En el marco de la emergencia sanitaria provocada por la Covid-19, el Gobierno Nacional ha emitido disposiciones y lineamientos para el sector público y privado, a través de distintos instrumentos normativos y administrativos, con el supuesto de dar respuesta a la crisis sanitaria y económica que atraviesa el país; sin embargo, dichas disposiciones han sido contrarias al propósito de afrontar la crisis, puesto que día a día somos testigos de la insuficiencia de un sistema de salud pública debilitado, el incremento del desempleo, la pobreza y la precariedad de la vida, condiciones sociales lejanas a las obligaciones del Estado para la garantía y protección de derechos.

En este contexto, es de conocimiento público la deuda que el Gobierno Central tiene con los Gobiernos Autónomos Descentralizados, como el del Distrito Metropolitano de Quito, que sobrepasa los cuatrocientos millones de dólares. La falta de asignación de los recursos establecidos en la Constitución y en el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD) desestabiliza gravemente la gestión en el territorio y repercute -fundamentalmente- en la promoción y protección de derechos de los ciudadanos y ciudadanas, principalmente de aquellos que pertenecen a los grupos de atención prioritaria y de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad y riesgo.

Al Gobierno Central le corresponde analizar, de manera responsable, las implicaciones de sus decisiones -sin politizarlas-, pues son los gobiernos locales quienes enfrentan directamente las consecuencias de esta crisis sanitaria, económica y social en cada uno de sus territorios, es ahí donde se han presentado contagios y muertes por la  COVID-19 así como los más complejos y crecientes problemas sociales, tales como la violencia intrafamiliar y de género, mendicidad, trabajo infantil, informalidad laboral, etc., como resultado de la pobreza, pobreza extrema y el desempleo que afecta directamente a las familias más vulnerables quienes se han visto limitadas de asumir sus responsabilidades tributarias, lo que evidentemente afecta la recaudación municipal. A esta crisis, que afecta intensamente al Distrito Metropolitano de Quito, se suma el debilitamiento de los servicios desconcentrados del Gobierno Central encargados de la garantía y la protección de derechos.

La Constitución de la República establece que el Estado tiene especial responsabilidad en la protección de los grupos de atención prioritaria establecidos en el Art. 35; así mismo, en el Art. 270, dispone que los gobiernos autónomos descentralizados participarán de las rentas del Estado, “dichas asignaciones anuales serán predecibles, directas, oportunas y  automáticas, y se harán efectivas mediante las transferencias desde la Cuenta Única del Tesoro Nacional a las cuentas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados” (CRE, 2018). Dichos recursos tienen como objetivo el cumplimiento de las Metas del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan del Gobierno Autónomo Descentralizado, así como la garantía y provisión equitativa de bienes y servicios públicos relacionados con las competencias de estos. De la misma manera, el COOTAD[1] , en su Art. 192, establece que los Gobiernos Autónomos Descentralizados participarán del 21% de los ingresos permanentes y del 10% de los no permanentes del Presupuesto General del Estado, dichas asignaciones presupuestarias permitirán garantizar la equidad territorial, tal como establece el Art. 31 del COOTAD, respecto de la equidad e inclusión en su territorio y por ende el mejoramiento de la calidad de vida.

La falta de transferencia oportuna de los recursos que adeuda el Gobierno Central al Gobierno Autónomo del Distrito Metropolitano de Quito pone en riesgo el modelo de equidad territorial y el efectivo funcionamiento y provisión de servicios públicos, realidad que se profundiza en la emergencia sanitaria.

Por lo expuesto, en el marco de sus atribuciones, el Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito:

EXHORTA al Gobierno Central a cumplir con su rol de garante de derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas, de acuerdo a lo establecido en la Constitución, los Tratados Internacionales y demás normativa legal vigente, prestando especial atención a los sectores sociales y personas que están sufriendo las graves consecuencias de la pandemia, donde la entrega de recursos a los Gobiernos Autónomos Descentralizados es de vital importancia a fin de garantizar el goce y ejercicio de sus derechos.

EXIGE al Ministerio de Economía y Finanzas que entregue los recursos financieros, de manera oportuna y completa, como le corresponde, al Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito para que pueda cumplir con sus funciones establecidas en la normativa vigente.

INSTA a la Asamblea Nacional para que en base a su facultad fiscalizadora cuestione la demora en la entrega de recursos hacia los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

REQUIERE a la Asociación de Municipalidades del Ecuador que en una gestión firme de defensa de los intereses de las y los ciudadanos a los que representan, insistan al Ministerio de Finanzas que cumpla con la ley y asigne los recursos que el Gobierno Central adeuda a los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

El Consejo de Protección de Derechos de Quito, conforme sus competencias y atribuciones, continuará vigilante de la asignación de recursos al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, pues la falta de cumplimiento por parte del Estado amenaza la vida e integridad de sus ciudadanos y ciudadanas.

 

Gissela Chalá Reinoso                             Sybel Martínez Reinoso

PRESIDENTA DEL CPD DMQ                VICEPRESIDENTA DEL CPD

 

[1]

                         En adelante se utilizará las siglas COOTAD, para referirnos al Código Orgánico de Ordenamiento Territorial