Desde marzo del año 2020, cuando inició la emergencia sanitaria, este Consejo de Protección de Derechos no ha dejado de pronunciarse frente a todos los hechos que en este contexto han puesto en riesgo la integridad, la salud y la vida del personal sanitario, así como de la ciudadanía en general, evidenciado, permanentemente, la incapacidad del sistema de salud de dar atención a las víctimas de la pandemia por COVID-19.

La falta de actuación oportuna, de insumos médicos y de asignación de recursos suficientes cobraron la vida de miles de personas en todo el país. Durante los días más dolorosos de emergencia sanitaria, el país fue testigo de varias denuncias por sobreprecios y corrupción en la adquisición de insumos médicos, en el reparto de medicinas y hasta en la compra de fundas para cadáveres. Todo esto en un escenario en el que primó y prima la ausencia de liderazgo, la falta de conocimientos técnicos, el irrespeto a los derechos humanos y las reiteradas expresiones de abuso del poder.

Pese a lo vivido, como sociedad hemos permanecido expectantes al desarrollo de una vacuna que permita enfrentar a la COVID -19, esperando que las decisiones de nuestros gobernantes sean las más dignas y acertadas para proteger al personal que trabaja en primera línea, así como a aquellas personas que se encuentran en mayor condición de vulnerabilidad. Con la negociación de las primeras vacunas, el anuncio del Gobierno Nacional hacía referencia a la llegada de 86.000 dosis en su fase inicial hasta el mes de marzo[1],  lamentablemente el número de vacunas adquiridas estuvo muy por debajo de lo anunciado públicamente.

Debido al escaso número de vacunas, el Presidente Lenin Moreno informó que la distribución se centraría en el personal que se encuentra en primera línea para enfrentar la pandemia e invitó a la participación ciudadana para garantizar el éxito de esta etapa. Posteriormente anunció la creación de un “Comité de Transparencia” integrado por reconocidos médicos y otros profesionales, quienes tendrían acceso a todas las etapas del proceso de vacunación “para verificar su transparencia y la correcta aplicación de parámetros técnicos”.

Ahora, en medio de la incertidumbre y la aflicción social, se conoce de un comunicado de prensa del Ministerio de Salud Pública, de fecha 23 de enero, en el que se informa que una brigada de salud con la vacuna contra la COVID-19, “continuó con el proceso de inmunización en el Centro Geriátrico del Hospital de los Valles y en la unidad de salud, ubicada en la ciudad de Quito. Residentes de la tercera edad y personal de atención, además de profesionales de la salud, recibieron la primera dosis de la vacuna”.

En la versión digital de Diario El Comercio[2], de fecha 25 de enero de 2021, en la nota titulada ¿Qué pasó con vacunas contra el Covid en geriátrico del Hospital de los Valles? El ministro Zevallos, sobre la consulta de si es real que tiene un familiar en el centro gerontológico particular del Hospital de los Valles, responde: “No solo un familiar, varios familiares”, afirmando que “el personal de salud y residentes gerontológicos de todo el país tienen derecho a ser vacunados, no solo los públicos. La próxima semana iremos al Hospital Metropolitano y también a la Clínica Colonial”. Así también se conoció que en el Hospital Carlos Andrade Marín una dosis fue aplicada a la Directora de Comunicación[3] de la entidad.

Estos hechos son la evidencia concreta de la negligencia, indolencia y falta de criterio técnico para la priorización de respuestas en la emergencia sanitaria; queda claro que las autoridades del gobierno desconocen los principios elementales que deberían sostener un Estado Constitucional  de Derechos y la atención de la salud como un servicio público orientado principalmente a quienes se encuentran en mayor situación de riesgo y vulnerabilidad, contradiciendo así lo que establece la Constitución en su Art 32: “La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional“.

Cuestionamos, cuáles son los criterios técnicos manejados por el Ministerio de Salud, y más específicamente por su máxima autoridad, a la hora de destinar las escasas vacunas que han arribado al país, considerando que el Estado cuenta con 58 centros gerontológicos de administración directa y por convenio donde se atiende a 2.171 adultos mayores, centros que han registrado contagios y hasta muertes por el virus durante la pandemia.

Por lo expuesto, el Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito, en cumplimiento de sus competencias y atribuciones:

EXHORTA al Estado a cumplir con su rol de garante de derechos conforme establece la Constitución, la demás normativa nacional y los instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador.

EXIGE la renuncia del Ministro de Salud, quien con estos hechos ha actuado de manera contraria al bien común de la población, evidenciando que no se prioriza a los sectores más vulnerables ubicados en la primera línea de atención médica y sanitaria.

INSTA al Gobierno Nacional para que asigne los recursos necesarios y oportunos para enfrentar la pandemia del COVID 19 en el país, que incluye equipamiento médico, pruebas de laboratorio, medicamentos en el sistema de salud, vacunas e información clara y transparente sobre su adquisición y distribución.

RECUERDA al Comité de Transparencia creado por el Presidente Lenin Moreno que su accionar debe responder a intereses ciudadanos, por lo que es su obligación no dejar al margen de evaluaciones técnicas y éticas a todo funcionario público vinculado al proceso de vacunación, comenzando por analizar la actuación del Ministro Juan Carlos Zevallos al designar y priorizar vacunas a un centro gerontológico y un hospital privado de la capital.

SOLICITA la actuación inmediata de la Asamblea Nacional conforme sus competencias para fiscalizar los procesos de adquisición de las vacunas, así como el plan de aplicación de las mismas a nivel nacional.

REQUIERE al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que active una veeduría ciudadana en la adquisición y aplicación de vacunas para dar respuesta a la Covid-19.

El Consejo de Protección de Derechos recuerda el mandato constitucional que dispone precautelar los derechos toda la población, en especial de los grupos de atención prioritaria y de quienes se encuentran en situación de exclusión y/o vulnerabilidad.

 

Gissela Chalá Reinoso

PRESIDENTA DELEGADA DEL ALCALDE AL CPD

 Sybel Martínez Reinoso

VICEPRESIDENTA REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD CIVIL AL CPD

[1] https://www.elcomercio.com/actualidad/vacunas-covid19-ecuador-ministerio-distribucion.html

[2] https://www.elcomercio.com/actualidad/vacuna-covid19-hospital-valles-quito.html

[3] https://www.expreso.ec/actualidad/destituyen-funcionaria-hospital-carlos-andrade-marin-recibir-vacuna-97500.html

Documento PDF: PRONUNCIAMIENTO VACUNAS