Quito, 2 de julio 2021

El pasado 30 de junio, paradójicamente al final del mes de conmemoración del orgullo LGBTIQ+, la Revista Plan V publicó un reportaje sobre las redadas que las instituciones nacionales y locales de control realizan a algunos establecimientos comerciales de las diversidades sexo genéricas, entre ellos restaurantes y saunas gays[1]. Estos hechos coinciden también, sorpresivamente, con el anuncio del Gobierno Nacional de crear la Subsecretaría de Diversidades “que busca la erradicación de todo tipo de violencia y discriminación en contra de las personas LGBTIQ+”[2].

Es importante destacar que estos establecimientos comerciales también se configuran en un punto de encuentro y espacio seguro para la comunidad LGBTIQ+, pues en una ciudad donde constantemente se les agrede y vulnera   sus derechos tienen la necesidad de acudir a espacios donde -a través de un sentido de comunidad- vivencien apoyo, seguridad y protección grupal. En el caso de los saunas gays, es conocido por la comunidad LGBTIQ+ que en estos espacios las personas ejercen su libertad sexual consensuada y mantienen relaciones sexuales consentidas. Sin embargo, ante la nula contextualización de la autoridad y la ausencia de voluntad de comprender las lógicas de estos espacios, se resolvió cerrar uno de estos saunas por considerarlo erróneamente un burdel, alegando haber encontrado preservativos en el mismo; dando cuenta de cómo la sociedad heteropatriarcal continúa normando la sexualidad.

Es evidente que la institucionalidad encargada de realizar los operativos de control desempeña su trabajo carente de una visión holística y sin enfoque de derechos humanos. Así pues, enfatizan claramente que sus funciones responden a una lógica securitista y legalista que no se interesa por reconocer la dignidad humana. El equipo de Plan V, en entrevista a Ricardo Yela, Director de Resolución de la Agencia Metropolitana de Control-AMC, le preguntó si en la AMC saben lo que es un sauna gay, a lo que respondió: “(Incómodo) No necesitamos saber para qué sirve. Lo que hacemos es verificar el permiso y si se está usando adecuadamente. Si quiero tener un sauna o un bar, debo tener un permiso, nosotros no entramos al transfondo del asunto. Es como si yo quiero poner una iglesia con licencia de restaurante (…) lo que queremos es que se cumpla la ley y la normativa.”

Estas declaraciones reflejan una clara deshumanización a las personas de las diversidades sexo genéricas, pues a la institución no le importa conocer sus realidades, sus necesidades, ni sus dinámicas socio- culturales, menos aún entienden la complicada situación que atraviesan los grupos de atención prioritaria en la actualidad para quienes la pandemia representa un costo inafrontable.

Es importante recordar que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y garantías, lo que implica que su fin primordial es promover, proteger y garantizar los derechos de todas las personas y la naturaleza. En ese sentido, la norma debe ser interpretada y aplicada en un marco constitucional garantista, esto quiere decir que ninguna acción realizada al amparo de la ley debe transgredir los derechos establecidos en la Constitución. Al contrario, si el actuar estatal menoscaba, restringe o vulnera derechos, el acto es inconstitucional.

La norma suprema establece que el ejercicio de derechos se rige por varios principios, entre ellos el de igualdad y no discriminación, que establece que todas las personas gozamos de los mismos derechos y que nadie deberá ser discriminado, entre otras razones, por su identidad de género y orientación sexual (Artículo 11 de la Constitución); por esta razón, el Estado ecuatoriano tiene un marco constitucional y normativo, así como compromisos internacionales específicos para prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia, especialmente la ejercida en contra de grupos históricamente marginados y excluidos, como lo es la comunidad LGBTIQ+.

Entre los derechos de libertad se encuentra el derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre la orientación sexual (Art. 66 ibídem). Adicionalmente, todas las personas en el territorio ecuatoriano tienen la obligación de respetar los derechos humanos, reconocer las diversidades sexo genéricas y respetar sus derechos (Art. 83 ibídem). Por otra parte, el artículo 33 de la Constitución establece que: “El trabajo es un derecho y un deber social. Gozará de la protección del Estado, el que asegurará al trabajador el respeto a su dignidad…”

Es necesario atender y proteger con prioridad a todos los grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad y/o riesgo, dentro de los cuales la comunidad LGBTIQ+ es uno de los más afectados, pues presenta mayores condiciones de desventaja social, económica y política, puesto que sus necesidades siguen siendo invisibilizadas desde el Estado garante de derechos y desde la propia sociedad, perpetuando así las condiciones de exclusión, segregación y violencia.

En virtud del marco jurídico que promueve y protege los derechos de la comunidad LGBTIQ+, así como de las obligaciones que tiene el Estado Ecuatoriano, el Consejo de Protección de Derechos, en cumplimiento de sus competencias y atribuciones:

EXHORTA al Estado, a través de sus instituciones rectoras de políticas públicas, de las de control y de seguridad ciudadana, a cumplir con su rol de garante de derechos conforme establece la Constitución y demás instrumentos internacionales que el Ecuador ha ratificado.

INSTA a la Secretaría de Derechos Humanos y al Consejo Nacional para la Igualdad de Género, a sumar y articular esfuerzos para garantizar el efectivo ejercicio de los derechos de la comunidad LGBTIQ+ y reducir las brechas de desigualdad, especialmente en relación a su derecho a vivir una vida digna, libre de violencias.

EXIGE a los organismos de control, nacionales y locales, incorporar los enfoques de derechos humanos, de género y de interseccionalidad en la interpretación y ejecución de la norma, asegurándose de actuar despojados de actitudes homofóbicas, transfóbicas o discriminatorias a la hora de realizar su trabajo.

CONMINA a la Secretaria de Inclusión Social del Municipio de Quito, como ente rector del sistema de protección integral, a coordinar acciones con los entes de control que realizan estos operativos en la ciudad a efectos de garantizar que los mismos se efectúen al margen de preconcepciones discriminatorias y excluyentes, velando en todo momento por salvaguardar la integridad y los derechos de los dueños de estos establecimientos, como los de sus clientes. Al tiempo de buscar garantizar el trabajo digno de las personas pertenecientes a este grupo poblacional.

SOLICITA a la Defensoría del Pueblo que encamine toda acción necesaria a efectos de garantizar que los derechos de las personas de diversidades sexo genéricas dueñas de negocios -como de sus clientes- no les sean conculcados en estas redadas y, habiéndolo sido, les sean reparados.

INVITA a los medios de comunicación, y a la ciudadanía, en general, a eliminar comportamientos y actitudes que en la cotidianidad refuerzan la discriminación de las personas de la comunidad LGBTIQ+, a fin de accionar buenas prácticas de inclusión, humanidad, respeto y solidaridad.

Este Consejo mantiene su compromiso de promover el respeto de los derechos de todas las personas, animales y naturaleza en el Distrito Metropolitano de Quito, particularmente de quienes pertenecen a los grupos de atención prioritaria, en situación de riesgo y/o vulnerabilidad.

 

Gissela Chalá Reinoso.                                                    Sybel Martinez Reinoso

PRESIDENTA DEL CONSEJO                                   VICPRESIDENTA DEL CONSEJO

DE PROTECCIÓN DE DERECHOS                           DE PROTECCIÓN DE DERECHOS

[1] https://www.planv.com.ec/historias/sociedad/quito-redadas-continuan-sembrando-temor-sitios-lgbti

[2] https://www.pichinchacomunicaciones.com.ec/gobierno-crea-subsecretaria-de-diversidades-y-promete-erradicar-las-formas-de-violencia-hacia-la-comunidad-lgbtiq/

 

Archivo PDF: Pronunciamiento redadas establecimientos LGBTIQ