (campesinos) y racializadas siguen sin valer lo mismo en el Ecuador, pero, además, condimenta y refuerza estereotipos y discursos de exclusión, odio y discriminación, lo que se traduceen microracismos naturalizados en supuestas bromas y comentarios negativos respecto de este grupo de atención prioritaria, reconocido como tal.

De esta forma, queremos dejar en claro que dicho programa televisivo es el reflejo de cómo se legitima y valida la violencia y discriminación. Lo ocurrido en el programa en mención, además de violento, es inconstitucional ya que incumple con lo dispuesto en el artículo 57, numeral 2, de la Constitución del Ecuador; los pueblos y nacionalidades no pueden ser “objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación fundada en su origen, identidad étnica o cultural”, prácticas que han afectado histórica y sistemáticamente a las personas indígenas de nuestro país, pese a que casi el 30% de nuestra sociedad pertenece a un pueblo o nacionalidad indígena, el racismo en el Ecuador bordea el 65%, siendo la población indígena -con el 71%- uno de los sectores más afectados, demostrando cuán lejos nos encontramos aún de construir el Estado plurinacional e intercultural, constitucionalmente reglamentado.

Es importante recordar que la comunicación es un derecho consagrado en nuestra Constitución (art. 16) que se rige por varios principios, entre ellos, el de igualdad y no discriminación, la aplicación de este principio obliga a poner atención sobre las situaciones de desigualdad y la existencia de las brechas que se evidencian entre distintos grupos sociales en el acceso a los derechos humanos; en ese sentido, el artículo 10 de la Ley Orgánica de Comunicación establece las normas deontológicas del proceso comunicacional, que  deben ser respetadas y puestas en prácticas en lo cotidiano:

Todas las personas naturales o jurídicas que participen en el proceso comunicacional deberán considerar las siguientes normas mínimas, de acuerdo a las características propias de los medios que utilizan para difundir información y opiniones: 1. Referidos a la dignidad humana: a. Respetar la honra y la reputación de las personas; b. Abstenerse de realizar y difundir contenidos y comentarios discriminatorios; y, c. Respetar la intimidad personal y familiar.

La sociedad merece espacios de debate, diálogo y reflexión en un marco de respeto y dignidad. La libertad de expresión nos faculta a cuestionar y manifestarnos acerca de la vida política de nuestra sociedad. Sin embargo, la violencia no es justificable, en ningún contexto. En ese sentido, exigimos a los medios de comunicación difundir contenidos televisivos de calidad, que aporten al respeto de los derechos humanos y que, por ningún motivo, atenten contra los derechos de ninguna persona que habita en el Ecuador, y fomenten conceptos fundamentales como la inclusión, el respeto a la diversidad, la interculturalidad, entre otros. Es imperativo contar con una Ley de Comunicación que ponga límites a estas manifestaciones de odio, discriminación y violencia que, disfrazadas de periodismo y “libertad de expresión”, terminan por afectar, de manera individual o colectiva, a determinados grupos sociales.

Frente a lo expuesto, el Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito, en cumplimiento de sus atribuciones y competencias:

RECHAZA enfáticamente este acto de violencia, odio, racismo y denigración hacia el dirigente indígena Leonidas Iza, hacia los pueblos y nacionalidades indígenas y hacia la sociedad ecuatoriana, en general, por parte de La Posta, a través de TC Televisión.

EXHORTA al Consejo de Comunicación a que evalúe y sancione el hecho conforme lo establece el Art. 66 de la Ley Orgánica de Comunicación, mismo que prohíbe la difusión de contenidos violentos.

INSTA a TC Televisión a tomar las medidas necesarias para prevenir y erradicar la violencia en su proceso comunicacional, garantizando que estos hechos no vuelvan a repetirse y sancione al programa por sus expresiones de odio, caso contrario de mantener dichos mensajes, se solicitará su cancelación por lo anteriormente expuesto.

REQUIERE al Consejo Nacional para la Igualdad para Pueblos y Nacionalidades pronunciarse  y a actuar en el ámbito de sus competencias a fin de garantizar los derechos constitucionales y colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador.

CONMINA a TC Televisión y al programa La Posta, a ofrecer disculpas públicas por las mismas personas y en el mismo espacio en que estos desatinados comentarios fueron vertidos.

INSTA a la Asamblea Nacional a ratificar la Convención Interamericana contra todas las formas de Discriminación e Intolerancia, misma que fue suscrita por el Ecuador el 6 de junio del 2013.

SOLICITA a la ciudadanía a no hacerse eco de este tipo de mensajes discriminatorios y de odio que no hacen otra cosa que profundizar las diferencias y desigualdades sociales ya existentes en nuestro país.

Este Consejo mantiene su compromiso de promover el respeto de los derechos de todas las personas, animales y naturaleza en el Distrito Metropolitano de Quito.

 

Gissela Chalá Reinoso.                                               Sybel Martinez Reinoso

PRESIDENTA                                                               VICEPRESIDENTA

CONSEJO PROTECCIÓN DERECHOS DMQ            CONSEJO PROTECCION DE DERECHOS

[1] Para mayor información, acceder al Tuit de la CONFENIAE en donde denuncian el hecho: https://twitter.com/confeniae1/status/1412047372553699328?s=20