Días atrás, la Colectiva Pacha Queer, a través de sus redes sociales[1], denunció una presunta vulneración de sus derechos laborales y discriminación por parte de servidores municipales, lo cual impediría el ejercicio del derecho al trabajo de dos personas trans. Estos lamentables hechos, además de configurarse en una amenaza y vulneración de derechos, reflejan la persistencia de formas de discriminación y violencia sistemática y estructural que afectan a las personas de la comunidad LGBTIQ+ y, en mayor medida, a las mujeres y personas no binarias que conforman esta comunidad. También evidencia la preocupante situación de desempleo y precariedad en que viven ciertos grupos sociales en nuestro país.

Es importante recordar que el Estado ecuatoriano tiene un marco constitucional y  normativo, así como compromisos internacionales para prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia, especialmente la ejercida en contra de grupos históricamente marginados y excluidos, como lo es la comunidad LGBTIQ+.

Uno de los principios para el ejercicio de derechos es el de igualdad y no discriminación, que establece que nadie podrá ser discriminado, entre otras razones, por su identidad de género, ni por su orientación sexual (Art. 11 de la Constitución). Por otra parte, entre los derechos de libertad se encuentra el derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre la orientación sexual (Art. 66 ibídem). Adicionalmente, todas las personas en el territorio ecuatoriano tienen la obligación de respetar los derechos humanos, reconocer las diversidades sexo genéricas y respetar sus derechos (Art. 83 ibídem). Por otra parte, el artículo 33 de la CRE establece que: “El trabajo es un derecho y un deber social. Gozará de la protección del Estado, el que asegurará al trabajador el respeto a su dignidad…”

A nivel territorial, en el Distrito Metropolitano de Quito, es fundamental contar con políticas públicas que promuevan acciones afirmativas para aportar a la igualdad y no discriminación en el ejercicio de derechos de la comunidad LGBTIQ+ y su inclusión, en el marco de una sociedad más justa y equitativa. En ese sentido, es menester que las instituciones públicas puedan transversalizar los enfoques de derechos en toda la gestión a fin garantizar el goce de los mismos y, en este caso concreto, el derecho al trabajo digno a personas de diversidades sexo genéricas y promover la implementación de mecanismos que garanticen la no discriminación laboral por identidad de género y orientación sexual en el DMQ.

Adicionalmente, es importante considerar que la crisis sanitaria, económica y social, generada por la pandemia por Covid-19, agudizó las problemáticas sociales, las cuales afectan principalmente a las personas en situación de vulnerabilidad y exclusión social. Por tal motivo, es necesario atender y proteger con prioridad a todos los grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad y/o riesgo, dentro de los cuales la comunidad LGBTIQ+ es uno de los más afectados, pues presenta mayores condiciones de desventaja social, económica y política, puesto que sus necesidades siguen siendo invisibilizadas desde el Estado garante de derechos y desde la propia sociedad, perpetuando así las condiciones de exclusión, segregación y violencia.

En virtud del marco jurídico internacional, nacional y local que promueve y protege los derechos de la comunidad LGBTIQ+, así como de las obligaciones que tiene el Estado Ecuatoriano, el Consejo de Protección de Derechos, en cumplimiento de sus competencias y atribuciones:

EXHORTA al Estado a cumplir con su rol de garante de derechos a través de sus instituciones, conforme establece la Constitución y demás instrumentos internacionales que el Ecuador ha ratificado.

INSTA a todas las instituciones, en el ámbito nacional y local, a sumar y articular esfuerzos para trabajar de forma articulada y sistémica para garantizar el efectivo ejercicio de los derechos de la comunidad LGBTIQ+ y reducir las brechas de desigualdad, especialmente en relación a su derecho de vivir una vida digna, libre de violencia.

CONMINA al sector productivo laboral y a los entes rectores de Trabajo a promover medidas de inclusión laboral de la comunidad LGBTIQ+, en especial a las personas trans y no binarias.

SOLICITA a los organismos de control asegurarse de actuar despojados de actitudes homofóbicas, transfóbicas o discriminatorias a la hora de realizar su trabajo.

INVITA a la ciudadanía a eliminar comportamientos y actitudes que en la cotidianidad refuerzan la discriminación de las personas de la comunidad LGBTIQ+, a fin de accionar buenas prácticas de inclusión, humanidad, respeto y solidaridad.

CONMEMORA a la comunidad LGBTIQ+ en su mes de celebración del Orgullo, reconociendo que aún falta mucho camino por recorrer para garantizar que la igualdad y no discriminación sea una entelequia.

Este Consejo se compromete a continuar aportando esta lucha histórica que en nuestra sociedad mantiene aún grandes desafíos y ratifica su compromiso de promover los derechos de todas las personas, animales y naturaleza en el Distrito Metropolitano de Quito.

 

Gissela Chalá Reinoso.                                                             Sybel Martinez Reinoso

PRESIDENTA DEL CPD                                                  VICPRESIDENTA CPD

[1] https://twitter.com/pachaqueer/status/1404521414959546373