Quito, 2 de febrero de 2021

Un nuevo mensaje circulado en días pasados por las redes sociales[1], así como otras expresiones de un candidato que en una entrevista señalaba que “no está acostumbrado a la merienda de negros” dejan ver claramente la persistencia de posiciones racistas, clasistas y, evidentemente, discriminatorias en contra de las personas afroecuatorianas, enmarcadas en el contexto de una campaña electoral para elegir a quien dirigirá el país en los próximos cuatro años.

Estos mensajes, que han causado absoluta indignación, son una expresión más del posicionamiento político de una élite social que desconoce e invisibiliza el aporte histórico y cultural de uno de los pueblos ancestrales de nuestro país, como es el afroecuatoriano. Las desatinadas y lamentables expresiones son reiterativas y tienen también connotaciones de aporofobia (rechazo a las personas por ser pobres) desconociendo así los principios fundamentales de los derechos humanos consagrados en nuestra Constitución y demás instrumentos internacionales.

Es lamentable que quienes deberían constituirse en referentes éticos por su vinculación a la Academia, espacio de formación, y a la vida política, se permitan realizar este tipo de expresiones sin responsabilidad alguna. En este contexto, es penoso que las instituciones de educación superior -y el mismo ente rector del Sistema Educativo Superior- guarden silencio cómplice ante este tipo de declaraciones que van en contra del principio constitucional que reconoce nuestras raíces ancestrales, forjadas por mujeres y hombres de distintos pueblos y nacionalidades.

El Art. 1 de la Norma Suprema establece que el Ecuador es un “Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico…”, y el Art. 11 prescribe que “Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural…”; por lo tanto, entre los principios básicos de la convivencia social establece los principios de igualdad y no discriminación, mismos que deben ser garantizados por todas las instituciones del Estado. Estos preceptos orientan el quehacer de la vida pública y política con el objetivo de superar todas las condiciones de desigualdad, discriminación y violencia instauradas por un régimen económico que agudiza y perpetúa las contradicciones sociales, y en donde los pueblos y nacionalidades del Ecuador han sido víctimas de racismo como una de las formas de violencia estructural más arraigadas.

En el contexto internacional, la Declaración y Programa de Acción de Durban, de septiembre de 2001, consagran el decidido compromiso de la comunidad internacional de luchar contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia en el plano nacional, regional e internacional; siendo el Ecuador uno de los países que se comprometió con la implementación de los acuerdos establecidos en dichos instrumentos.

Por lo expuesto, y a fin de propiciar el cumplimiento de los preceptos constitucionales, el Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito, en apego a sus competencias y atribuciones:

RECHAZA toda declaración, expresión, y/o comentario que ofenda al pueblo afroecuatoriano y perpetúe el pensamiento clasista y racista de una sociedad que ha sido incapaz de superar los perjuicios y reconocer los avances en materia de derechos y dignidad humana.

EXHORTA al Estado a cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en la Constitución, en la normativa nacional y demás instrumentos internacionales suscritos para la defensa de los derechos humanos fundamentales.

EXIGE a la Secretaría Nacional de Educación Superior la generación de lineamientos para que las Instituciones de Educación Superior garanticen en su estructura curricular los principios de igualdad y no discriminación establecidos en la Constitución y demás instrumentos de política.

Al Consejo Nacional de la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades a actuar en el marco de sus competencias para que hechos lamentables como los señalados no se reproduzcan y menos aún desde la Academia.

Al Consejo Nacional Electoral para que no permita expresiones racistas, discriminatorias y ofensivas de parte de quienes están participando para las diferentes dignidades, en el presente proceso electoral.

DEMANDA a la comunidad universitaria el rechazo de este tipo de declaraciones que son una expresión de la naturalización de la violencia en contra de las poblaciones históricamente excluidas. A exigir a sus autoridades el respeto, en todas sus dimensiones, de la dignidad de las personas y colectividades.

CONVOCA a la ciudadanía a rechazar este tipo de expresiones que no tienen cabida en un Estado democrático, plurinacional e intercultural, menos aun siendo garante de los derechos humanos fundamentales.

El Consejo de Protección de Derechos permanecerá vigilante de los hechos que pongan en riesgo la integridad y la dignidad de los grupos de atención prioritaria y de quienes se encuentran en situación de exclusión y/o vulnerabilidad.

 

Gissela Chalá Reinoso

PRESIDENTA DELEGADA DEL ALCALDE AL CPD

 Sybel Martínez Reinoso

VICEPRESIDENTA REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD CIVIL AL CPD

 [1] https://twitter.com/SgangotenaG/status/1355940853798338564?s=08

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