Una de las mayores problemáticas que enfrentan los grandes centros urbanos es la situación de las personas que viven en la calle, problemática que no es ajena al Distrito Metropolitano de Quito y que se incrementa en situaciones críticas como las que enfrentamos en estos días.

Como Consejo de Protección de Derechos hemos recibido reportes sobre la presencia de personas adultas mayores, indigentes, deambulando por las calles, así como la inquietud de no saber a quién reportar o cómo proceder. Adicionalmente, se ha evidenciado la falta de mecanismos de coordinación interinsitucional para garantizar la seguridad y los derechos de las personas que no tienen un hogar donde refugiarse durante esta emergencia sanitaria declarada por los Gobiernos Central y Local. El “Quédate en casa”, indispensable en estos días, para quienes no tienen casa no aplica.

Las disposiciones emitidas por las autoridades pertinentes para que la mayoría de personas no realicen actividades fuera de casa, salvo para lo estrictamente necesario, ha ocasionado que la dinámica habitual de la urbe se vea afectada, el cierre temporal de los pequeños negocios y la suspensión -también temporal- del mercado informal -única estrategia de sobreviviencia para gran parte de la población- generan un impacto negativo en los ámbitos económico y psico-emocional de las familias afectadas por estas medidas, que sin dejar de ser necesarias, generan nuevos problemas sociales, pues afectan a los grupos que se encuentran en mayor condición de vulnerabilidad como son las familias más empobrecidas, comerciantes informales, poblaciones migrantes y personas en situación de calle, que  muchas veces no son tomadas en cuenta al decretar este tipo de medidas.

Si bien estas restricciones tienen la finalidad de precautelar la salud pública, la emergencia sanitaria pone en mayor riesgo a las personas más empobrecidas, a muchas familias que están en situación de movilidad humana y a quellas que viven en la calle y que han sido objeto de discriminación, exclusión social y criminalización, condiciones estructurales que se agudizan y las aleja de la mínima realización de sus derechos.

Esta realidad hace que estas personas se alimenten y sobrevivan gracias a la caridad de quienes les proporcionaban algún tipo de insumo para satisfacer, aunque sea en lo más mínimo, parte de sus necesidades. La paralización de la ciudad en la emergencia sanitaria aumenta su exclusión. Entre las personas sin hogar se encuentran grupos humanos con vulnerabilidades específicas: personas adultas mayores, personas con discapacidad, niñas y niños, personas con enfermedades catastróficas, entre muchas otras. Esta suma de particularidades coadyuvan a aumentar su situación de vulnerabilidad.

Reiteramos que la falta de hogar “es una violación extrema de los derechos a una vivienda adecuada y a la no discriminación y, a menudo, también una violación de los derechos a la vida, la seguridad personal, la salud”, entre muchos otros, tal como lo ha establecido la Relatora Especial sobre vivienda adecuada (A/HRC/31/54, 2015). Es así que quienes no tienen hogar se encuentran en mayor riesgo por la falta de alimentación, por condiciones higiénicas inapropiadas y por la imposibilidad de acceder a servicios básicos, lo que aumenta su vulnerabilidad en lo relacionado a su vida, integridad y salud.

Con estos antecedentes, y a fin de garantizar los derechos económicos y sociales de los habitantes de calle y de las familias más empobrecidas del DMQ, el Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito, en el marco de sus competencias y atribuciones:

EXHORTA a las instancias gubernamentales nacional y local a que coordinen todas las acciones necesarias que permitan la garantía de los derechos fundamentales de las familias más empobrecidas y de las personas sin hogar que habitan el Distrito Metropolitano de Quito, generando un plan de acción para el acogimiento, alimentación, atención médica y otros servicios de protección.

INSTA al Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal para que, al momento de enfrentar emergencias sanitarias de esta índole, considere la garantía de los derechos de la población en mayor vulnerabilidad.

EXIGE a las autoridades del Ministerio de Salud, Ministerio de Inclusión Económica y  Social y Gobierno Municipal de Quito que se tomen las medidas pertinentes para el acceso pleno a servicios y atención en salud, que permita precautelar la integridad de estas personas, así como evitar que se encuentren expuestas al contagio del virus COVID-19.

El Consejo de Protección de Derechos permanecerá alerta sobre la situación de los grupos de mayor vulnerabilidad antes mencionados, y activará todos los mecanismos pertinentes para la protección y garantía de sus derechos.

 

Gissela Chalá Reinoso                                                    Sybel Martínez Reinoso

PRESIDENTA DELEGADA DEL                                       VICEPRESIDENTA DEL CPD

ALCALDE AL CONSEJO                                                 REPRESENTANTE DE SOCIEDAD CIVIL