La Asamblea Nacional declaró el 1 de Junio el ¨Día de la Niñez¨,

como un reconocimiento a la ¨diversidad de

niñas, niños y adolescentes¨ en nuestro país.

Esta celebración tiene su origen en la proclamación de la Convención de los Derechos del Niño por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, estableciendo así los derechos básicos de todas y todos los niños y las niñas, y las obligaciones de los Estados, la familia y la sociedad, para garantizar el respeto de esos derechos y su disfrute por todos los niños sin distinción de ningún tipo.

Los derechos para la niñez y adolescencia se establecieron sobre cuatro principios básicos y universales: la no discriminación, el interés superior del niño y la niña, la garantía de la supervivencia y desarrollo pleno y; la participación de niñas, niños y adolescentes. Esta Convención, el tratado internacional de derechos humanos más ampliamente respaldado, ha sido ratificada por 196 naciones.

Las Naciones Unidas recomendaron que cada país instituya una fecha para celebrar el Día del Niño, en el Ecuador se celebra el 1 de junio. Así también es importante mencionar que fuimos de los primeros países en ratificar esta Convención; al hacerlo, el Estado asumía el compromiso de mejorar las condiciones de vida de niñas, niños y adolescentes, la garantía y protección de sus derechos.

Desde entonces, se han dado varios avances: se reconoció la ciudadanía de niños, niñas y adolescentes en la Constitución de 1998; se dictó el Código de la Niñez y Adolescencia en el año 2003 que establece el Sistema de Protección Integral de Niñez y Adolescencia; y en la Constitución actual, se los declaró grupo de atención prioritaria; sin embargo pese a todo el avance normativo y de implementación de políticas públicas aún prevalecen condiciones estructurales que evidencian que los derechos de las niñas, niños y adolescentes siguen siendo una deuda pendiente del Estado: trabajo infantil, mendicidad por ejemplo.

Este año el Día de la Niñez está marcado por la pandemia del coronavirus. En este sentido, el pasado 12 de marzo el Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito declaró la Emergencia Sanitaria en la ciudad y el 16 de marzo el Presidente de la República declaró el Estado de Excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional por lo casos de coronavirus, y el alto riesgo de contagio para toda la ciudadanía. Sin duda alguna esta emergencia sanitaria ha permitido evidenciar las violencias, las desigualdades e inequidades sociales que deben enfrentar los niños, niñas y adolescentes cada día para efectivizar sus derechos.

Según UNICEF, el cierre de escuelas ha afectado a 1.370 millones de estudiantes a nivel mundial y a 4.6 millones en Ecuador. Se ha reducido presupuesto para los programas de salud y educación y hay proyectos de inclusión social que se pretenden cerrar. Hay niños, niñas y adolescentes que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad en sus casas y enfrentan amenazas como la violencia.

El Instituto de Investigaciones Económicas, Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en el documento de trabajo “LA VULNERABILIDAD DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN ECUADOR FRENTE A LA CUARENTENA” publicado en mayo de 2020 señala: “la población con posibles afectaciones derivadas de la inestabilidad para formar sus ingresos, o recibir el apoyo de la red de seguridad social, podría alcanzar los 2,5 millones de individuos de hasta 19 años”.
El estudio añade: “En el grupo de edad de niñas y niños de hasta 5 años están cerca de 593 mil individuos; este grupo de edad es el que más cuidado requiere por estar en la etapa de desarrollo en la que se forma el sistema inmunológico, las conexiones neuronales, la talla y el peso. Esta distribución a nivel nacional es diferente según se consideren el área urbana o rural. Quienes habitan en el campo tienen las mayores tasas de vulnerabilidad (53,5 %)”. Por su parte el estudio cita al Observatorio Social del Ecuador (2018), quien señala que la desnutrición crónica en el área urbana afecta al 20 % de niñas y niños menores de 5 años, y en el área rural al 32 %.

El Estado como responsable de la garantía y protección de derechos, la sociedad y la familia como corresponsables tenemos una obligación inminente e ineludible de seguir trabajando para mejorar las condiciones de vida de nuestra niñez, priorizar su atención, protección en todas las instancias públicas y privadas. Para esto es fundamental que el Estado destine todos los recursos suficientes y necesarios para potenciar su desarrollo y protección, eliminando de su vida toda forma de violencia y discriminación. A los treinta años de la Convención de los Derechos del Niño, el Estado ecuatoriano, el Gobierno nacional y local aún tiene una deuda que saldar con la niñez.

“Si pudiésemos mirar el mundo desde la estatura de los niños llegaríamos a dimensionar su fragilidad y nuestro poder. Qué bueno sería que lo usáramos para amarlos y no para causarles dolor”

(Campaña #ASalvoEnCasa Consejo de Protección de Derechos).