EL DERECHO A LA EDUCACIÓN NO DEBE SER UN PRIVILEGIO EN INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS, SINO UNA OBLIGACIÓN DEL ESTADO
24 de agosto 2020
La crisis general que atraviesa la humanidad por la pandemia provocada por la COVID-19 ha generado varios impactos a nivel económico y social, principalmente en niñas, niños y adolescentes quienes son víctimas -muchas veces invisibles- de un sistema que no da respuestas efectivas para garantizar su derecho a la salud, a la protección, a la vida, a la educación.
Esta emergencia ha agudizado las desigualdades y brechas sociales que prevalecen en nuestra sociedad, por ejemplo, ha evidenciado las dificultades para acceder a medios tecnológicos y de conectividad, herramientas fundamentales y necesarias para continuar con los estudios virtuales; paralelamente ha develado las falencias existentes en las brechas tecnológicas de las familias que acompañan a los niños y niñas y adolescentes, en la falta de preparación de los y las docentes para implementar procesos educativos mediante medios telemáticos, la falta de seguimiento y acompañamiento por parte de las autoridades educativas, todo esto en un contexto económico en el que, además, los maestros y maestras que pertenecen al sector público se encuentran impagos, o han sido desvinculados de las instituciones educativas.
Evidentemente estos hechos afectan directamente el presente y el futuro de niñas, niños y adolescentes y tendrá impactos sin precedentes para el desarrollo de nuestro país. La Ministra de Educación, Monserrat Creamer, en su comparecencia a la Asamblea Nacional, señaló que de 1,4 millones de estudiantes del ciclo Sierra-Amazonía se perdió el contacto con 17.754,, que equivale al 1,3%, a su vez en el ciclo Costa no se ha podido contactar a 5.600 chicos, el 0,28% de los más de 2,3 millones de niñas, niños y adolescentes que al momento se encuentran en clases.[1]
Estas cifras alertan que la deserción educativa es, entonces, la consecuencia de la crisis económica que atraviesa la ciudad y el país, poniendo en riesgo el acceso universal a la educación como un derecho consagrado en la Constitución cuya repercusión se traslada a problemáticas como el trabajo infantil, el uso de sustancias psicoactivas en menores de edad, la violencia intrafamiliar, entre otros.
Debemos alertar que el diagnostico de trabajo infantil del DMQ realizado previo a la pandemia marcaba cifras desgarradoras, siendo una de sus principales causas la deserción escolar, el desempleo, sin olvidar que los sectores más empobrecidos corresponden a personas pertenecientes a los pueblos indígena y afro ecuatoriano.
El incremento de índices de desempleo, informalidad, ausencia de estabilidad laboral también tienen consecuencias para las y los estudiantes de instituciones particulares, registrándose solicitudes de traslado hacia el sistema educativo fiscal.
El pasado 14 de agosto el Ministerio de Educación inició la fase de traslados y, hasta el 18 de agosto se habrían registrado 30.940 solicitudes, siendo Quito una de las zonas de mayor demanda con 12.920 solicitudes[2]. Varios de estos traslados se originan por la falta de sensibilidad de las Instituciones Educativas Particulares que no estarían cumpliendo con las disposiciones emitidas para la rebaja de matrículas y pensiones, pues las estarían condicionando a pagos inmediatos vía tarjetas de crédito, o a requerimientos excesivos de documentación que justifique la situación social y económica de las familias, sin considerar que estas decisiones de orden administrativo ponen en riesgo el derecho humano fundamental a la educación, como si ésta se tratase de un negocio más.
Otro aspecto que preocupa a este Consejo, desde el punto de vista pedagógico, es que a efectos de “equilibrar” ingresos las Instituciones Educativas Particulares están fusionando paralelos, incrementando el número de alumnos en cada aula. Estudios internacionales indican que mejores resultados educativos se obtienen con grupos no mayores de 25 y no menores a 15 alumnos por aula, así se puede desarrollar metodologías más individualizadas, que atiendan mejor a la diversidad y que vayan a ritmos más personalizados, poniendo atención a la creatividad, capacidad de aprender a aprender, autonomía, inteligencia emocional entren otros beneficios que se obtiene en aulas con menos alumnos.
La Constitución de la República del Ecuador, en su Art 3, establece que el Estado debe garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en esta norma suprema y en los instrumentos internacionales, en particular el derecho a la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. El Art. 26 menciona que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente (…)”.
En este contexto, el Consejo de Protección de Derechos mira con absoluta preocupación el riesgo inminente en el que se encuentran las niñas, niños, adolescentes y jóvenes frente a la privación de un derecho humano fundamental como es la educación, así como la falta de regulación y control por parte del ente rector del Sistema Educativo Nacional para dar respuestas concretas a esta problemática, tomando en cuenta las diversas realidades que atraviesan las familias del país como consecuencia de la crisis económica y sanitaria. En este momento estamos a puertas de iniciar un nuevo período lectivo y se requiere de manera urgente tomar decisiones para garantizar el derecho a la educación de quienes son actores estratégicos para el desarrollo social, cultural, económico y humano de este país.
Por lo expuesto, en el marco de sus atribuciones, el Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito:
EXHORTA al Estado para que cumpla la obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la educación y su acceso universal a lo largo de la vida, conforme lo estable la Constitución, tratados internacionales y demás normativa.
EXIGE al Ministerio de Educación que regule, controle, audite y sancione a las instituciones educativas que no cumplen con las decisiones tomadas respecto a la rebaja en la matrícula y pensiones y que, al contrario, implementan acciones discriminatorias y antipedagógicas que van en contra de niñas, niños y adolescentes basados en resoluciones administrativas y económicas que los empuja a abandonar las instituciones educativas y su derecho a la educación. El Ministerio de Educación debe implementar, de manera inmediata, efectiva y eficiente políticas, programas y proyectos que garanticen el acceso universal a la educación conforme establece la Constitución.
CONMINA al Ministerio de Economía y Finanzas a priorizar los recursos del Estado para garantizar los derechos humanos fundamentales como la salud, la educación, el trabajo; pues han sido las decisiones del Gobierno Central las que han afectado progresivamente la vivencia plena de estos derechos. Se requiere las asignaciones presupuestarias correspondientes para el pago de sueldos y salarios de maestras y maestros que hasta la presente fecha se encuentran impagos.
INSTA a las instituciones educativas particulares a realizar todos los esfuerzos para que las familias que poseen problemas económicos tengan las facilidades necesarias para evitar poner en riesgo el derecho a la educación de sus hijas e hijos. La educación es un derecho que no debe ser mercantilizado.
El Consejo de Protección de Derechos permanecerá vigilante de todas las acciones y omisiones que pongan en riesgo los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de la ciudad.
Gissela Chalá Reinoso. Sybel Martínez Reinoso
PRESIDENTA DEL CPD VICEPRESIDENTA DEL CPD
[1] https://www.elcomercio.com/actualidad/rastro-alumnos-sierra-amazonia-ecuador.html?fbclid=IwAR2OoNiGa9ZtwaBGunjc6vISfHn-BvjUmxGebBFw5998NCUNkf0k0PbaBFg
[2] https://educacion.gob.ec/los-traslados-para-regimen-sierra-amazonia-2020-2021-se-realizan-con-normalidad/
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