DMQ, 04 de junio de 2021

La oficina del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF en Ecuador exhortó este lunes, 1 de junio del 2021, al Gobierno Nacional a reabrir las escuelas y combatir la desnutrición y la violencia contra la niñez[1]. Si bien es innegable el preocupante diagnóstico de la situación de la niñez y adolescencia en el país, uno de los grupos más afectados en esta pandemia, es necesario preguntarse si el retorno a clases, en las actuales circunstancias, ayudará a combatir tales vulneraciones.

Observar el principio de interés superior del niño implica que, previo a tomar decisiones, se debe hacer un análisis integral de los derechos que podrían ser garantizados o afectados. En el presente caso -producto de una agresiva política neoliberal del anterior gobierno que vulneró derechos consagrados constitucionalmente y que, de continuar dicho enfoque económico, profundizará la regresión de derechos que afecta a los grupos vulnerables- hay evidencias de que existe un menoscabo al derecho a la educación y derechos conexos; sin embargo, pretender abrir las escuelas en las condiciones actuales podría constituir una amenaza al derecho a la salud y la integridad de niñas, niños, adolescentes y comunidad educativa en general. La situación sanitaria en Ecuador sigue siendo crítica y las mejoras aún no se logran avizorar en el corto plazo; a pesar de que un porcentaje de docentes han sido vacunados, las niñas, niños y adolescentes aún no reciben sus vacunas.

El Consejo de Protección de Derechos, mediante pronunciamientos públicos circulados en los meses de febrero y marzo de este año expresó su preocupación respecto a los anuncios del Gobierno de un progresivo retorno a clases, una propuesta generada de espaldas a la realidad de miles de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de este país.

Así pues, en días pasados, precisamente en el mes dedicado al Niño[2], el actual Presidente de la República y la Ministra de Educación, han anunciado que se implementará el Plan de retorno progresivo y voluntario a clases. Hasta donde conocemos, las condiciones estructurales necesarias para poner en marcha este plan aún no se han generado, pues si bien se ha avanzado en la vacunación de las y los docentes, las condiciones de la infraestructura educativa, especialmente en el sostenimiento fiscal, no daría abasto para el número de estudiantes matriculados.  No se ha anunciado cómo se resolverá la necesidad de limpieza y saneamiento de estas infraestructuras cuando muchas de ellas no cuentan con baterías sanitarias en buen estado, servicios básicos, ni personal de limpieza. Tampoco se ha mencionado cómo se resolverá la entrega de mascarillas, jabón, alcohol, gel como insumos básicos para este retorno, respetando las normas mínimas de bioseguridad.

Además de ello, resulta incomprensible que estando a un mes de concluir el año lectivo en la región sierra se tome esta decisión por “sugerencia” de un organismo internacional. Si bien es cierto, desde este Consejo de Protección de Derechos también nos encontramos preocupados por la salud mental de nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes, no es menos cierto que nos preocupa un sistema de salud abarrotado, colapsado e insuficiente para dar una respuesta efectiva frente al incremento de contagios.

La decisión de reaperturar los establecimientos educativos debe equilibrar los beneficios de salud pública con los costos asociados, tales como la pérdida de aprendizajes para estudiantes y familias, es así que tanto la Organización Mundial de la Salud como algunas agencias de las Naciones Unidas han publicado una serie de recomendaciones para guiar el proceso de reapertura de escuelas y dar paso a una nueva normalidad educativa que incluya la interacción presencial entre docentes y alumnos. Es fundamental que esta nueva realidad limite la caída en los aprendizajes y prevenga el abandono escolar, particularmente de los niños y jóvenes en situaciones más vulnerables.

Son las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de los sectores rurales, empobrecidos, con discapacidades, quienes serán expuestos innecesariamente a posibles contagios, con consecuencias impredecibles ya que, como sabemos, las condiciones nutricionales, inmunológicas que se requieren para hacerle frente al virus en sectores donde apenas se puede sobrevivir no son las mejores, lo que necesariamente debe tomarse en cuenta antes de adoptar una decisión como la anunciada.  Adicionalmente, la ausencia de una política pública de salud mental dirigida a los distintos grupos de atención prioritaria no puede suplirse con decisiones que pongan en riesgo a una población que merece total protección por parte del Estado, conforme lo establece la Constitución, los Tratados internacionales sobre la protección de la niñez y adolescencia, el Código de la Niñez y Adolescencia y demás normativa nacional y local.

Con estos antecedentes, en el marco de sus competencias y atribuciones, este Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito:

RATIFICA los exhortos realizados en pronunciamientos anteriores para que tanto el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y demás instituciones del Estado, implementen las medidas necesarias para enfrentar esta crisis sanitaria por COVID 19 con el mayor apego a la garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes.

INSTA al Gobierno Nacional, como garante de derechos, a que se definan y ejecuten políticas concretas para disminuir la brecha digital y garantizar a niñas, niños y adolescentes el acceso a las tecnologías de la información TIC’s, especialmente en las zonas rurales. Adicionalmente se presenten las cifras de niños, niñas y adolescentes vacunados.

RECOMIENDA a las organizaciones no gubernamentales, a la hora de pronunciarse, considerar las problemáticas, potencialidades y todas las dinámicas locales para que las acciones desplegadas tengan mayor pertinencia territorial y garanticen la protección integral de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de nuestro país.

Finalmente, ratificamos nuestro compromiso de velar y promover los derechos de todas las personas en el Distrito Metropolitano de Quito, fundamentalmente de los grupos de atención prioritaria, en situación de vulnerabilidad o riesgo.

Gissela Chalá Reinoso                                  Sybel Martínez Reinoso

PRESIDENTA DEL CPD DMQ                    VICEPRESIDENTA DEL CPD

[1] “Unicef pide al Gobierno de Guillermo Lasso reabrir escuelas y combatir la desnutrición y violencia | Ecuador | Noticias | El Universo” https://www.eluniverso.com/noticias/ecuador/unicef-pide-al-gobierno-de-guillermo-lasso-reabrir-escuelas-y-combatir-la-desnutricion-y-violencia-nota/?outputType=amp

[2] Día emblemático para recordar y ratificar los compromisos de los Estados con la protección de la niñez y adolescencia.

Archivo PDF: Garantizar el derecho a la educación de NNA y J