La Asamblea General de las Naciones Unidas establece que, en honor de las personas refugiadas y desplazadas de todo el mundo, cada 20 de junio se celebre el “Día Mundial del Refugiado”. Esta celebración se realiza desde el 2001, en conmemoración del 50 aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.

Según esta Convención, se considera refugiada a aquella persona que tiene fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas. Interpretaciones recientes, han permitido considerar también la persecución por motivos de género como causa de asilo. Posteriores declaraciones amplían las causas para considerar a una persona como refugiada: contemplando a quienes huyen de una agresión exterior, una ocupación, una dominación extranjera, de acontecimientos y circunstancias que perturben gravemente el orden público; de la violación masiva de los derechos humanos; de la violencia generalizada y de los conflictos internos.

La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, reporta que al año 2019 existen 79,5 millones de personas desplazadas en el mundo, de los cuales 26 millones son personas refugiadas. En Latinoamérica se evidencia un fuerte patrón migratorio intrarregional y desplazamiento forzado, lo que da cuenta de las nuevas tendencias de los procesos de movilidad. Ecuador es uno de los países con el mayor número de población refugiada en la región.

ACNUR resalta que Ecuador es el país que ha reconocido a la mayor cantidad de personas refugiadas en América Latina. Hasta noviembre de 2020, se reconocen a 70.076 personas como refugiadas. De ellas, el 96,73% son de nacionalidad colombiana y el 0,72% venezolana. Durante el 2019 hay 25.025 solicitantes de refugio, que se encuentran a la espera de una decisión del Estado; de este número, el 63% corresponde a personas venezolanas y el 34% a colombianas.

Desde el año 2018 empieza el éxodo más grande en Latinoamérica, ocasionando que 393.439 refugiados y migrantes venezolanos permanecen en nuestro país, se estima que de este total el 40% son mujeres y el 90% son personas jóvenes de 18 a 45 años.

 

La movilidad que presenta la población venezolana en América Latina, y en Ecuador, al estar asociada a las condiciones políticas, económicas y sociales que han venido enfrentando en su país de origen durante la última década es considerada una movilidad forzada, lo cual demanda de protección internacional. El 72,8% de la población venezolana, reside en Quito y tiene un estatus migratorio no reconocido, la falta de documentos es uno de los más graves problemas que enfrentan y que ocasiona se vulneren otros derechos.

Quito acoge a un alto porcentaje de la población en refugio y movilidad humana que proviene de diferentes países de la región u otros continentes, por lo que para la Ciudad el tema de movilidad humana debe ser uno de los ejes del desarrollo de políticas públicas que favorezcan a la inclusión social, el reconocimiento y protección de sus derechos.

El Consejo de Protección de Derechos del DMQ, en cooperación con la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados -ACNUR Ecuador- y la participación de actores del subsistema de protección integral de personas en situación de movilidad humana, construyeron la Ruta de Protección de Derechos de Personas en situación de movilidad humana en el DMQ, la cual es una herramienta técnica que permita a las instituciones públicas y privadas conocer cómo proceder para la garantía de derechos en el marco del Sistema de Protección Integral y que está a su disposición en el siguiente link: https://proteccionderechosquito.gob.ec/wp-content/uploads/2021/06/Ruta-de-Proteccion-de-Derechos-Personas-en-Movilidad-Humana.pdf