Según datos del sistema de ayuda ECU-911, existe un alarmante incremento de denuncias por violencia intrafamiliar, a nivel nacional, en el marco de la pandemia provocada por el COVID-19. Los datos recabados por la entidad de atención de emergencias, entre el 12 de marzo y el 11 de abril del 2020, dan cuenta de 6.819 llamadas por violencia de género, de las cuales, el 55% corresponde a casos provenientes de las ciudades de Quito y Guayaquil.[1] Resulta aún más preocupante aquellas denuncias que no pueden darse por la imposibilidad de llamar porque las mujeres -u otros miembros del núcleo familiar- se encuentran viviendo con su agresor y se ven limitadas por esta situación.
Cabe señalar que en una situación de confinamiento forzado para prevenir contagios del virus, las condiciones básicas de subsistencia de las familias, sumadas a comportamientos agresivos y al consumo de alcohol -u otras sustancias sujetas a fiscalización- pueden ser factores detonantes del escalamiento de actos de violencias en contra de mujeres, de niñas, niños, adolescentes y de personas adultas mayores, principalmente.
La Organización Mundial de la Salud y su agencia regional, la Organización Panamericana de la Salud, han alertado sobre el problema de la violencia y su vinculación con el consumo de alcohol. Así, por ejemplo, el consumo nocivo o peligroso de bebidas alcohólicas ha sido señalado como un factor relacionado con el maltrato infantil.[2] En igual sentido, han indicado que el alcohol está vinculado con una mayor incidencia de violencia interpersonal[3], e incluso su publicación Horas infelices: Alcohol y agresión de pareja en las Américas, evidencia que “el consumo excesivo de alcohol está asociado con un creciente riesgo de victimización y de perpetuación de violencia doméstica en hombres y mujeres”[4].
La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 66, numeral 3, garantiza el derecho a la integridad, lo que implica el derecho a vivir una vida libre de violencia en los ámbitos público y privado. El artículo 393 señala como responsabilidad estatal la prevención de todas las formas de violencia y discriminación. Por su parte, al referirse a los grupos de atención prioritaria, señala que las personas que han sido víctimas de violencia doméstica y sexual recibirán el mismo trato que dichos grupos, y en esta sección se señalan como derechos de niñas, niños y adolescentes, así como de personas adultas mayores, la protección y prevención de todo tipo de violencia y maltrato.
Por su parte, la Ley Orgánica de Salud, en su artículo 31, especifica que la violencia es un problema de salud pública, así como el consumo de sustancias alcohólicas, por lo cual los entes pertinentes deben adoptar medidas que eviten su consumo (artículo 38).
En este sentido, la Organización Panamericana de la Salud también reconoce que “el riesgo de la violencia sube cuando los hombres beben copiosamente”, por lo que señala que “políticas dirigidas a una reducción general del consumo de alcohol, tales como aplicación de precios e impuestos especiales o con medidas regulatorias de publicidad, horarios y puntos de venta, pueden impactar en la reducción de la relación entre alcohol y violencia doméstica.”[5]
Por lo señalado, y ante el evidente incremento de denuncias por violencia intrafamiliar y de género, muchas de ellas relacionadas con el consumo de alcohol, el Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito, en el marco de sus atribuciones y competencias:
EXHORTA: Al Estado a prevenir toda forma de violencia intrafamiliar, principalmente la ejercida en contra de mujeres, niñas, niños y adolescentes, e implementar políticas claras, pertinentes y en el marco de la emergencia sanitaria para detener los índices de violencia que se están presentando y que, en días pasados, ya han cobrado la vida de una mujer de 22 años en el Distrito Metropolitano de Quito.
EXIGE a los Ministerios de Salud, de Gobierno y a las instancias locales correspondientes, que realicen todas las acciones pertinentes para que exista un mayor control y regulación sobre la venta de alcohol, en el marco de la emergencia sanitaria, a fin de prevenir hechos de violencia que pongan en riesgo la integridad y la vida de las personas, especialmente de mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores.
CONMINA a la sociedad a recuperar el sentido de solidaridad, ayuda comunitaria y a estar vigilantes de todo hecho de violencia que ponga en riesgo la integridad y la vida de las personas, así como activar mecanismos de denuncia para proteger a las víctimas. Recordar que en caso de requerir ayuda pueden comunicarse al ECU 911 o al 1800 Delito (335486) opción 4.
El Consejo de Protección de Derechos seguirá vigilante de todo hecho que afecte el goce efectivo de los derechos y ponga en riesgo la integridad y la vida de los/as habitantes del DMQ, principalmente de aquellos pertenecientes a los grupos de atención prioritaria, en situación de vulnerabilidad y riesgo.
Gissela Chalá Reinoso Sybel Martínez Reinoso
PRESIDENTA DEL CPD DMQ VICEPRESIDENTA DEL CPD
[1] Redacción Primicias. 6.819 llamadas ha recibido el ECU-911 por violencia de género. Primicias. 12 de abril del 2020. Link: https://www.primicias.ec/noticias/sociedad/6819-llamadas-ecu911-violencia-genero/
[2] OMS. Maltrato infantil y alcohol. Nota informativa. Ginebra, 2006. Link: https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/factsheets/fs_child_es.pdf?ua=1
[3] OMS. Violencia interpersonal y alcohol. Sinopsis de política. Ginebra, 2006. Link: https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/factsheets/pb_violencealcohol_es.pdf
[4] OPS. Nuevo libro de la OPS revela vínculos entre consumo excesivo de alcohol y violencia doméstica. 5 de diciembre del 2008. Link: https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=449:2008-paho-book-establishes-new-links-between-excessive-alcohol-partner-violence&Itemid=1926&lang=es
[5] Ídem.
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