Quito, 7 de abril de 2021

El Consejo de Protección de Derechos de Distrito Metropolitano de Quito, en ejercicio de su atribución de protección de los derechos humanos, expresa su indignación por las diferentes formas de maltrato a las que se han expuesto a las personas adultas mayores en el proceso de vacunación contra la COVID-19, implementado en esta ciudad.

Durante estos días se ha podido observar largas filas de adultos/as mayores esperando en la vía pública -durante horas- para recibir la vacuna contra la COVID-19, expuestos a aglomeraciones, soportando las inclemencias del tiempo, movilizándose en medios de transporte que no garantizan seguridades mínimas para evitar los contagios, o siendo comunicados -después de varias horas de espera- que no van a ser atendidos, tal como ocurrió en las instalaciones de la ESPE, en el Hospital de Calderón, en el Colegio Dillon, o en el Colegio Central Técnico.

Todo esto permite concluir que el proceso de vacunación, en estas condiciones, no respeta la dignidad de los adultos y adultas mayores; a pesar de que las autoridades de salud pública señalan de manera permanente que estos inconvenientes se están solucionando, la realidad es diferente, y evidencia una vez más la ineficiencia e incapacidad del Gobierno de actuar de manera planificada y efectiva en la implementación del anunciado Plan de vacunación.

La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores considera como maltrato “toda acción u omisión, única o repetida, contra una persona mayor que produce daño a su integridad física, psíquica y moral y que vulnera el goce o ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales”.

De igual manera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDH retoma las recomendaciones 41 a 45 de la Resolución No. 01/20, “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas”, con el fin asegurar el respeto a las personas mayores como sujetos plenos de derechos, de acuerdo con los estándares de derechos humanos, frente a la pandemia del COVID-19. La CIDH recomienda además a los Estados que adopten las medidas necesarias para contener el aumento de contagios, priorizar la atención médica y evitar el edadismo, garantizando el derecho a brindar consentimiento en el ámbito de la salud y facilitando medios de contacto familiar.

Los artículos 35 y 36 de la Constitución de la República del Ecuador (CRE) establecen que “las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado; en especial en los campos de inclusión económica y protección contra la violencia […]”. Todo esto, en concordancia con lo prescrito en el artículo 37 de la CRE, en el que se garantiza a las personas adultas mayores la atención gratuita y especializada en salud que asegure una vida digna.

Adicionalmente, el art. 38 de la CRE dispone la protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole; entre otros.

Por lo señalado, en el marco de sus atribuciones y competencias, el Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito:

RECHAZA toda forma de maltrato institucional en contra de las personas adultas mayores en el proceso de vacunación implementado por el Ministerio de Salud y otras instituciones responsables del Plan de Vacunación.

EXIGE al Estado, como garante de derechos, a través del Gobierno Nacional, pedir disculpas públicas a las adultas y adultos mayores, y establecer mecanismos eficientes de atención a esta población, reconocida constitucionalmente como Grupo de Atención Prioritaria.

CONMINA al Ministerio de Salud a generar e implementar mecanismos necesarios y urgentes para:

  • Corregir las ineficiencias del Plan de vacunación en relación al registro, notificación, atención, inmunización y seguimiento a las personas adultas mayores, a fin de darles una atención de calidad, acorde a sus prioridades y derechos.
  • Informar a los/as adultos/as mayores, en el momento de la inmunización, el tipo de vacuna que van a recibir, el número de dosis requeridlo y su temporalidad.
  • Entregar el carnet -físico- de vacunación que les permita recordar la fecha de aplicación de la primera dosis, el tiempo en el que tendrían que aplicarse la segunda dosis y el tipo de vacuna recibida.
  • Fortalecer el sistema de salud pública, debilitado por los múltiples recortes, para contar con una logística eficiente a fin de garantizar el cumplimiento del horario de la cita asignada, evitando así aglomeraciones, exceso en el tiempo de espera, exposición a riesgos y, sobre todo, promoviendo el buen trato y el respeto de su dignidad.

EXHORTA a las autoridades competentes en el nivel nacional y local acoger el pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo del Ecuador, emitido el 07 de abril de 2021, en el que insta “a garantizar la atención especializada de salud integral, con calidad y calidez, a las personas adultas mayores, observando sus necesidades específicas“.

EXPRESA su solidaridad a las personas adultas mayores por el maltrato sufrido en las jornadas de vacunación y manifiesta que permanecerá vigilante de que las instituciones responsables de su inmunización no vuelvan a propiciar situaciones como las ocurridas en estos días.

El Consejo de Protección de Derechos ratifica su compromiso con la   protección de derechos de la población del Distrito Metropolitano de Quito, principalmente de aquella perteneciente a los grupos de atención prioritaria, en situación de riesgo y/o vulnerabilidad.

 

Gissela Chalá Reinoso                                   Sybel Martínez Reinoso

PRESIDENTA DEL CPD DMQ                       VICEPRESIDENTA DEL CPD

 

PDF: Pronunciamiento AM publicado