8 de octubre de 2020
“No quiero estar aquí, no tengo para pagar el arriendo” fueron las palabras quebrantadas de la mujer que fue disuadida de quitarse la vida por personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito del Distrito Metropolitano de Quito. Una expresión de angustia que refleja el lado más cruel de la pandemia: el incremento de la desigualdad y la pobreza.
El último reporte del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) señala que, a junio 2020, la tasa de desempleo alcanzó el 13,3% a nivel nacional, cuando en diciembre del año pasado era del 3,8%; datos que apenas están empezando a mostrar el impacto social de la crisis económica en las familias ecuatorianas.
Este episodio de intento de suicidio revela la vulnerabilidad a la que están expuestas cientos de familias como consecuencia de la crisis económica, social y sanitaria que atraviesa el país y Quito, como una de las ciudades más afectadas y cuyas consecuencias se evidencian día a día en las calles. Señales como: el incremento de las llamadas de auxilio al ECU 911 por casos de violencia de género o intrafamiliar, la deserción escolar, o el debilitamiento de los sistemas de salud que según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) “podría duplicar las muertes maternas e incrementar en un 50% la mortalidad infantil”[1], entre otros, son elementos que dan cuenta de esta lacerante realidad en donde el Estado como garante de derechos está ausente.
Organismos internacionales y actores locales han alertado sobre la importancia de la acción pública para mitigar los efectos sociales y económicos de la pandemia, se ha evidenciado que los países con sistemas de protección social con mayor cobertura han reaccionado de manera más rápida y eficaz para contener y mitigar los efectos sociales de la pandemia. Así lo señala la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas -CEPAL- quien acaba de presentar su publicación “Principales condicionantes de las políticas fiscal y monetaria en la era pospandemia de COVID-19”[2] donde se declara “Los países deben orientar el gasto público hacia la reactivación y transformación económica fortaleciendo la inversión pública hacia sectores que fomenten el empleo, la paridad de género, la inclusión social, la transformación productiva y una transición igualitaria hacia la sostenibilidad ambiental”
Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, ha declarado que el impulso a la inclusión social se debe dar sobre la universalización de sistemas de protección social: salud, género, pensiones, educación, seguro de desempleo, ingreso básico universal. Contradictoriamente a estos criterios en el país ha existido una nula voluntad política para generar mecanismos de protección social a las familias más empobrecidas y a aquellas que sufren las consecuencias de los despidos, reducción de salarios, es decir familias que requieren protección emergente para evitar que engrosen las estadísticas de pobreza y pobreza extrema, esto a través de mecanismos de reactivación de la economía; no obstante, las decisiones del gobierno han sido contrarias y han debilitado la estructura del Estado para garantizar derechos humanos fundamentales como la salud, la educación, el trabajo. Los efectos devastadores de la crisis económica y sanitaria se viven en la cotidianidad, este Consejo ya ha alertado la necesidad de generar políticas de salud mental pues es evidente que llevar la vida adelante cada vez se vuelve más compleja para una sociedad que ve su realidad con desesperanza e incertidumbre.
La Constitución del Ecuador, en su artículo 1, establece que el Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos, en tal virtud serán las instituciones del Estado las responsables de garantizar las acciones necesarias para efectivizar la vivencia plena de derechos, esto es salud, educación, trabajo, vivienda digna, protección, especialmente para quienes son parte de los grupos de atención prioritaria.
Por lo expuesto, el Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito, en cumplimiento de sus competencias y atribuciones:
RECONOCE la acción oportuna del personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito del Distrito Metropolitano de Quito, quienes actuaron de manera oportuna para evitar una tragedia.
EXHORTA al Estado a cumplir con su rol de garante de derechos conforme establece la Constitución y demás normativa nacional y local, así como a cumplir con los acuerdos y tratados internacionales que ha suscrito para el efecto.
DEMANDA al Gobierno Nacional para que garantice efectivamente el bienestar de los grupos de atención prioritaria y de quienes se encuentran en situación de exclusión y/o vulnerabilidad, que son las principales víctimas de esta pandemia y a quienes no se está atendiendo de manera prioritaria.
A que implemente las propuestas presentadas por los Organismos de Naciones Unidas entre los que se destacan: Extender el ingreso básico de emergencia por 6 meses a toda la población en pobreza; e invertir 1% del PIB en una canasta básica digital para garantizar inclusión digital universal[3]entre otras políticas de protección emergentes para garantizar la vida digna de las familias que se encuentran en mayor situación de pobreza, pobreza extrema y riesgo.
INSTA Al Ministerio de Salud Pública a generar políticas de salud mental de manera prioritaria, a activar servicios que den respuestas efectivas y emergentes a todas las personas que requieren apoyo, contención y acompañamiento por afectaciones psicológicas y emocionales como resultado de la crisis que nos encontramos atravesando.
SOLICITA al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito coordine acciones con el Gobierno Nacional para que se realice un censo de la población más vulnerable de la Ciudad a fin de identificar a todas aquellas familias que requieren los servicios de protección social que el Gobierno ha anunciado. Protección que no puede limitarse a un bono eventual y extraordinario sino a una política integral que garantice su bienestar y desarrollo digno.
INVITA a la sociedad en general a no permanecer indiferente a la realidad que atraviesan cientos de familias, a activarse en redes comunitarias para que a través de la solidaridad podamos generar mecanismos de acompañamiento, apoyo y ayuda a las familias que se encuentran en mayor situación de riesgo.
INVITA a los ciudadanos en general, y a los medios de comunicación en particular, a respetar la privacidad y el dolor de las personas en crisis, inhibiéndose de destacar información sobre suicidios o sus intentos, evitando en todo momento el uso de fotografías, vídeos o enlaces digitales que dan cuenta de lo sucedido. Estas duras situaciones tienen el potencial de crear identificación: ante su difusión, una persona en crisis puede sentirse identificada con aquella que tomó la decisión de suicidarse o que intentó hacerlo. Investigaciones recientes han demostrado que la cobertura por parte de los medios de este hecho violento prevenible tiene mayor impacto sobre el método adoptado que la frecuencia con la que ocurre.
El Consejo de Protección de Derechos recuerda el mandato constitucional que dispone precautelar los derechos toda la población, en especial de los grupos de atención prioritaria y de quienes se encuentran en situación de exclusión y/o vulnerabilidad.
| Gissela Chalá Reinoso
PRESIDENTA DELEGADA DEL ALCALDE AL CPD |
Sybel Martínez Reinoso VICEPRESIDENTA REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD CIVIL AL CPD |
[1] https://www.elcomercio.com/actualidad/unicef-covid19-ninos-ecuador-mortalidad.html
[2] https://www.cepal.org/sites/default/files/presentation/files/version_final_para_conferencia_de_prensa-1045am.pdf
[3] https://www.cepal.org/es/noticias/cumplimiento-agenda-2030-mundo-post-covid-19-exige-un-nuevo-pacto-global-regional-cepal?fbclid=IwAR3PwTlCIIBcdylWcwV4z9BhZEXxfKmaJk5suG13Bvbk_9R6s_uuvQ0H1HE
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