El “Día Mundial de Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes” se conmemora cada 26 de septiembre, con el fin de prevenir este problema social y de salud pública que se incrementa en todo el mundo, siendo América Latina y el Caribe las subregiones con la segunda tasa más alta en el mundo. Esta iniciativa fue impulsada desde el año 2007 por una coalición internacional de organizaciones no gubernamentales.
La violencia sexual, las uniones tempranas y la falta de acceso a métodos anticonceptivos, así como a programas integrales de educación sexual, son algunas de las causas para el alto índice de embarazos no planificados en adolescentes, situación que compromete la continuidad de sus estudios, sus perspectivas de trabajo y, sobre todo, se incrementa su vulnerabilidad frente a la pobreza, la exclusión y la dependencia.
Como lo establece la Política Intersectorial de Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes Ecuador 2018 – 2025[1], el embarazo en niñas y adolescentes “constituye un problema social y de salud pública, que evidencia la desigualdad, la injusticia social y una clara violación de los derechos humanos, con un impacto social, económico y cultural invalorable.”
En nuestro país la Ley sostiene que todo embarazo en niñas y adolescentes menores de 14 años es producto de una violación (Art. 171 del Código Penal), como lo indica el Informe del Estado Mundial de Población (2013), este es un problema invisibilizado: “los esfuerzos y los recursos para prevenir el embarazo en adolescentes, suelen centrarse en el grupo de 15 a 19 años. Sin embargo, las niñas más vulnerables que enfrentan mayor riesgo de complicaciones y muerte debido al embarazo y el parto, son de 14 años o menos.”. Adicionalmente el Sistema de Salud y la Fiscalía General del Estado registran que entre el 30% y 50% de los casos reportados sobre violencia física, sexual o psicológica corresponden a niñas, niños, adolescentes. (Gómez, Castelló, Cevallos. 2016) [2]
El periódico El Universo de 25 de septiembre de 2020, informa: “En los últimos tres años en Ecuador, cada día siete niñas de entre 10 y 14 años han dado a luz, lo que supone legalmente que se ha cometido abuso sexual. Con las adolescentes de entre 15 y 19 años se registran 65 partos cada día. Se registran unos 26 000 partos en menores de edad cada año. Esta alarmante cifra pone al país entre las naciones con la más alta tasa de embarazos prematuros de Latinoamérica.”[3]
Si durante la normalidad, la violencia contra las mujeres y las niñas es un problema generalizado, diferentes organismos internacionales han dado la alerta del impacto de la pandemia del COVID-19 (CEPAL 2020[4] ). El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA[5]) establece que en el contexto de la Emergencia Sanitaria por el COVID – 19, debido a las barreras en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, y una mayor exposición a situaciones de violencia sexual en el ámbito intrafamiliar, se podrían aumentar los embarazos no planeados y la maternidad adolescente de la región; añadiendo que las poblaciones más afectadas por esta situación son las personas de los pueblos indígenas, afrodescendientes, montubios, y quienes viven en contextos con menor nivel socioeconómico, o con discapacidad.
En consecuencia, el impacto del Covid-19 será completamente negativo ya que se prevé un aumento de la Tasa Específica de Fecundidad Adolescente proyectada para el año, de de 61 nacidos vivos por cada mil adolescentes de 15 a 19 a 65 por mil, lo que resultaría en alrededor de 500 mil embarazos adolescentes adicionales.
Reconocer a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, es garantizar su acceso a educación integral sobre la sexualidad, así como a servicios de salud sexual y reproductiva, que les permita realizar decisiones libres, responsables y saludables sobre su sexualidad y reproducción, y sobre todo protegerles de todo tipo de violencia.
Por ello también es incomprensible el veto total al Código Orgánico de la Salud, que si bien pudiera ser perfectible, contenía varios avances en materia de derechos de salud sexual y reproductiva.
Le corresponde al Estado en todos sus niveles: gobierno central, gobierno local, gobiernos parroquiales cumplir el mandato constitucional de proteger a niñas y adolescentes contra toda forma de violencia, incluida la violencia sexual, para lo que debe fortalecer su coordinación, y garantizar la implementación de las políticas públicas establecidas con la asignación oportuna de recursos económicos, en donde tienen prioridad la salud, la educación y la protección de la niñez y adolescencia, en especial de quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.
[1] https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2018/07/POL%C3%8DTICA-INTERSECTORIAL-DE-PREVENCI%C3%93N-DEL-EMBARAZO-EN-NI%C3%91AS-Y-ADOLESCENTES-para-registro-oficial.pdf
[2] http://repositorio.dpe.gob.ec/bitstream/39000/2410/1/PE-004-DPE-2019.pdf
[3] https://www.eluniverso.com/guayaquil/2020/09/24/nota/7989538/embarazo-adolescente-es-visto-como-detonante-violencia-contra
[4] https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45527/5/S2000325_es.pdf
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