El Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito expresa su profunda indignación por los hechos lamentables e inhumanos suscitados en tres centros de privación de la libertad del país, sucesos que evidencian la profunda crisis del Sistema Penitenciario en el Ecuador.  La muerte de 81 personas privadas de libertad por amotinamientos en los centros de  Guayas, Azuay y Cotopaxi[1] dan cuenta, una vez más, de la incapacidad del Estado para garantizar los derechos humanos fundamentales,  como son los derechos a la integridad y la vida.

Si bien este Consejo tiene atribuciones en el Distrito Metropolitano de Quito, no puede estar callado frente a los hechos de violencia suscitados en días pasados y que afectan no sólo a las personas privadas de libertad, y sus familias, sino que conmocionan a toda nuestra  sociedad por los altos niveles de violencia que conllevan; hechos que reflejan, además, el nivel de debilitamiento del Estado en temas de seguridad, sumados a otros ámbitos fundamentales como la salud, la educación, la protección especial, la economía, el trabajo, la lucha contra las formas de discriminación, violencias y racismo, según establece el Acuerdo de Durban.

Vemos que la forma irresponsable en la que el Gobierno Nacional ha manejado el sistema carcelario lo ha llevado al colapso; según declaraciones de algunos ex funcionarios del Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI), entre febrero y mayo del 2020, el Ministerio de Finanzas ejecutó tres recortes al programa de fortalecimiento del sistema carcelario por más del 70%.[2]; adicionalmente se redujo personal (psicólogas, trabajadoras sociales), se promovió un hacinamiento de más del 40%, siendo actualmente del 33%. Por otro lado, el Gobierno Nacional, no ha cumplido con la disposición emanada por la Corte Constitucional a través del dictamen de constitucionalidad de la declaratoria de estado de excepción Nro. 6-20-EE/20, de que “elabore y ejecute un plan de acción a mediano y largo plazo para afrontar la crisis en el sistema carcelario mediante el régimen ordinario…”, lo que conlleva una gran responsabilidad por omisión.

Frente a estos hechos, es inaceptable que el primer mandatario en sus declaraciones oficiales traslade responsabilidades por fuera de su competencia como Presidente del Ecuador, lo vivido en estos días es una clara consecuencia del desmantelamiento de la estructura del Estado para responder como garante de derechos. También es inadmisible la reacción de algunos sectores de la sociedad quienes a través de redes sociales han aplaudido estos episodios de violencia y crueldad frente a las personas privadas de la libertad.  Es importante insistir que la naturalización y normalización de las violencias, especialmente de la violencia estructural que es la que genera desigualdad, discriminación, injustica social, tiene claras repercusiones en la vida política, social, económica y cultural de un país, pues son las personas privadas de libertad, en su mayoría, la consecuencia de un sistema desigual e inhumano.

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 35, determina que las personas privadas de libertad son un grupo de atención prioritaria, por lo que se encuentran bajo la custodia y responsabilidad del Estado, como garante de derechos.

Por su parte, el art. 12 del Código Orgánico Integral Penal reconoce a las personas privadas de libertad, entre otros, los derechos a la integridad personal, alimentación adecuada, comunicación y vinculación familiar, acceso a servicios de salud, prohibición del aislamiento como castigo y la proporcionalidad en las sanciones disciplinarias.

En este marco, le recuerda al Estado Ecuatoriano que está obligado a diseñar e implementar una política penal integral basada en la garantía de los derechos humanos, que contemple la prevención de las violencias existentes en la sociedad, el uso adecuado y no excesivo de la prisión preventiva y el cumplimiento de la pena bajo los principios constitucionales de rehabilitación y reinserción social.

En este contexto, el Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito, en cumplimiento de sus competencias y responsabilidades:

RECHAZA los actos de violencia, crueldad y tortura perpetrados en los centros de privación de libertad, así como todas las expresiones de odio, discriminación e indiferencia generadas en contra de las personas privadas de la libertad.

EXHORTA al Estado a cumplir con su rol de garante de derechos, conforme establece la Constitución, las leyes y demás instrumentos normativos de protección de derechos orientados a la defensa de los grupos de atención prioritaria. Al Gobierno Nacional, y su Presidente, a implementar el plan dispuesto por la Corte Constitucional para afrontar la crisis en el sistema carcelario mediante el régimen ordinario, lo que implica reforzar la seguridad y los mecanismos de control en los centros de privación de libertad.

A declarar tres días de luto nacional por las personas que, de forma masiva y extremadamente violenta, perdieron la vida en los centros penitenciarios del país.

INSTA al Servicio Nacional de Atención Integral para adultos privados de libertad y adolescentes infractores -SNAI a evaluar la eficacia de las políticas diseñadas en torno a la implementación del Sistema de Rehabilitación Social, y tomar todas las medidas para frenar, de forma inmediata, los hechos de violencia que se presentan en los centros de privación de libertad.

EXIGE a la Fiscalía la adopción de medidas inmediatas y urgentes para investigar, juzgar y sancionar los hechos violentos registrados el pasado martes 23 de febrero.

CONVOCA a la Secretaría de Derechos Humanos a realizar un proceso de acompañamiento a través de sus servicios a las familias de las personas privadas de libertad fallecidas en el amotinamiento.

SE SUMA Y EXIGE a las y los defensores de derecho humanos a expresar su voz de rechazo frente a estos hechos lamentables que enlutan a nuestro país.  A la sociedad en general, a no naturalizar el odio, la discriminación y la violencia como una forma de relacionamiento en la sociedad.

El Consejo de Protección de Derechos se encuentra vigilante y exige al Gobierno Nacional el cumplimiento de sus obligaciones de respeto y garantía de los derechos de las personas privadas de libertad.

 

Gissela Chalá Reinoso                                                         Sybel Martínez Reinoso

                PRESIDENTA DEL CPD DMQ                               VICEPRESIDENTA DEL CPD

[1] Diario El Comercio. Rehabilitación actualiza cifra de muertos en cárceles del Ecuador; se reportan 79 fallecidos. Disponible en: https://www.elcomercio.com/actualidad/rehabilitacion-muertes-carceles-amotinamientos-ecuador.html

[2] https://www.primicias.ec/noticias/sociedad/masacre-control-carceles-grupos-contra-choneros-ecuador/