Las noticias sobre supuestos casos de corrupción han sacudido a la opinión pública del país al involucrar a todos los niveles de gobierno en el Ecuador. Irregularidades en los procesos de adquisición de insumos médicos, bioseguridad, kits alimenticios, entre otros, han comprometido a decenas de funcionarios y operadores privados.

De acuerdo a El País, “la Fiscalía ha iniciado al menos 141 investigaciones relacionadas con la epidemia, la Contraloría está examinando el uso de dinero público en cerca de 200 contratos y han sido descabezadas instituciones públicas como la Seguridad Social o la Secretaría General de Riesgos.”[1] Del mismo modo, de acuerdo a los medios de comunicación, nuevas denuncias dan cuenta de presuntas irregularidades y sobreprecios, incluso en procesos anteriores a la emergencia sanitaria.

La  Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) considera que “la corrupción es un complejo fenómeno que afecta el goce y ejercicio de los derechos humanos; así como el derecho al desarrollo, que debilita la gobernabilidad y las instituciones democráticas, fomenta la impunidad, socava el Estado de Derecho y exacerba la desigualdad.”[2]

La corrupción tiene un impacto grave y diferenciado en el goce y ejercicio de los derechos humanos de los grupos vulneralizados e históricamente discriminados, como son los  grupos de atención prioritaria con los que el Consejo de Protección de Derechos trabaja. A lo largo del confinamiento hemos podido evidenciar cómo sus derechos  de salud, educación, alimentación, transporte, y a vivir una vida libre de violencia, esenciales para la realización de sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales se han visto comprometidos, en especial para  aquellas personas que viven en situación de pobreza y pobreza extrema en el  Distrito Metropolitano de Quito y en el país.

De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y otros estudios locales, la corrupción y la evasión fiscal, que es otra forma de corrupción, alcanzarían alrededor del 10% de los recursos; lo cual significa un impacto extremadamente negativo en la inversión social. Si bien la corrupción es una de las formas en que se expresa la regresión de derechos generalizada que vive el país a este fenómeno se suman los recortes gubernamentales en las áreas de salud, educación, la reducción del empleo público, mismos que explican la deriva económica y social del Gobierno Nacional.

Si bien la corrupción no es hecho exclusivo de este país, no es menos cierto que no estamos frente a casos marginales de corrupción sino frente a prácticas corruptas generalizadas y naturalizadas que, aupadas por la falta de control y sanción oportunas de las entidades competentes, han causado repercusiones negativas sobre el disfrute de los derechos humanos de los habitantes de Quito y del país en general.

Por todo lo expuesto este Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito, en cumplimiento de sus atribuciones y competencias:

 DEMANDA al Gobierno Nacional a reconocer que la corrupción no se agota con estos hechos penalmente sancionables ya que ésta puede realizarse también actuando “legalmente”, por lo que es necesario, y sin dilaciones, diseñar e implementar una estrategia nacional de lucha contra este mal social que contemple, entre otras cosas, establecer  procedimientos y estándares de operación claros e informados, mecanismos de transparencia activa, sin dejar margen a la discrecionalidad del funcionario público, contando también con mecanismos de información expeditos y confiables. Al mismo tiempo se requerirá garantizar la seguridad   de las personas que investigan, informan y denuncian actos de corrupción.

EXHORTA a la Fiscalía General del Estado, a su Fuerza de Tarea y a la Policía Nacional, a investigar la corrupción y la delincuencia organizada cumplimiento los debidos procesos.

EXIGE a la Asamblea Nacional a realizar un barrido y análisis normativo a fin de modificar o crear leyes para prevenir, sancionar y erradicar la corrupción cuya implementación, conforme a estándares internacionales, sea efectiva y eficiente; y que garanticen su debida sanción, la recuperación de los recursos y/o bienes mal habidos y que los daños, producto de esas prácticas corruptas, sean integralmente reparados.

REQUIERE a la Contraloría General del Estado que fortalezca su rol de control y combate eficaz a todas las modalidades de corrupción administrativa que se han vuelto públicas en estos días, perfeccionando el ejercicio de la auditoría gubernamental, impulsando la auditoría de gestión y generando información oportuna sobre el funcionamiento de las entidades públicas.

INSTA a los actores y organizaciones políticas del país, a modificar sus actuaciones, para recuperar niveles aceptables de confianza, lo que requerirá de una transformación en los liderazgos políticos, basados en el respeto a los principios y valores de la democracia. Si la política no retoma su cauce, se producirá una selección adversa de participantes a la misma, es decir, a ella solo acudirá un capital social no calificado, la democracia perderá legitimidad, y se debilitarán sus instituciones.

CONVOCA a la sociedad ecuatoriana a no dejar al margen de evaluaciones y obligaciones éticas y morales todas aquellas prácticas y comportamientos corruptos que ponen en riesgo el crecimiento y desarrollo de nuestro país. A organizarse y diseñar mecanismos de vigilancia y procesos educativos a fin de crear, desarrollar y consolidar hábitos sociales positivos que deslegitimen a la corrupción como un comportamiento aceptable, al tiempo que exijamos que toda práctica corrupta sea sancionada con la estricta aplicación de la ley.

El Consejo de Protección de Derechos reconoce que la lucha contra la corrupción está indisolublemente ligada al ejercicio y goce de los derechos humanos, razón por la cual estaremos vigilantes a efectos de garantizar que estos no sean vulnerados, en especial en los Grupos de Atención Prioritaria e históricamente excluidos en el Distrito Metropolitano de Quito y del país entero.

 

Gissela Chalá Reinoso                                              Sybel Martínez Reinoso

PRESIDENTA DELEGADA                                VICEPRESIDENTA REPRESENTANTE

DEL ALCALDE  AL CPD                                   DE LA SOCIEDAD CIVIL AL CPD

[1]https://elpais.com/sociedad/2020-06-05/una-oleada-de-casos-de-corrupcion-golpea-ecuador-en-medio-de-la-pandemia.html

[2]https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-18-es.pdf