El Centro de Orientación Juvenil La Dolorosa, gestionado a través de la Congregación de los Terciarios Capuchinos, es un servicio especial que atiende a adolescentes que  se encuentran en situación de  consumo problemático de sustancias psicotrópicas, y cuyas familias (65), especialmente de sectores populares,  han obtenido en este servicio la única posibilidad de apoyo para que sus hijas e hijos puedan salir de esta situación de dependencia.

De acuerdo a declaraciones realizadas por las madres de familia usuarias de este servicio, el día 13 de mayo, el Centro La Dolorosa  habría sido  notificado a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social sobre el  cierre del servicio debido a recortes presupuestarios, conforme lo reportan en su cuenta de Twitter[1]. Esta decisión preocupa al Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito ya que se estarían vulnerando derechos y atentando a la integridad y la vida de las y los adolescente que se encuentran en un proceso de recuperación.

Adicionalmente, esta medida pone en evidencia la ausencia del Estado para dar un respuesta integral a las problemáticas sociales que atraviesan las niñas, niños y adolescentes, dejando en la indefensión a este grupo de atención prioritaria y a sus familias, que mayoritariamente pertenecen a sectores empobrecidos de la ciudad.

El artículo 46, numeral 5, de la Constitución señala como obligación estatal adoptar medidas de prevención para el consumo de sustancias estupefacientes, alcohol o sustancias nocivas para su desarrollo. Esto también tiene concordancia con el artículo 364, que determina que las adicciones son un problema de salud pública, por lo que le corresponde al Estado “desarrollar programas coordinados de información, prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos”. Similar disposición contiene la Ley Orgánica de Salud en el artículo 38.

Cabe recordar que los derechos de niños, niñas y adolescentes están protegidos por el principio del interés superior, por lo que priman por sobre los de las demás personas, de acuerdo con el artículo 44 de la Norma Fundamental. Además, el artículo 11, numeral 8 de este cuerpo normativo, al hablar sobre el desarrollo progresivo de los derechos, indica que cualquier medida que sea regresiva o que menoscabe, disminuya o anule injustificadamente el ejercicio de derechos resulta inconstitucional. Por tal motivo, medidas que sean regresivas en materia de niñez y de salud no deberían ser parte de los recortes presupuestarios en este contexto de la emergencia sanitaria. En tal sentido, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) se ha pronunciado en contra de las medidas regresivas en materia de salud, y señala que sobre estas pesan una “fuerte presunción que no son permisibles” y se oponen al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.[2]

Por lo anteriormente señalado, en el marco de sus atribuciones y competencias, el Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito:

RECHAZA la decisión del Ministerio de Inclusión Económica y Social frente al cierre del Centro la Dolorosa, tomando en consideración que es el único servicio especializado en la ciudad de Quito para la atención de adolescentes con consumo problemático de estupefacientes.

EXHORTA  al Estado a cumplir con su rol de garante de derechos, a proteger la salud, integridad y la vida de las niñas, niños y adolescentes conforme establece la Constitución, los Tratados Internacionales y demás normativa nacional y local.

INSTA al Gobierno Nacional a tomar decisiones que no afecten la vivencia plena de derechos especialmente de aquellas personas que pertenecen a grupos vulnerables, a priorizar la inversión social, como la única posibilidad de garantizar el desarrollo y movilidad social ascendente de las familias más empobrecidas.

EXIGE al Ministerio de Inclusión Económica y Social que se revoque la decisión de cerrar el Centro de Orientación Juvenil La Dolorosa, con la finalidad de garantizar los derechos de los adolescentes que presentan problemas en el consumo de sustancias, que se fortalezca el servicio y se institucionalice la experiencia para replicarla en otras zonas de la ciudad.

REQUIERE  a la Defensoría del Pueblo que, en el marco de sus competencias, actúen a favor de la protección y garantía los derechos de las y los adolescentes que asisten al Centro La Dolorosa y que enfrentan una situación de gran vulnerabilidad por su problema de adicción y por la decisión tomada por la autoridad rectora de la protección especial a este grupo poblacional.   

El Consejo de Protección de Derechos de Quito se encuentra vigilante de que las decisiones que se tomen pongan en mayor riesgo a la población que requiere de la protección del Estado constitucional de derechos y justicia, sobre todo en la actual crisis que atraviesa el país y golpea, con mayor fuerza, a la población más empobrecida.

 

Gissela Chalá Reinoso                           Sybel Martínez Reinoso

PRESIDENTA DEL CPD DMQ              VICEPRESIDENTA DEL CPD

[1] Perfil de la cuenta en Twitter del Centro de Orientación Juvenil La Dolorosa, @LaDolorosa4. Link: https://twitter.com/LaDolorosa4/with_replies

[2] Comité DESC. Observación General No. 14: El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud.

E/C.12/2000/4. 11 de agosto del 2000, párr. 32.