REFLEXION TECNICA

 24 de marzo de 2021

Día Internacional del Derecho a la Verdad en Relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y la Dignidad de las Víctimas

 La verdad constituye un marco social de reconocimiento de las víctimas y de la sociedad vulnerada en los casos de violaciones de derechos humanos, donde la represión, la tortura o el miedo han producido heridas individuales y colectivas.

Carlos Martín Beristain, 2021

El 21 de diciembre del año 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 24 de marzo como Día Internacional del Derecho a la Verdad en Relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y la Dignidad de las Víctimas a través de la Resolución 65/196[1], en conmemoración del fallecimiento del arzobispo salvadoreño Óscar Arnulfo Romero, quien fue asesinado por denunciar casos de violación de los derechos humanos.

Al respecto, este tipo de hechos no han sido ajenos en la historia del Ecuador. Esta información ha sido recogida en dos informes, principalmente:

  1. Informe de la Comisión de la Verdad, elaborado en el año 2010 con el objetivo de “investigar y esclarecer e impedir la impunidad respecto de los hechos violentos y violatorios de los derechos humanos, ocurridos entre 1984 y 1988 y otros períodos”.
  2. Informe de la Comisión Especial para la Verdad y la Justicia respecto de los hechos ocurridos en Ecuador entre el 3 y el 16 de octubre de 2019, emitido en el mes de marzo del presente año.

Los hallazgos en común de estos documentos se refieren a los siguientes excesos por parte del Estado:

  • Atentados contre el derecho a la vida
  • Violaciones al derecho a la integridad personal
  • Torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes
  • Privación ilegal de la libertad personal

En el caso del primer informe se registra un total de 456 víctimas, 310 de ellas ocurridas durante el período presidencial de León Febres Cordero. En el caso del segundo informe, se registra un total de 259 presuntas víctimas de vulneraciones de derechos humanos[2] perpetradas por agentes estatales durante el paro de octubre de 2019, suscitado entre los días 3 y 16 de dicho mes.

Esta información pone en evidencia la débil institucionalidad del Estado ecuatoriano, no solo respecto a sus competencias frente a la protección de derechos, sino también respecto a la garantía del cumplimiento de los mismos. A ello se suma la grave situación carcelaria en el país, frente a lo cual las insituciones tienen una responsabilidad directa. Todas estas problemáticas hacen que sea urgente el fortalecimiento de la estructura del Estado en su integralidad, ya que sin ello no es posible hablar de un Estado Constitucional de derechos y justicia social, tal como se estable en la Constitución del Ecuador.

Desde este Consejo, en cumplimiento de sus atribuciones y con el fin de que los derechos sean una realidad para todas y todos, apostamos permanentemente al fortalecimiento del Sistema de Protección Integral como una de las vías mediante la cual  es posible transformar estas realidades.

[1] https://undocs.org/es/A/RES/65/196

[2] Sobre estas presuntas víctimas este informe aclara que “la presentación del testimonio fue voluntaria, por lo tanto, el total presentado no debe ser considerado como definitivo y en el marco de la investigación penal se podrá establecer el número total de víctimas y afectados”

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