El día de ayer, martes 13 de octubre, a través de redes sociales y de un medio de prensa , se conoció sobre el fallecimiento de un agente de control, como resultado de una agresión sufrida mientras realizaba acciones de control en el espacio público. Este hecho no es aislado de la problemática social que vive la ciudad de Quito como consecuencia de la crisis económica que atraviesa el país y que ha golpeado directamente a nuestra ciudad. Hace una semana veíamos el caso de una mujer tratando de quitarse la vida porque no tenía recursos para poder subsistir, hoy somos testigos de otro hecho de violencia que atenta contra el derecho elemental a la vida y la integridad de los seres humanos. La violencia no puede, bajo ningún concepto, ser naturalizada en nuestra sociedad; sin embargo, es la expresión misma de un modelo económico inequitativo, injusto e inhumano.

El empobrecimiento y la precariedad de miles de familias se evidencia en las calles, donde la informalidad en la comercialización, para muchas de ellas, se constituye en la única posibilidad de subsistencia; el Gobierno Nacional no puede dar la espalda a las consecuencias en la toma de sus decisiones, mismas que han significado la agudización del empobrecimiento de miles de familias y un claro retroceso en la garantía y protección de derechos.

Hoy lamentamos profundamente el fallecimiento de un Agente Metropolitano de Control que, cumpliendo con su labor, fue víctima de un hecho violento que deberá ser castigado por las instancias competentes.

Conforme establece la Constitución, Art. 3, son deberes primordiales del Estado: 1. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad. 2. Asegurar la vigencia de los derechos humanos, las libertades fundamentales de mujeres y hombres, y la seguridad social. 4. Preservar el crecimiento sustentable de la economía y el desarrollo equilibrado y equitativo en beneficio colectivo. 5. Erradicar la pobreza y promover el progreso económico, social y cultural de sus habitantes.

El Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito se solidariza con la familia del Agente Metropolitano Oscar Andrango Pailacho, así como con la Agencia Metropolitana de Control cuyos funcionarios/as en cumplimiento de sus responsabilidades se encuentran expuestos a situaciones de violencia que deben ser rechazadas y denunciadas por la ciudadanía en general.

Por lo expuesto, el Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito, en cumplimiento de sus competencias y atribuciones:

RECHAZA este acto de violencia en contra de un servidor público que cumplía con su deber, cuyas consecuencias impactan no sólo en la pérdida de su vida, sino en la situación de su familia, y de la propia sociedad en la que se vivencia una escalada de la violencia y la inseguridad.

EXHORTA al Estado a cumplir con su rol de garante de derechos, conforme lo estipulado en la Constitución de la República del Ecuador y demás normativa vigente para la garantía y protección de los derechos humanos fundamentales, al mismo tiempo que se busque mecanismos para que el desempleo no sea una opción.

DEMANDA al Gobierno Nacional coordinar con los Gobiernos Locales a fin de generar mecanismos de reactivación de la economía puesto que las familias más empobrecidas y vulnerables han sido las más afectadas y están viviendo las consecuencias de las decisiones económicas tomadas por las autoridades nacionales de turno y, bajo ciertos factores adicionales, se pueden ocasionar hechos violentos como los señalados.

INSTA al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito a construir una política pública inclusiva y solidaria que aborde la problemática del trabajo autónomo no regularizado con el afán de fortalecer redes de comercialización y la economía popular y solidaria territorial, como alternativa que disminuya el empobrecimiento de miles de familias en la capital.

SOLICITA a la ciudadanía en general a no naturalizar estos hechos de violencia que atentan contra la vida y la integridad de todas las personas. A respetar el trabajo que realizan servidores y servidoras públicas en el ámbito de sus competencias y que buscan contribuir con el orden de la ciudad. La violencia es un hecho que debemos rechazarlo categóricamente.

El Consejo de Protección de Derechos continuará vigilante de todos aquellos hechos que pongan en riesgo la vida, la integridad y la vivencia plena de derechos en el Distrito Metropolitano de Quito.

Gissela Chalá Reinoso                                                             Sybel Martínez Reinoso
PRESIDENTA DELEGADA                                        VICEPRESIDENTA REPRESENTANTE DE

DEL ALCALDE AL CPD                                                          LA SOCIEDAD CIVIL AL CPD