URGENTE: LA VIOLENCIA, UNA PANDEMIA MÁS SIN RESPUESTAS ESTATALES
Quito, 5 de noviembre 2020
El pasado feriado ha evidenciado, una vez más, el recrudecimiento de las violencias principalmente en contra de niñas, niños, adolescentes, mujeres, población LGBTIQ+ frente a la indolencia e inacción del Estado.
Durante estos días, y en menos de 72 horas, se han registrado 5 femicidios y un transfemicidio. A este cuadro se suma el hecho de que el pasado 1 de noviembre un joven intentó suicidarse lanzándose de un puente, hecho evitado por la oportuna acción del Cuerpo de Bomberos de Quito[1]. Las estadísticas señalan que cada día mueren tres hombres y una mujer por suicidio, siendo ésta la principal causa de muerte en adolescentes (OSE, OMS, ref.).
Al momento se registran 93 casos de femicidios en lo que va del año, de los cuales, 23 ocurrieron en Guayas, 14 en Pichincha y 9 en Manabí; 75 de ellos desde el inicio de la pandemia por la COVID-19, según información del Centro para la Atención y Promoción de la Mujer (CEPAM). Desde el año 2014 que se incluyó el femicidio en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) se han registrado 826 casos a nivel nacional. Se estima que el 56% de las mujeres víctimas eran madres y fueron asesinadas en presencia de sus hijas e hijos. Por su parte, la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBTI[2] informa que en lo que va del 2020 han ocurrido 12 transfemicidos.
A esto se debe sumar que, según información proporcionada por el ECU-911, de marzo a octubre del presente año, se han receptado 70.439 llamadas emergencias por violencia intrafamiliar, el 22.77% de los casos reportados corresponden a Pichincha[3] y, si bien el confinamiento es una medida fundamental para disminuir los contagios de la COVID-19, también ha sido el escenario que ha permitido el escalamiento de las violencias, tal como lo señala la encuesta “Estudio de percepción de violencia de género contra las mujeres durante el confinamiento por la Covid 19” de julio 2020[4], en donde se establece que el 66,81% de las encuestadas no sienten seguridad en su propio hogar; siendo la violencia psicológica la que más se ha incrementado debido a los conflictos con la pareja, sumados a la carga de trabajo, el desempleo, las tareas domésticas, de cuidado y crianza de sus hijas e hijos. De esta forma el patriarcado se reproduce y profundiza como relación económica y social naturalizada, al mismo tiempo que evidencia su hegemonía en el aparato estatal.
Todos estos aspectos dan cuenta de una violencia estructural y del incremento de la desigualdad y pobreza ante la inacción del Estado, situación ya bastante crítica antes de la pandemia, producto de una política regresiva en materia de derechos, cuyo principal impacto ha precarizado y empeorado las condiciones de vida, de por sí críticas, de los grupos de atención prioritaria y sectores en situación de vulnerabilidad.
Es de conocimiento público que el Gobierno Nacional no solamente ha reducido los recursos necesarios para implementar políticas públicas para enfrentar la violencia de género, prueba de ello es el recorte presupuestario para la aplicación de la Ley Orgánica de Prevención y Protección de la Violencia contra las Mujeres; la eliminación de recursos para el proyecto intersectorial de prevención y erradicación del embarazo en niñas y adolescentes; la reducción del presupuesto al sistema de salud que generó la desvinculación de personal para atención médica y psicológica; la inexistencia de políticas de salud mental, entre otros aspectos.
No ha existido por parte del Estado ecuatoriano ninguna alternativa para mantener actividades conducentes que garanticen que las niñas, niños, adolescentes, las mujeres y la población LGBTI+ se desenvuelvan en ambientes sanos, seguros y libres de violencia. Esto sumado a sistemas de protección de derechos debilitados y desarticulados en lo nacional y lo local, con recursos técnicos y financieros escasos que no ofrecen garantía alguna de cuidado y protección.
Es de conocimiento público que el Gobierno Nacional conoce la grave situación de riesgo real e inmediato que enfrentan estos grupos de atención prioritaria. Tal es el caso de las 241 detenciones realizadas por la Policía Nacional entre el 20 y 22 de octubre a personas con boletas de detención por violencia intrafamiliar, acción aislada que puede reproducir y recrudecer la violencia y que desvía la atención de las obligaciones estatales de prevenir y garantizar la no repetición de estos hechos execrables. Es su deber, entonces, actuar con debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar, reparar y erradicar todo acto atentatorio a la dignidad de estos grupos de atención prioritaria, evitando la impunidad y garantizando el efectivo y pleno ejercicio de sus derechos mediante políticas públicas integrales, con recursos técnicos y financieros suficientes y oportunos.
Ecuador, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos debe actuar mediante medidas positivas de prevención y protección de los particulares entre sí, de no hacerlo, el Estado puede ser responsable internacionalmente como consecuencia de su falta de diligencia[5].
Por lo expuesto, y en virtud de la urgente atención que amerita el control de la escalada de violencia en la ciudad y el país, el Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito, en cumplimiento de sus competencias y atribuciones:
EXIGE al Estado, garante de derechos, que responda con recursos económicos suficientes para la implementación de la Ley Orgánica de Prevención y Protección a Mujeres contra la Violencia de Género y todos los sistemas de protección de los grupos de atención prioritaria, lo que permitirá implementar acciones de prevención, protección y reparación de las víctimas; así como la garantía para el cumplimiento de todos los mecanismos establecidos para la protección social.
También exige la asignación de los recursos económicos adeudados al Gobierno Autónomo Descentralizado del DMQ para que pueda garantizar el cumplimiento de las competencias establecidas en el COOTAD en relación a la protección de sus habitantes, en el marco del funcionamiento del Sistema Cantonal de Protección Integral.
REQUIERE al Gobierno Local, como responsable del Sistema de Protección Integral del Distrito Metropolitano de Quito, fortalecer los presupuestos y los mecanismos para la prevención, atención, restitución y reparación de derechos de las personas víctimas de violencia.
A implementar de manera urgente la Junta de Mujeres y Adultos Mayores establecida en el año 2019 por resolución de Alcaldía No. 30, para dar atención a víctimas de violencia.
INSTA a la ciudadanía a denunciar todo acto de violencia que ponga en riesgo la vida y la integridad de las personas, a desnaturalizar todo acto que legitime la violencia en el ámbito público y privado así como exigir a las autoridades, conforme su derecho a la participación, el cumplimiento de lo estipulado en la Constitución y demás normativa nacional y local.
El Consejo de Protección de Derechos recuerda el mandato constitucional que dispone precautelar los derechos de toda la población, en especial de los grupos de atención prioritaria y de quienes se encuentran en situación de exclusión y/o vulnerabilidad.
| Gissela Chalá Reinoso
PRESIDENTA DELEGADA DEL ALCALDE AL CPD
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Sybel Martínez Reinoso VICEPRESIDENTA REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD CIVIL AL CPD
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