24 de noviembre de 2020

La participación cada vez más protagónica de los movimientos de mujeres en el Ecuador y en el mundo ha significado un largo proceso de lucha por la igualdad de género, la consecución de derechos en el ámbito público y privado, la eliminación de toda forma de violencia y discriminación, el reconocimiento del cuidado como parte esencial para el desarrollo de la sociedad, entre otros. Pese al largo camino recorrido por los movimientos de mujeres, que ha incidido en la elaboración de normas, políticas públicas para que el Estado garantice sus derechos, todavía no ha sido posible dar ese salto significativo para que se precautele la vida y la integridad de las mujeres. La violencia machista y patriarcal permanece enquistada en las familias, las instituciones y en la sociedad en general, perpetuando así todo tipo de violencia.

En Ecuador cada tres días ocurre un femicidio;  en lo que va del año, se registran 100 casos de muertes violentas de mujeres en manos de sus parejas, ex parejas, novios, parientes, etc. Según datos publicados por la ¨Alianza para el Mapeo y Monitoreo de Feminicidios en Ecuador¨, se estima que más del 60% de víctimas eran madres, el 7,5% sufrieron abuso sexual antes de ser asesinadas, el 6,7% fueron desaparecidas y el 1,8% estaban embarazadas al momento de su muerte. Las muertes de madres generan, adicionalmente, la orfandad de decenas de niñas, niños y adolescentes, lo cual vuelve más crítica la situación de la violencia de género.

La emergencia sanitaria ha develado los altos niveles de exposición e incremento de todas las formas de violencia a las que han tenido que enfrentarse las niñas y mujeres. Según el ECU 911, durante la pandemia por COVID 19, del 12 de marzo al 31 de octubre de 2020, se recibieron 70.439 llamadas de emergencia relacionadas con violencia contra la mujer u otros miembros del grupo familiar; es decir, un promedio de 308 emergencias diarias. Así mismo, las mujeres han tenido que enfrentar abuso sexual, acoso, torturas, femicidios perpetrados de las formas más crueles y violentas, evidenciando así, el ensañamiento con el cuerpo y la vida  de las mujeres, todo esto ante la indiferencia del Estado que es incapaz de dar una respuesta contundente a la situación de EMERGENCIA que atraviesan  las mujeres de nuestro país.

La Constitución de la República del Ecuador, y demás leyes vigentes, establecen el derecho de las mujeres (durante todo su ciclo de vida) a una vida libre de violencia; no obstante, a diario vemos como continúan siendo maltratadas física, sexual, sicológica, simbólicamente, hasta llegar a sus formas más extremas: el femicidio, frente a un Estado que poco -o nada- hace por detener esta escalada que pone en riesgo permanente la integridad y la vida de las mujeres en nuestro país.

Esto evidencia, además, que existe una deuda histórica que saldar, pues la implementación de la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres aún se encuentra en proceso indefinido  ya que resulta insuficiente las declaraciones de las autoridades del Gobierno Nacional y local frente al compromiso para erradicar las violencias cuando han sido incapaces de destinar los recursos suficientes y necesarios para la implementación de la Ley, los discursos demagógicos de las autoridades de las distintas instancias no alcanzan para reparar la vida de las víctimas de violencia.

Los efectos aciagos de la violencia contra las mujeres y niñas no afectan solamente a éstas sino al mismo Estado, que pierde 4608 millones de dólares al año por violencia machista[1]. Este costo es asumido principalmente por las mujeres en un 49,9%, mientras que el Estado asume apenas el 11,3%. Esto da cuenta de una violencia estructural y del incremento de la desigualdad y pobreza frente a la inacción del Estado.

En este contexto doloroso, a vísperas de conmemorar el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, resulta imprescindible seguir demandando al Estado el cumplimiento de sus responsabilidades y obligaciones como garante de derechos, estas demandas que siguen sostenidas desde los diferentes movimientos de mujeres cuya lucha incansable a través de las distintas manifestaciones legítimas siguen siendo oportunas y necesarias, pues existe la necesidad de continuar avanzando en más conquistas como el derecho a decidir sobre los cuerpos, derecho que fue negado a las víctimas de abusos sexuales por parte de la Asamblea Nacional.

Como Consejo de Protección de Derechos reconocemos y acompañamos la lucha feminista, las voces disidentes de los movimientos de mujeres, de las y los jóvenes y de muchas organizaciones sociales, e insistimos en que las mujeres nos encontramos en emergencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito, en cumplimiento de sus competencias y atribuciones:

EXHORTA al Estado Ecuatoriano que cumpla con sus deberes legales y compromisos internacionales, asignando recursos económicos suficientes para la prevención, protección y reparación de las víctimas de violencia de género; así como la garantía para el cumplimiento de todos los mecanismos de protección social establecidos, lo que incluye el funcionamiento del Sistema de Prevención y Protección Integral a Mujeres  víctimas de violencia de género, y de sus hijos e hijas, muchos de los cuales quedan en la orfandad a causa de los crecientes femicidios.

DEMANDA a todas las funciones del Estado el cumplimiento de sus obligaciones legales para fomentar y garantizar una sociedad libre de violencia de género, para lo que deben implementar políticas públicas oportunas y transparentes que garanticen el acceso a los derechos de las mujeres, así como fiscalizar la implementación de las leyes vigentes.

REQUIERE al Gobierno Local el fortalecimiento de todos los mecanismos para la prevención, atención, protección y reparación de derechos de niñas y mujeres víctimas de violencia, en el marco del compromiso asumido para hacer de Quito una Ciudad libre de violencia.

RECHAZA toda forma de violencia perpetrada en las instituciones educativas y respalda la interpelación de las y los jóvenes que cuestionan a sus autoridades y su complicidad con la violencia machista, como es el caso de las denuncias de los últimos días de las y los estudiantes del Colegio América Latina.

 INSTA a la ciudadanía a participar activamente en la sensibilización sobre el horror y muerte que trae la violencia de género, así como a denunciar toda forma de violencia contra  niñas, niños, adolescentes y mujeres. No se puede sostener una sociedad que tolere, minimice, naturalice y silencie la violencia a más del 50 por ciento de su población.

El Consejo de Protección de Derechos recuerda el mandato constitucional que dispone al Estado adoptar todas las medidas necesarias para eliminar las desigualdades y prohíbe toda forma de discriminación, acoso o acto de violencia de cualquier índole, sea directa o indirecta, que afecte a las mujeres, y reitera su compromiso de continuar luchando para poder conmemorar, cada año, el 25 de noviembre libre de violencia de género contra las mujeres en todo su ciclo de vida.

Gissela Chalá Reinoso

PRESIDENTA DELEGADA DEL ALCALDE AL CPD

 

 Sybel Martínez Reinoso

VICEPRESIDENTA REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD CIVIL AL CPD

 

[1] https://www.elcomercio.com/actualidad/violencia-machista-costo-ecuador-estudio.html

DOCUMENTO PDF: PRONUNCIAMIENTO 25 DE NOVIEMBRE