El Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito, ante las declaraciones de la ex Ministra de Salud, Catalina Andramuño, expuestas en la carta de renuncia a su cargo, presentada el día de ayer, expresa su preocupación y se pronuncia respecto a las obligaciones que el Estado tiene para garantizar el derecho a la salud y afrontar con seriedad, compromiso, determinación y eficiencia la pandemia declarada por el virus COVID-19.

En su carta de renuncia, enviada al Presidente de la República mediante Oficio Nro. MSP-MSP-2020-0570-O, del 21 de marzo del 2020, la ex servidora señala dos puntos sobre el manejo de la crisis sanitaria decretada desde el Gobierno Nacional que preocupan extremadamente a este Consejo. Por un lado, señala que, durante esta crisis por el virus COVID-19, “los postulados técnicos y médicos para enfrentarlo no encontraron eco en muchas instancias del Gobierno. Con este antecedente, también me resulta inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de salud pública y de la realidad frente a esta situación.” Por otro lado, señala también que el Ministerio de Salud se ha preparado para afrontar esta emergencia desde diciembre del año pasado, pero que, pese a las solicitudes realizadas, “no se ha recibido ninguna asignación presupuestaria por parte de la autoridad competente, para el manejo de la emergencia”.

Frente a estas aseveraciones, vale recordar que el derecho a la salud, además de ser un derecho constitucionalmente reconocido en el artículo 32, también tiene estándares internacionales para su efectiva garantía. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a través de su Observación General No. 14 sobre el derecho a la salud, ha indicado que este derecho tiene elementos esenciales que están interrelacionados, los cuales son: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. Cada uno de estos elementos tienen especial relevancia al momento de afrontar emergencias sanitarias como las actuales.

En tal sentido, sería  inaceptable que el Gobierno Nacional no haya asignado los recursos necesarios y tomado las medidas pertinentes para enfrentar esta emergencia sanitaria, a pesar de las advertencias previas supuestamente remitidas desde diciembre del 2019 por la autoridad nacional que ejercía la rectoría en esta materia, como señala la ex Ministra de Salud. De igual manera, sería tremendamente preocupante el señalamiento de que “los postulados técnicos y médicos” para enfrentar la emergencia no hayan encontrado eco en muchas instancias del Gobierno y que, al contrario, se haya optado por “la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de salud pública y de la realidad frente a esta situación”.

La Constitución -en su artículo 361- señala la obligación del Estado de ejercer la rectoría en tal materia a través de la autoridad nacional, por lo cual “normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas” con este sector. La salud pública es un bien fundamental guiado por parámetros científicos que deben ser observados para el bienestar de la población que habita el Ecuador. En esta línea, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito -a través de su Secretaría de Salud- se ha pronunciado para que las autoridades del COE Nacional refuercen las medidas pertinentes para detener la transmisión de este virus y evitar que sus efectos negativos incrementen su afectación a la mayoría de la población local y al sistema sanitario nacional.

Es necesario insistir en los esfuerzos presupuestarios que el Gobierno Nacional debe realizar. Esto implica el financiamiento oportuno, regular y suficiente para la realización adecuada del derecho a la salud (artículo 366 CRE). Esto va de la mano, no solo con el fortalecimiento de los servicios de salud a nivel nacional y local, sino con la adopción de medidas apropiadas para el cuidado, protección y garantía de los/as profesionales de la salud que se encuentran enfrentando esta batalla; esto comprende: equipamiento, protección especial, movilización, garantía de sus derechos laborales y seguridad social, entre otros. Sobre este particular, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) han emitido un comunicado oficial que hace énfasis en las medidas para afrontar esta pandemia y el refuerzo de los sistemas de salud a nivel nacional.[1]

El Consejo de Protección de Derechos del DMQ resalta la importancia de tener un posicionamiento fuerte y certero por parte del Gobierno Cantonal para adoptar todas las medidas necesarias que permitan salvaguardar la salud pública y frenar el avance de la transmisión de este virus. Más aún, vale señalar que, de acuerdo con la experiencia en otros países y la situación de la realidad ecuatoriana, este tipo de crisis tienen una afectación desproporcionada en grupos que se encuentran en mayor vulnerabilidad, tales como: adulto/as mayores, personas que padecen enfermedades que atacan al sistema inmunológico, habitantes de calle, entre otras, quienes se encuentran en mayor riesgo de contraer el virus y de sufrir sus efectos fatales.

Con estos antecedentes, en uso de sus competencias y atribuciones, el Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito:

EXHORTA al Gobierno Nacional para que asigne el presupuesto necesario y oportuno para enfrentar la pandemia del virus COVID-19, para garantizar la integridad y bienestar de los/as médicos/as y demás personal sanitario que se encuentra al frente de esta emergencia nacional, así como lograr el menor impacto posible para la población, sin ningún tipo de discriminación.  .

INSTA al Gobierno Nacional que permita a la nueva autoridad sanitaria ejercer la rectoría científica y técnica sobre la salud y determinar todos los lineamientos obligatorios para afrontar esta emergencia. Al mismo tiempo, insta a que el Gobierno atienda las realidades locales, en coordinación con sus autoridades, en el marco de la garantía de derechos.

RESPALDA la posición del Municipio de Quito frente a las medidas tomadas en el COE Metropolitano, necesarias para enfrentar la emergencia Sanitaria en la ciudad de Quito.

INSISTA a la ciudadanía en la necesidad de acatar las medidas dispuestas por las autoridades competentes con el objetivo de evitar la propagación del virus y su grave afectación, especialmente a las personas de los grupos de atención prioritaria.

El Consejo  Protección de Derechos seguirá vigilante de todas las acciones que inhiban el ejercicio de derechos de los ciudadanos y ciudadanas de este Distrito Metropolitano.

 

Gissela Chala Reinoso                                                                        Sybel Martínez Reinoso

PRESIDENTA DELEGADA DEL ALCALDE                                              VICEPRESIDENTA

AL CONSEJO                                                                              REPRESENTANTE DE SC

[1] CIDH. La CIDH y su REDESCA instan a asegurar las perspectivas de protección integral de los derechos humanos y de la salud pública frente a la pandemia del COVID-19. Comunicado de Prensa No. 060-20 Link: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/060.asp