Quito, 16 de abril de 2021

El Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito, en el marco de la normativa vigente, cumple con el ejercicio de su atribución de protección de derechos humanos;  en este sentido, expresa su profunda preocupación por la “falta de disponibilidad de camas de Unidades de Cuidados Intensivos -UCI-, de los hospitales públicos, a escala nacional”, lo que genera “que cada vez sea más extensa la lista de espera” (DPE, 2021) y pone en riesgo absoluto a los pacientes por Covid-19, en especial a quienes pertenecen a los grupos de atención prioritaria así como a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad

La Defensoría del Pueblo alerta que en “la ciudad de Quito, la lista de pacientes por Covid-19 en espera de una cama estaría superando las 100 personas. La crisis sanitaria se produce también en el área de hospitalización, donde la lista de espera para recibir atención médica por Covid-19 es alrededor de 45 pacientes” (ibid.) La realidad nacional y local es sumamente alarmante, por lo que se requiere respuestas oportunas por parte del Gobierno Nacional, que permita una adecuada prestación de servicios de salud en los territorios, garantizando fundamentalmente una infraestructura adecuada, recursos y personal suficientes frente a la emergencia sanitaria que vive el país.

Sin embargo, la política pública del Gobierno Nacional no ha estado a la altura de solventar las necesidades de los pacientes, hecho confirmado en el desmantelamiento del Sistema de Salud Pública, los escandalosos casos de corrupción, el plan de vacunación VIP, entre otros.

En un contexto tan adverso como el que estamos viviendo resulta inconcebible que desde el ente rector de la política de salud no se hayan generado lineamientos y acuerdos para que los servicios privados puedan poner su contingente a disposición de la emergencia sanitaria desde una mirada de corresponsabilidad y compromiso social.  Es importante recordar que la salud es un derecho universal y no un negocio privado y que en nuestro país este Gobierno ha actuado sin regulación alguna. No es posible que en un Estado constitucional de derechos se permita negociar con la vida de las personas.

Ante esto, el Consejo de Protección de Derechos recuerda que la Constitución de la República, establece la responsabilidad del Estado en la garantía del derecho a la salud -artículo 32 CRE-, adicionalmente la Ley Orgánica de Salud, en su artículo 7, reconoce que la salud es un derecho humano inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, y sin discriminación.

En el marco de lo señalado, y en cumplimiento de sus atribuciones y competencias, el Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito:

EXHORTA al Gobierno Nacional, y a las autoridades competentes a nivel nacional y local, a cumplir con el marco normativo para garantizar el derecho a la salud a todas las personas, en especial a las que se encuentran en situación de vulnerabilidad A acoger el pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo del Ecuador, emitido el 16 de abril de 2021, en el que insta a “declarar, de uso público, la infraestructura de clínicas y hospitales privados para afrontar la emergencia sanitaria” (DPE, 2021), que permita atender de manera eficiente a los pacientes de covid-19, así como también declarar en emergencia el Sistema de Salud Pública,  asignando los recursos y el personal necesario para su correcto funcionamiento

EXIGE al Gobierno Nacional que, a través del Ministerio de Salud como ente rector, formule una política pública especializada -y urgente- que garantice la inversión en la ampliación y/o mejoramiento de la infraestructura y equipamiento adecuado de todos los servicios de salud, en el marco de la pandemia por la Covid-19, que permita garantizar el acceso de pacientes a una atención óptima y de calidad en los hospitales, tanto públicos como privados, de todo el territorio nacional.

Que se implementen, de manera urgente, las regulaciones necesarias en cuanto a los costos de atención y medicinas por Covid- 19 en los servicios de salud privada. La salud no puede ser negocio, menos aún en tiempos de pandemia.

CONVOCA al Ministerio de Salud a analizar e implantar, en el marco de sus competencias, el documento técnico elaborado por el Consejo de Protección de Derechos: “Directrices Técnicas para incorporar a los grupos de atención prioritaria, en situación de riesgo y/o vulnerabilidad en el Plan de Vacunación en el DMQ”-, con el objetivo de inmunizar con prioridad a los grupos con alta vulnerabilidad.

RECOMIENDA a la ciudadanía en general cumplir de manera permanente con los protocolos de bioseguridad para evitar el contagio y así detener el incremento de personas que requieran atención en los hospitales, esto permitirá aportar desde la corresponsabilidad frente al colapso en el sistema de salud pública.

El Consejo de Protección de Derechos estará vigilante de las decisiones que el Gobierno Nacional adopte respecto del colapso del sistema de salud pública.

 

Gissela Chalá Reinoso                                  Sybel Martínez Reinoso

PRESIDENTA DEL CPD DMQ                    VICEPRESIDENTA DEL CPD

Archivo PDF: PRONUNCIAMIENTO SALUD