Noviembre de 2020

El Consejo Consultivo de Personas con Discapacidad del Distrito Metropolitano de Quito, emite el presente comunicado, al conmemorarse el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el 3 de diciembre de cada año. En tal virtud, manifestamos la preocupación por la situación actual de vulneración de los derechos de nuestro colectivo en el contexto del DMQ, así como del país en general, durante la Emergencia Sanitaria, vivida en este 2020.

El país ha estado sujeto a una larga declaratoria de Emergencia Sanitaria, en respuesta a las consecuencias del virus SARS COVID 19, con una tasa de mortalidad, mayor al 1% de la población contagiada. En ese contexto, las personas con discapacidad hemos afrontado la poca respuesta gubernamental para cubrir las siguientes necesidades:

  • La falta de alimentos o las ayudas de kits alimentarios, ha sido un problema recurrente, puesto que las bases de datos relacionadas con el registro social no siempre evidencian la verdadera situación de las personas con discapacidad…

En este mismo sentido, debemos indicar que varias de las organizaciones que son parte de este consejo, al ir a solicitar ayudas al patronato o a las secretarías de gobierno, se encontraron con el desconocimiento de los funcionarios que no sabían que personas tienen discapacidad o no. Frases como, “las personas ciegas no son personas con discapacidad”, fueron escuchadas durante la Emergencia Sanitaria.

  • Asimismo, los despidos intempestivos a personas con discapacidad o sustitutos, por parte tanto de las empresas públicas como de las privadas en retroceso del derecho al trabajo, establecido en la normativa nacional e internacional, ha sido una problemática que ha menoscabado la supervivencia de muchas personas con discapacidad o sus familias, ya que la normativa emitida como la Ley Humanitaria únicamente ha favorecido a los empresarios, a pesar de que se diga que esto no tiene afectación en nuestro colectivo. Pues, casos de personas despedidas sin liquidación, de personas con sueldos retrasados o con rebaja de sueldos sin claras justificaciones, son algunas de las problemáticas laborales que el colectivo ha afrontado en este
  • También, la situación de los hospitales públicos que no han contado con los servicios necesarios para garantizar el derecho a la salud de los ciudadanos en condición de discapacidad es otro de los aspectos, ya que, durante la emergencia sanitaria hemos palpado casos de personas con discapacidad contagiadas de COVID 19, que se acercaron a los servicios de salud tanto del Estado nacional como del local, pero recibieron una negativa al ser atendidos en los hospitales y centros de salud, tal como si no se encontraran dentro de los Grupos de Atención Prioritaria, conminados en la Constitución de nuestro país.
  • Tampoco se debe dejar a un lado la situación de los servicios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social La atención en salud, no provee las medicinas o terapias requeridas por las personas con discapacidad, ni las ayudas técnicas para aquellos que las necesitan, por ejemplo prótesis, inferiores y superiores, son de pésima calidad, al igual que las prótesis bucales. No existe tampoco prioridad en la atención sobre todo a personas con discapacidad y jubilados (doble vulnerabilidad) y no se les entrega lo que necesitan para llevar una vida digna.
  • Además, se vivió, en varias organizaciones, la falta de ayuda de parte de ECU911 que al ser requerido para concretar atención a personas con discapacidad por COVID 19 u otras situaciones de salud, no la pudo definir en ningún
  • Por otro lado, la educación virtual vigente en estos tiempos, no ha tomado en cuenta los ajustes razonables para garantizar el acceso en igualdad de condiciones; esto porque hemos evidenciado el poco acceso a internet de las personas con discapacidad, sus familias no están preparadas para realizar el proceso educativo desde casa, se han dejado de lado las adaptaciones curriculares y la ayuda de los pedagogos tanto de las escuelas inclusivas como de las diferentes UDAI, aunque es grato ver que en muchos casos, las familias han hecho un acompañamiento que de a poco ha ido mejorando la situación de la persona con discapacidad, pero no todos los casos se pueden valorar como adecuados. Entendemos que la situación nos tomó a todos desprevenidos; por ello esperamos que los docentes, las autoridades escolares vayan mejorando también los procesos para garantizar una educación inclusiva más efectiva.
  • No podemos dejar de lado el papel poco protagónico del MIES, que no ha visto por las necesidades de las personas con discapacidad e incluso estamos siendo testigos del desalojo de una de nuestras organizaciones parte de este Consejo, que atiende a personas con discapacidad, de instalaciones dadas en comodato por parte del MIES sin que haya razón explícita para
  • Por último, los hechos de corrupción, que todavía no han sido debidamente castigados en ningún sentido, relacionados con la obtención de los carnet de discapacidad de ciudadanos que no presentan ninguna discapacidad, pero que se han beneficiado con este documento, nos desconcierta sobre manera, porque el mayor inconveniente es ver como las familias de personas con discapacidad viven, además, un camino difícil, engorroso, en el que invierten tiempo, financiamiento económico para obtener un diagnóstico lícito que permita la carnetización y luego de todo un proceso largo por fin, recibir el carnet. Este camino en muchas ocasiones está viciado de burocracia, así como de profesionales que no siempre cuentan con las experticias adecuadas. Hemos además comprobado cómo se han puesto, como consecuencia de este hecho de corrupción, mayores trabas para la obtención del carnet de discapacidad, con lo que siguen pagando las personas con discapacidad. Es deplorable como la actuación de estas personas inescrupulosas haya desvirtuado la lucha para tener un justo lugar en nuestra

Por todo lo expuesto, el Consejo Consultivo de Personas con Discapacidad del DM Quito, en el marco de sus competencias y atribuciones como parte del Sistema de Protección de Derechos de Grupos de Atención Prioritaria de Quito, partícipe del Consejo de Protección de Derechos:

EXIGE al Estado tanto local como nacional, mayor actuación en el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, así como también de sus familias, en temas de trabajo, salud, educación, alimentación, además de otros temas vinculantes como la obtención digna del carnet de discapacidad.

Exigimos que la corrupción tenga un justo castigo a su falta de moral y ética para con las personas con discapacidad al subrogarse medidas afirmativas que no necesitan con los carnets obtenidos fraudulentamente, realizar una auditoría, fiscalización, observancia exhaustiva de las políticas públicas, de los procesos o trámites que tienen que ver con los servicios para personas con discapacidad dentro de todos los Ministerios (de Salud Pública, Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Inclusión Económica y Social, entre otros), ya que son los rectores de las políticas, de acuerdo a la  Constitución de la República del Ecuador.

INSTA no eliminar las prerrogativas conseguidas por las personas con discapacidad, lo cual es su justo derecho, a pretexto de los casos de corrupción que se saltan la  normativa.

Que se trate con respeto la condición vulnerable de las personas con discapacidad en atención en salud, por tanto, que las instancias que atienden la misma cuenten con los insumos médicos, medicina adecuada, personal capacitado, para dicha atención.

DEMANDA a los entes, parte del Sistema Nacional de Protección Integral de las Personas con Discapacidad, instituido en la Ley Orgánica de Discapacidades, en el Artículo 88 y que deben velar por el cumplimiento de las leyes, estén atentos a cualquier vulneración de derechos de las personas con discapacidad para realizar adecuadamente su labor, y que se sancione con todo el rigor de la ley a aquellos que no cumplan con las personas con discapacidad o busquen aventajar su situación tomando sin merecerlo, prerrogativas de las personas con discapacidad o sus familias.

PIDE no se vulneren los derechos de las personas con discapacidad por omisión u acción por parte de las autoridades del estado nacional y local. Pide además a la sociedad, estar pendientes por solidaridad y empatía, para no permitir ninguna vulneración de derechos, trabajando en solidaridad con toda la comunidad para hacer respetar a las personas con discapacidad.

El Consejo Consultivo de Personas con Discapacidad del Distrito Metropolitano de Quito continuará alerta a todas las acciones que realicen los entes gubernamentales nacionales y locales, para exigir que se cumplan las normativas que nos rigen tanto nacional como internacionalmente y que protegen a las personas con discapacidad, como grupo de atención prioritaria.

Atentamente,

Ivonne Alvarado Coordinación del Consejo Consultivo de Personas con Discapacidad Consejo de Protección de Derechos

Este comunicado ha sido aprobado por los Consejeras, Consejeros Principales, Alternos y Miembros del Consejo Consultivo de Personas con Discapacidad del DM Quito.

PDF: inf-2020-207-memo225