RECORTES PRESUPUESTARIOS EN EDUCACIÓN PONEN EN RIESGO EL PRESENTE Y FUTURO DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DEL ECUADOR
DMQ, 4 de junio del 2020
El día jueves 4 de junio del 2020 fue publicada una entrevista realizada al ex Viceministro de Gestión Educativa del Ministerio de Educación, Vinicio Baquero, quien habría desempeñado su cargo aproximadamente un año.[1] Según su testimonio, su renuncia responde a la excesiva reducción del presupuesto asignado para educación, misma que alcanza aproximadamente los 900 millones de dólares, por lo que afirma que “la educación es un bien público. Si hacen recortes, lo que hacen es hipotecar el futuro del país.”
En su entrevista, el ex Viceministro indica que el recorte corresponde a USD 500 millones en infraestructura y USD 400 millones en gasto corriente. Sobre las reducciones puntuales, se señala: “para uniformes, retiraron 40 millones; para textos escolares se dejó sin nada a la Sierra y Amazonía para el próximo ciclo lectivo (empieza en septiembre); en alimentación escolar se quitaron 100 millones y se dejaron unos 30 millones, para Costa y Sierra; eso no sirve sino para mes y medio”. Además señala que faltarán maestros -puesto que saldrán alrededor de 6000- que las clases presenciales no podrán cumplir con las disposiciones sobre distanciamiento físico ya que en aulas de 40 estudiantes, únicamente deberán estar 25. Por su parte, respecto a la educación virtual que actualmente está operando, señala que los recursos que tienen “no ayudan a la educación curricular”.
La información proporcionada por la ex autoridad del Ministerio de Educación devela el grave riesgo en el que se encuentra la educación en el país, misma que constitucionalmente es reconocida como un derecho fundamental de los ecuatorianos y ecuatorianas. Evidencia -además- una profunda regresividad en materia de derechos humanos, profundizando la brecha educativa ya existente, situación que coadyuva a perpetuar las causas estructurales de la inequidad, la desigualdad y la pobreza.
El derecho a la educación se encuentra garantizado en la Constitución, en el artículo 26 y, como tal, es “un deber ineludible e inexcusable del Estado”, por lo que además se constituye en “área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal”. También establece que el presupuesto para educación está considerado como un egreso permanente prioritario y es parte de las preasignaciones presupuestarias que debe realizar el gobierno, por lo que las transferencias de estas preasignaciones son “predecibles y automáticas” (artículos 286 y 298). Tal importancia tiene la garantía de este derecho, que el texto constitucional establece que su financiamiento debe ser “de manera oportuna, regular y suficiente”, y la distribución de los recursos asignados para su garantía debe regirse “por criterios de equidad social, poblacional y territorial, entre otros” (artículo 348). En el caso de que las transferencias de recursos no sean realizadas como lo ordena la Constitución, la consecuencia jurídica es la destitución de la autoridad y servidores/as que no hayan cumplido con su obligación. Finalmente, entre las responsabilidades del Estado en esta materia se encuentra el fortalecimiento de la educación pública (literal a) del artículo 347).
Adicionalmente, en materia de niñez y adolescencia, el principio del interés superior del niño establece que los derechos de niñas, niños y adolescentes prevalecerán sobre los de las demás personas (artículo 44 de la Constitución y artículo 3 de la Convención sobre Derechos del Niño, por lo que el presupuesto direccionado a las políticas, así como la respectiva asignación de recursos en materia de niñez, lo cual incluye también la educación, está protegido por el principio de prioridad absoluta (artículo 12 del Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia). Estos principios deben ser observados, pues los recortes presupuestarios evidenciados por el ex Viceministro perjudican a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, principalmente de sectores medios y populares de la sociedad, ya que no tienen posibilidad de acceso a la educación privada.
Vale recordar también que este derecho se encuentra contemplado en instrumentos internacionales de los cuales el Estado ecuatoriano es signatario, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Protocolo de San Salvador, contenido en sus respectivos artículos 13. Al respecto, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC)[2] determina que las características básicas de este derecho son la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. Sobre la primera, deben existir instituciones en número suficiente para cubrir la demanda con las características apropiadas. Sobre la accesibilidad, el mismo Comité señala que las instituciones educativas deben ser accesibles a todas las personas, sin discriminación alguna y remarca que la aceptabilidad implica que la educación sea pertinente, adecuada y de buena calidad.
Más allá del marco normativo que el Gobierno nacional estaría inobservando al reducir el presupuesto de educación, es claro que una simplificación de esta naturaleza no va a poder satisfacer las características para la garantía apropiada de este derecho. Tal situación se ve agravada porque, conforme la noticia señalada, debido a la crisis económica muchas familias han optado y optarán por la matriculación en instituciones educativas públicas ya que no cuentan con recursos suficientes para mantener a sus hijos e hijas en escuelas privadas, lo cual hará que el sistema público de educación colapse rápidamente, más aún en las condiciones de la actual crisis que exige ampliar los espacios de distanciamiento físico. Adicionalmente, un recorte de estas características afecta la disponibilidad de maestros/as y más personal del área educativa, así como de insumos e implementos suficientes que permitan asegurar una educación de calidad.
Por todo lo anterior, en el marco de sus atribuciones y competencias, el Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito:
RECHAZA la decisión del Gobierno nacional que afecta el ejercicio efectivo del derecho a la educación de gran parte de la población, principalmente de niñas, niños, adolescentes y jóvenes y compromete su presente y futuro al restringir las posibilidades de acceso y permanencia en un sistema de educación gratuito y de calidad como establece la norma constitucional y los tratados internacionales.
EXHORTA al Estado ecuatoriano a cumplir con su obligación como garante de derechos, a respetar el mandato constitucional y los compromisos contraídos internacionalmente; a universalizar el derecho a la educación y garantizar los recursos necesarios, oportunos y suficientes para su pleno ejercicio.
EXIGE a las autoridades de los Ministerios de Finanzas y Educación que detengan los recortes a los presupuestos de educación y encuentren medidas articuladas que no perjudiquen la garantía de este derecho.
INSTA a la Asamblea Nacional, a que en su responsabilidad fiscalizadora y legislativa, realicen las acciones necesarias para garantizar los derechos humanos fundamentales, especialmente de aquellos que pertenecen a grupos de atención prioritaria, como es la niñez, la adolescencia y la juventud de este país, que –además- se constituyen en actores estratégicos en el desarrollo del pais. A fiscalizar los hechos que pongan en riesgo los derechos establecidos en el marco constitucional del país.
PIDE a la Corte Constitucional que de oficio realice un seguimiento a sus Dictámenes Nros- 1-20-EE/20, 1-20-EE/20 y 2-20-EE/20 a efectos de analizar si los mismos no han sido incumplidos y, de ser así, actúe conforme a derecho.
REQUIERE al Consejo Nacional de Igualdad Intergeneracional que actúe de acuerdo al mandato constitucional a él encomendado, asegurando la plena vigencia y ejercicio de sus derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos.
CONVOCA a la Defensoría del Pueblo a actuar conforme sus competencias a fin de hacer cesar todo hecho que ponga en riesgo y vulnere los derechos de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y demás población a la que afecta los recortes presupuestarios previstos para el derecho a la educación.
El Consejo de Protección de Derechos, en el uso de sus facultades, se encuentra atento de estas decisiones que resultan regresivas en materia de derechos y que ahondan las desigualdades existentes en nuestra sociedad.
Gissela Chalá Reinoso Sybel Martínez Reinoso
PRESIDENTA DEL CPD DMQ VICEPRESIDENTA DEL CPD
[1] Rosero, Mariela. “Recorte al presupuesto de Educación es de al menos USD 900 millones”. Diario El Comercio. 4 de junio del 2020. Link: https://www.elcomercio.com/actualidad/recorte-presupuesto-educacion-renuncia-denuncia.html
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